La administración presidencial experimentó una nueva frustración legislativa cuando la Cámara Alta aprobó 3 iniciativas que el Ejecutivo considera perjudiciales para su programa de austeridad fiscal. La respuesta de Javier Milei no se hizo esperar: cancelación definitiva de cualquier encuentro con mandatarios provinciales y profundización del conflicto político con las administraciones territoriales.

El escenario parlamentario se transformó en campo de batalla cuando los senadores sancionaron las modificaciones al sistema previsional, la extensión del régimen moratorio y las medidas de emergencia para personas con discapacidad. Estas decisiones representan un duro golpe para la estrategia económica libertaria, que prioriza el equilibrio fiscal por sobre las demandas sectoriales.

La reacción presidencial evidenció el deterioro de las relaciones intergubernamentales. Desde Balcarce 50 confirmaron que no existe posibilidad alguna de convocar a los jefes provinciales para buscar consensos. Esta determinación refleja la percepción oficial de que los gobernadores han traicionado la confianza depositada en ellos durante las negociaciones previas.

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El malestar ejecutivo alcanzó niveles críticos después de las votaciones. La sensación predominante en círculos oficiales es que sufrieron una conspiración orquestada por fuerzas kirchneristas con complicidad provincial. Esta interpretación alimenta la narrativa de que existe una alianza opositora destinada a sabotear el plan económico nacional con miras electorales.

Guillermo Francos, responsable de la articulación política, mantiene contactos aislados con algunas administraciones provinciales, pero estos intercambios no derivarán en encuentros formales. La estrategia oficial privilegia la confrontación sobre la conciliación, apostando por una polarización que favorezca la construcción de una mayoría parlamentaria propia.

La evaluación gubernamental inicial había sido parcialmente optimista. Durante las horas matutinas, algunos operadores celebraron las señales de ciertos mandatarios que prometían respaldar únicamente proyectos propios sin acompañar iniciativas opositoras. Sin embargo, el desarrollo posterior de la sesión senatorial destruyó estas expectativas moderadas.

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La reunión de gabinete presidencial evidenció la ausencia de autocrítica oficial. Ningún sector del gobierno asumió responsabilidades por el manejo político que condujo a la escalada conflictiva. Ni la conducción presidencial, ni los operadores de Karina Milei, ni el entorno de Santiago Caputo reconocieron errores estratégicos en el abordaje de la cuestión provincial.

El equipo económico, liderado por Luis Caputo, mantuvo su posición intransigente frente a cualquier concesión fiscal. Esta rigidez responde a la convicción de que ceder terreno en materia presupuestaria comprometería la credibilidad del programa de estabilización monetaria y fiscal que constituye el núcleo de la propuesta libertaria.

Los gestos conciliatorios de gobernadores como Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, quienes retiraron o no acompañaron a sus legisladores en las votaciones críticas, resultaron insuficientes para moderar la irritación oficial. La lógica presidencial evalúa el comportamiento provincial de manera colectiva, sin distinguir matices individuales.

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Francos había concentrado inicialmente sus críticas en el kirchnerismo, evitando responsabilizar directamente a los gobernadores. Su estrategia comunicacional apuntó contra los legisladores cercanos a Cristina Kirchner, a quienes acusó de intentar un desestabilización institucional mediante el inicio del debate senatorial.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se convirtió en blanco de las críticas oficiales por permitir la realización de la sesión. Patricia Bullrich y el círculo íntimo de Santiago Caputo la responsabilizaron por no interrumpir el desarrollo parlamentario. Esta ofensiva contra la segunda autoridad nacional busca desviar las responsabilidades del manejo político provincial.

La perspectiva oficial interpreta la conducta de los gobernadores como un aprovechamiento de la última oportunidad antes de que cambie la composición parlamentaria. Desde la Casa Rosada sostienen que los mandatarios provinciales buscan imponer su agenda antes de que las elecciones de octubre modifiquen el balance de fuerzas en el Congreso.

La administración nacional rechaza las acusaciones de cierre hacia los dirigentes provinciales. Funcionarios oficiales insisten en que ningún gobernador interesado en sumarse a La Libertad Avanza fue rechazado. Esta versión atribuye el conflicto a cálculos electorales de los jefes provinciales antes que a diferencias programáticas sustantivas.

Milei confirmó públicamente la ruptura de relaciones cuando habló de traición durante su participación en un evento de la Bolsa de Comercio. Sin mencionar nombres específicos, el presidente utilizó la metáfora del puñal por la espalda para describir la conducta de quienes considera antiguos aliados. Esta declaración ratifica la línea confrontativa que había anticipado en entrevistas previas.

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El discurso presidencial ante los representantes del sector financiero cumplió una doble función: comunicar la firmeza oficial a la dirigencia política y tranquilizar a los mercados sobre la sostenibilidad del programa económico. Milei expresó confianza absoluta en que los aumentos presupuestarios aprobados no se materializarán.

La estrategia oficial contempla 2 líneas de acción para neutralizar las leyes sancionadas. En primer término, el presidente anunció que ejercerá su facultad de veto sobre las 3 iniciativas. Posteriormente, existe la posibilidad de judicializar los conflictos, aunque esta alternativa se considera extrema por implicar la intervención judicial en disputas entre poderes del Estado.

La evaluación oficial privilegia la vía parlamentaria para sostener los vetos presidenciales. El gobierno confía en reunir los apoyos necesarios entre legisladores del PRO y fuerzas afines para mantener las decisiones ejecutivas. La administración destaca que solo necesita trabajar sobre los diputados presentes, recordando que durante la sesión previa hubo 206 legisladores en sus bancas.

Esta crisis profundiza el aislamiento político del gobierno nacional y consolida una estrategia de confrontación que apuesta por la polarización electoral. La administración libertaria parece convencida de que la radicalización del conflicto con los gobernadores fortalecerá su posición ante el electorado, preparando el terreno para las elecciones parlamentarias de octubre donde esperan obtener una mayoría que les permita gobernar sin concesiones.