El gobierno de Javier Milei se prepara para presentar su propuesta de Presupuesto 2025, un documento clave que definirá el rumbo económico de Argentina para el próximo año. La administración está trabajando en una fórmula innovadora que busca controlar y reducir el gasto público, manteniendo el superávit fiscal como prioridad.

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Según fuentes del gobierno, la propuesta incluirá una fórmula que regulará la ampliación de las partidas presupuestarias, estableciendo un techo para cada ministerio y organismo estatal. Este mecanismo considerará factores macroeconómicos como el crecimiento del PIB, la recaudación fiscal, los compromisos de pago y la inflación medida por el IPC del INDEC.

El Presidente planea defender personalmente esta propuesta ante la Cámara de Diputados, aunque aún no está definido si será el 13 o el 16 de septiembre. Esta presentación directa por parte de Milei subraya la importancia que el gobierno otorga a este Presupuesto en su estrategia económica.

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La elaboración del proyecto está a cargo de un equipo liderado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el subsecretario de Presupuesto, Carlos Sgarbi. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también juega un papel crucial en la reforma del Estado, que incluye la reducción de personal en el sector público.

El gobierno ha dejado claro que su prioridad es mantener el superávit fiscal y continuar con la reducción del gasto. Esta postura se ha evidenciado en acciones recientes, como el veto a la ley de reforma jubilatoria y la amenaza de rechazar el aumento a las universidades. Sin embargo, se planea mantener un mayor nivel de gasto en áreas consideradas prioritarias, como el Ministerio de Capital Humano, Defensa y Seguridad.

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Un aspecto notable es que el gobierno parece estar preparado para la posibilidad de que el proyecto no consiga los votos necesarios en el Congreso. En tal caso, planean continuar con la prórroga del presupuesto vigente, que en realidad corresponde al año 2023.

Paralelamente, la administración Milei está trabajando en otros frentes económicos. Buscan cerrar un nuevo acuerdo con el FMI por US$10.000 millones y avanzan en los trámites para iniciar las privatizaciones de empresas públicas. Además, están desarrollando una reforma fiscal que intentarán impulsar en el Congreso en 2025, con el objetivo de bajar impuestos a medida que se generen excedentes presupuestarios.

Esta propuesta presupuestaria se presenta en un contexto económico desafiante para Argentina. En el primer trimestre del año, el PIB mostró una caída del 5,1% en la variación interanual, reflejando las dificultades que enfrenta la economía del país. La alta inflación sigue siendo un problema persistente, y el gobierno ve en el control del gasto público una herramienta clave para abordar estos desafíos.

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La fórmula propuesta para regular las partidas presupuestarias representa un enfoque novedoso en la gestión fiscal argentina. Al vincular los aumentos presupuestarios a factores macroeconómicos, el gobierno busca introducir un elemento de automaticidad y previsibilidad en el gasto público. Esto podría ayudar a contener el crecimiento del gasto en tiempos de bonanza económica y limitarlo durante períodos de dificultad.

Sin embargo, este enfoque también plantea desafíos. La rigidez en el gasto público podría limitar la capacidad del gobierno para responder a crisis imprevistas o necesidades sociales emergentes. Además, la fórmula propuesta podría enfrentar resistencia de sectores que tradicionalmente han dependido de aumentos presupuestarios más flexibles.

El énfasis en mantener el gasto en áreas como Capital Humano, Defensa y Seguridad, mientras se recorta en otros sectores, refleja las prioridades políticas del gobierno de Milei. Esta distribución del gasto probablemente generará debates sobre las prioridades nacionales y el papel del Estado en diferentes áreas de la vida pública.

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La posibilidad de que el presupuesto no sea aprobado por el Congreso y se continúe con la prórroga del presupuesto 2023 plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la capacidad del ejecutivo para implementar su agenda económica. Esta situación podría llevar a negociaciones intensas con diferentes bloques políticos o a una mayor dependencia de decretos ejecutivos para gestionar la economía.

En conclusión, la propuesta presupuestaria de Milei para 2025 representa un intento audaz de reformar la gestión fiscal en Argentina. Su éxito dependerá no solo de su solidez técnica, sino también de la habilidad del gobierno para construir consensos políticos y navegar los complejos desafíos económicos que enfrenta el país. El debate y la eventual implementación de este presupuesto serán cruciales para determinar el rumbo económico de Argentina en el próximo año y más allá.