Presupuesto 2026: el Gobierno reparte ATN a las provincias para asegurar votos en el Congreso


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La Casa Rosada activó una estrategia de negociación financiera con los mandatarios provinciales para garantizar respaldo legislativo a sus proyectos prioritarios. Diego Santilli, ministro del Interior, lidera las conversaciones con bloques dialoguistas desde principios de semana. El funcionario logró destrabar el envío de Aportes del Tesoro Nacional hacia jurisdicciones cuyos representantes parlamentarios resultan claves para las votaciones inminentes. La sesión de Diputados programada para este miércoles concentra expectativas del Ejecutivo nacional.
Qué Provincias recibieron fondos del Gobierno y cuánto dinero les giraron
El reparto de ATN comenzó con tres distritos que cuentan con legisladores estratégicamente posicionados en comisiones clave. Tucumán encabezó la lista con una transferencia de 20.000 millones de pesos hacia las arcas provinciales. El gobernador Osvaldo Jaldo mantiene influencia directa sobre tres diputados nacionales que responden a su conducción política. Una de ellas, Elía Fernández, integra la comisión de Presupuesto que otorgó dictamen favorable al proyecto oficial.


Misiones recibió 12.000 millones de pesos mediante el mismo mecanismo de asistencia financiera extraordinaria. El mandatario Hugo Passalacqua controla políticamente a los senadores Carlos Arce y Sonia Decut, cuyas voluntades serán determinantes en la Cámara alta. También ejerce ascendiente sobre Oscar Herrera Ahuad, legislador que forma parte del cuerpo asesor presupuestario en Diputados.
Chaco completó el trío inicial de beneficiarios con un giro de 11.000 millones de pesos. La administración nacional comprometió además transferencias adicionales hacia Entre Ríos y Chubut durante los próximos días. Fuentes cercanas a Rogelio Frigerio e Ignacio Torres confirmaron que esos recursos se destinarán a cubrir aguinaldos y compensar la caída de ingresos coparticipables que afecta las finanzas regionales.
Cómo resolvió el Gobierno el conflicto por la deuda con la Ciudad de Buenos Aires
El bloque del PRO había manifestado disconformidad inicial con el proyecto presupuestario enviado por el Ejecutivo. La objeción principal radicaba en la ausencia de referencias al pasivo que la Nación mantiene con el distrito porteño desde 2020. Aquella reducción de fondos coparticipables dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández derivó en un pronunciamiento de la Corte Suprema favorable a las pretensiones capitalinas.
El máximo tribunal ordenó en diciembre de 2022 restituir el 2,95% de la masa coparticipable mediante transferencias diarias y automáticas. Sin embargo, el cumplimiento efectivo del fallo quedó pendiente durante los años siguientes. Esta situación generó tensiones entre el macrismo y la administración libertaria que amenazaban con complicar la aprobación del Presupuesto.
Santilli y Martín Menem acordaron con Cristian Ritondo la incorporación de un artículo específico para resolver la controversia. El párrafo agregado faculta al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los actos procesales derivados del pronunciamiento judicial. Esta modificación destrabó el apoyo del bloque amarillo hacia la iniciativa oficial.
Nuevo interbloque opositor: qué es Fuerzas del Cambio y cuántos diputados suma
El PRO confirmó la conformación de un espacio parlamentario conjunto con otras fuerzas dialoguistas denominado Fuerzas del Cambio. La alianza legislativa integra a representantes de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires. El conglomerado reunirá 22 diputados que operarán coordinadamente en las votaciones del período extraordinario.
Este bloque ampliado representa un respaldo significativo para las aspiraciones oficialistas en la Cámara baja. Sus integrantes acompañarían tanto la ley de gastos y recursos como el proyecto de Inocencia Fiscal incluido en la convocatoria extraordinaria. La construcción de mayorías parlamentarias depende crucialmente de estas voluntades que el Gobierno cultivó mediante negociaciones individualizadas con cada referente provincial.
Qué espera el oficialismo en el Senado con la reforma laboral y la ley de glaciares
Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, estableció un cronograma ambicioso para las próximas jornadas. El objetivo declarado apunta a conseguir dictámenes favorables antes del viernes tanto para la reforma laboral como para las modificaciones normativas sobre protección de glaciares. Ambas iniciativas generan resistencias en sectores sindicales y ambientalistas respectivamente.
La senadora planifica incorporar posteriormente las leyes que obtengan media sanción en Diputados durante esta semana. El conjunto completo de proyectos se sometería a votación el 26 de diciembre según el calendario trazado por el oficialismo. Esta fecha cercana a fin de año presenta desafíos logísticos que podrían complicar la obtención de quórum suficiente para sesionar válidamente.
Movilización sindical: CGT, CTA y movimientos sociales marchan contra la reforma laboral
La central obrera convocó a una concentración en Plaza de Mayo para este jueves en rechazo al proyecto oficial. Las dos vertientes de la CTA confirmaron su adhesión a la protesta junto con organizaciones de movimientos sociales. La coincidencia temporal con el tratamiento legislativo busca visibilizar la oposición sectorial ante la opinión pública y presionar a los legisladores indecisos.
El Gobierno mantiene su estrategia de avanzar rápidamente con el paquete reformista aprovechando el impulso electoral de octubre. Las negociaciones con gobernadores mediante transferencias financieras representan el instrumento central para construir las mayorías necesarias. El desenlace de esta semana definirá si la administración libertaria logra capitalizar su victoria en las urnas con victorias parlamentarias concretas antes del receso estival.
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la coparticipación federal retrocede 5,4% interanual y la recaudación
nacional acumula siete meses consecutivos de caída real. Los
gobernadores negocian un "blindaje" fiscal con Nación que el
superávit primario del programa hace estructuralmente difícil
de conceder, con 13 jurisdicciones enfrentando vencimientos
de deuda en 2026 y sin reactivación generalizada a la vista.

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