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Presupuesto 2026: las fisuras del federalismo argentino exponen los límites del poder presidencial

La votación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados reveló una paradoja que atraviesa la arquitectura institucional argentina desde sus orígenes. El Gobierno nacional obtuvo la media sanción de su primera ley de gastos, pero perdió el capítulo que condensaba sus aspiraciones transformadoras. Este desenlace no constituye un accidente parlamentario: expresa las tensiones estructurales de un federalismo que oscila permanentemente entre la centralización presidencialista y la resistencia de las periferias territoriales

PolíticaHace 2 horas 13News-Política

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La geometría variable del poder territorial
Los gobernadores que acompañaron el proyecto en general pero rechazaron el Capítulo 11 —Raúl Jalil en Catamarca, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Rolando Figueroa en Neuquén, Gustavo Sáenz en Salta— no actuaron por capricho ni por oposición ideológica. Su comportamiento responde a una racionalidad política que el análisis superficial suele ignorar: la necesidad de preservar legitimidad territorial frente a electorados que penalizan severamente los recortes en educación y discapacidad.

La derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad representaba para estos mandatarios un costo político insostenible. Las movilizaciones universitarias de 2024 dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. Como señaló un legislador cercano al oficialismo provincial: los estudiantes llenaron las calles con una intensidad que superó incluso las convocatorias sindicales tradicionales. Votar contra esos sectores y después enfrentar a los electores constituye una ecuación que pocos dirigentes territoriales están dispuestos a asumir.

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El ministro del Interior como bisagra institucional
Diego Santilli asumió la cartera de Interior el 20 de noviembre con un mandato explícito: construir los consensos que el Ejecutivo necesita para aprobar su agenda legislativa. En menos de un mes recibió a 18 de los 24 gobernadores, recorrió provincias y distribuyó Aportes del Tesoro Nacional por cifras récord. Sin embargo, este despliegue de recursos y gestualidad política no alcanzó para garantizar la disciplina legislativa en el momento decisivo.

La explicación de este fenómeno trasciende las capacidades individuales del funcionario. Revela más bien los límites estructurales de una estrategia que confunde transacción coyuntural con construcción de coaliciones estables. Los gobernadores aceptaron fondos, recibieron al ministro, posaron para las fotografías protocolares. Pero cuando llegó la hora de votar artículos que comprometían su capital político local, privilegiaron la supervivencia territorial sobre la lealtad al Ejecutivo nacional.

Provincias Unidas: la emergencia de un actor inesperado
El comportamiento del bloque Provincias Unidas merece atención analítica particular. Esta formación agrupa legisladores que responden a gobernadores de signos políticos diversos: el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres, el correntino Gustavo Valdés. Sus 17 votos negativos al Capítulo 11 no expresan una oposición doctrinaria al Gobierno nacional, sino la consolidación de un espacio de coordinación interprovincial que opera con lógica propia.

Este fenómeno resulta históricamente significativo. Durante décadas, el federalismo argentino funcionó como un sistema de negociaciones bilaterales entre cada provincia y la Nación. Los gobernadores competían entre sí por recursos escasos, lo que facilitaba al Ejecutivo central la estrategia de dividir para reinar. La emergencia de bloques legislativos que coordinan posiciones entre provincias altera esta dinámica tradicional y reconfigura las relaciones de fuerza en el Congreso.

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El cortocircuito con el PRO: daños colaterales de la improvisación
La decisión oficialista de incluir la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires dentro del Capítulo 11 buscaba forzar apoyos mediante una lógica de paquete cerrado. Si los aliados querían los fondos para Jorge Macri, debían votar también las derogaciones resistidas. Esta táctica de manual terminó generando el efecto contrario: al caer el capítulo completo, también cayeron los recursos porteños, irritando profundamente al principal socio parlamentario del Gobierno.

El episodio ilustra una tensión recurrente en la gestión libertaria: la dificultad para distinguir entre victoria táctica y construcción estratégica. Ganar una votación mediante presiones y maniobras de último momento puede funcionar ocasionalmente. Pero cuando la estrategia fracasa, los costos se multiplican: no solo se pierde el objetivo inmediato, sino que se erosiona la confianza de los aliados necesarios para batallas futuras.

Reforma laboral y Ley de Glaciares: el horizonte de febrero
Patricia Bullrich anunció que el debate por la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares se postergará hasta febrero. Esta decisión reconoce implícitamente que el Gobierno carece hoy de los números para aprobar iniciativas controversiales. Pero también abre un interrogante sobre la capacidad del Ejecutivo para reconstruir consensos durante el verano, cuando la atención pública se dispersa y los actores políticos recalculan posiciones.

Los gobernadores dialoguistas demostraron que su apoyo tiene límites precisos. Acompañan la orientación general de equilibrio fiscal, pero no están dispuestos a inmolarse políticamente por artículos que generan rechazo masivo en sus territorios. Esta distinción resulta crucial para comprender la dinámica que se avecina: el Gobierno puede contar con mayorías para proyectos de baja conflictividad social, pero enfrenta resistencias estructurales cuando intenta avanzar sobre derechos percibidos como conquistas consolidadas.

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Las lecciones de una victoria pírrica
El Presupuesto 2026 llegará al Senado con media sanción de Diputados y dictamen favorable de comisión. Probablemente obtenga aprobación definitiva antes de fin de año. Pero el Gobierno sabe que este presupuesto, despojado del Capítulo 11, no representa el instrumento transformador que imaginaba. La motosierra encontró su límite en la resistencia articulada de actores territoriales que, sin ser opositores ideológicos, defienden espacios de autonomía que ningún presidente puede ignorar impunemente.

La arquitectura federal argentina, tantas veces diagnosticada como ficción constitucional, demostró esta semana que conserva capacidad de condicionar al poder central. No se trata de una buena noticia para quienes esperaban reformas aceleradas, ni tampoco para quienes las temían. Es simplemente el recordatorio de que la política argentina sigue siendo, en última instancia, un juego de equilibrios territoriales que ningún triunfo electoral resuelve de manera definitiva.

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