Javier Milei ha removido de su cargo a Thierry Decoud, quien hasta hoy se desempeñaba como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Esta decisión se produce en medio de un escándalo de presuntas coimas que ha captado la atención nacional.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la noticia durante su habitual conferencia de prensa, subrayando el compromiso del gobierno con la transparencia en la gestión pública. Según Adorni, la destitución de Decoud está directamente vinculada a las denuncias de corrupción que han salido a la luz recientemente.

El caso en cuestión involucra una operación de compra de 30 mil toneladas de carbón por aproximadamente 2.1 millones de dólares con la empresa israelí TEGI. La controversia estalló cuando dos supuestos intermediarios, Andrés Gross y Alejandro Saleme, fueron grabados solicitando un "retorno" para concretar el acuerdo. Estos individuos, aparentemente cercanos a Decoud, habrían intentado negociar un porcentaje adicional con los representantes de TEGI.

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La investigación, inicialmente reportada por el diario Clarín, reveló conversaciones comprometedoras donde Gross y Saleme discuten sobre "porcentajes elevados" que les estarían pidiendo, aunque sin especificar quiénes serían los beneficiarios finales. La cercanía de Gross con Decoud, con quien comparte actividades deportivas, ha levantado sospechas sobre la posible implicación del ahora ex interventor en este esquema.

El perfil de Decoud agrega una capa adicional de complejidad al caso. Con 42 años y una trayectoria en el sector energético, su nombramiento en YCRT a finales de 2023 fue inicialmente asociado al partido PRO, aunque este vínculo ha sido objeto de debate en las últimas horas. Su carrera incluye roles en la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como emprendimientos privados en diversos sectores, incluyendo el minero.

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Esta situación pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei en su promesa de combatir la corrupción y mejorar la transparencia en las empresas estatales. YCRT, una empresa estratégica para la producción energética del país, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que podría tener ramificaciones más amplias en el sector.

El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en las empresas públicas, así como sobre la efectividad de las medidas anticorrupción implementadas hasta ahora. La rapidez con la que el gobierno ha actuado en este caso podría interpretarse como una señal de su determinación para abordar estos problemas, aunque también plantea preguntas sobre los procesos de selección y vetting de funcionarios en puestos clave.

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Mientras la investigación sigue su curso, es probable que este incidente genere un debate más amplio sobre la gestión de las empresas estatales y la necesidad de reformas estructurales en el sector público argentino. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para YCRT, sino para la política energética del país en su conjunto.