El presidente Javier Milei se prepara para enfrentar una nueva batalla legislativa, esta vez centrada en el financiamiento de las universidades públicas argentinas. La Casa Rosada ha dejado clara su postura: si el Senado aprueba el proyecto de ley que busca ajustar el presupuesto universitario a la inflación, el Ejecutivo no dudará en vetarlo.

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Esta iniciativa, impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR), propone que los fondos destinados a las instituciones de educación superior en 2024 se actualicen según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, contempla la recomposición salarial para docentes y personal no docente del sistema universitario nacional.

Desde el gobierno, argumentan que la medida pondría en riesgo el equilibrio fiscal, pilar fundamental de la gestión de Milei. Según estimaciones oficiales, la implementación de esta ley requeriría un desembolso adicional equivalente al 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente el 6% del presupuesto actual.

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El secretario de Educación, Carlos Torrendell, manifestó que si bien existe consenso sobre la necesidad de mejorar los salarios universitarios, esto debe realizarse de manera gradual y acorde a los recursos disponibles. La administración insiste en que cualquier aumento en el gasto debe estar respaldado por ingresos reales del Estado.

La tensión entre el gobierno y el sector educativo no es nueva. En abril, una masiva manifestación de cerca de 800.000 personas reclamó por la falta de recursos para las 36 universidades nacionales. Este evento contó con la participación de figuras prominentes de la UCR, como Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, rector de la Universidad de Buenos Aires.

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El conflicto se intensifica a medida que se acerca la fecha límite para que el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, presente las pautas de Gastos y Recursos para 2025. Milei ya adelantó que el objetivo principal será mantener el "déficit fiscal cero".

La oposición, por su parte, busca que el proyecto sea tratado en el Senado esta semana, junto con otras iniciativas como el DNU sobre fondos reservados de la SIDE y la implementación de la Boleta Única. Sin embargo, el gobierno intenta evitar que el tema llegue al recinto.

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Este enfrentamiento refleja la determinación de Milei de mantener su política de austeridad fiscal, incluso a costa de un alto precio político. La decisión del Ejecutivo de vetar leyes que considere contrarias a su visión económica, como ocurrió recientemente con la fórmula de movilidad jubilatoria, marca un precedente en su relación con el Poder Legislativo.

El desenlace de esta pugna entre el gobierno y la oposición por el financiamiento universitario podría tener implicaciones significativas no solo para el sector educativo, sino también para el futuro de las relaciones entre los poderes del Estado en Argentina.