En un movimiento que promete agitar las aguas del sistema educativo argentino, el gobierno de Javier Milei ha lanzado una auditoría masiva que pone bajo la lupa a las universidades públicas del país. El foco: 2245 convenios firmados entre casas de estudio y diversas reparticiones de la Administración Pública Nacional, algunos de los cuales alcanzan cifras millonarias.

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), bajo la dirección de Miguel Blanco, se ha embarcado en una misión que parece sacada de una novela de misterio financiero. Su objetivo: desentrañar el destino de fondos que van desde los 2 millones hasta los 170 millones de pesos por convenio. La pregunta que resuena en los pasillos de la SIGEN es simple pero potencialmente explosiva: ¿Hubo desvío de fondos? ¿Se malversaron caudales públicos?

Lo que ha levantado cejas en el organismo de control es el método de contratación: directo, sin licitación. Este detalle no es menor en un país donde la transparencia en el gasto público ha sido históricamente un tema sensible.

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Pero esta auditoría no es solo sobre números. Es una ventana a la compleja relación entre el Estado y las universidades públicas argentinas. Los convenios bajo escrutinio cubren un amplio espectro: desde capacitaciones y consultorías hasta el desarrollo de sistemas y diplomaturas. Es un entramado que revela cómo las universidades se han convertido, en cierta medida, en proveedoras de servicios para el Estado.

El gobierno de Milei, conocido por su enfoque de "mano dura" en el gasto público, ve en esta auditoría una oportunidad para ejercer mayor control sobre las universidades sin violar directamente su autonomía. Es un movimiento astuto que navega los límites legales establecidos por el dictamen de Carlos Zannini en 2022, que blindaba a las universidades de las auditorías directas de la SIGEN.

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Los ejemplos de convenios bajo la lupa son tan variados como llamativos. Desde un acuerdo de 170 millones de pesos entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza para digitalización de documentos, hasta un convenio de 22,5 millones con la Universidad Nacional de Guillermo Brown para mejorar las habilidades de diseño de proyectos de los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social. La lista de instituciones involucradas lee como un quién es quién de la administración pública argentina: desde el INDEC hasta el Ministerio de Mujeres.

Esta auditoría se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el sector universitario. Milei, quien recientemente celebró la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario, ha expresado su intención de revisar los gastos de las universidades, argumentando que "hace casi 10 años que no se hace una auditoría".

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El trasfondo político es innegable. Con 354 de los 2245 convenios correspondientes a la UBA, la universidad más grande y prestigiosa del país, las implicaciones de esta auditoría podrían ser de gran alcance. La UBA, que no se adhirió al convenio de control firmado en noviembre de 2023 entre el gobierno anterior y la SIGEN, podría encontrarse en el centro de un torbellino político y financiero.

La comunidad universitaria observa estos desarrollos con una mezcla de preocupación y escepticismo. Mientras el gobierno argumenta que se trata de una cuestión de transparencia y uso eficiente de los recursos públicos, muchos en el ámbito académico ven estas acciones como un intento de socavar la autonomía universitaria y potencialmente reducir el financiamiento público a la educación superior.

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A medida que la SIGEN profundiza en su investigación, manteniendo sus hallazgos bajo estricta reserva, la tensión crece. Las preguntas se multiplican: ¿Qué revelará esta auditoría? ¿Cómo afectará a la relación entre el Estado y las universidades? ¿Estamos ante el preludio de una reforma más amplia del sistema universitario argentino?

Lo que está claro es que esta auditoría es más que un simple ejercicio contable. Es un campo de batalla donde se enfrentan visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en la educación superior, la autonomía universitaria y la asignación de recursos públicos. El desenlace de esta saga podría redefinir el paisaje de la educación superior en Argentina por años venideros.

Mientras tanto, en aulas y oficinas universitarias de todo el país, la incertidumbre se mezcla con la determinación. La comunidad académica se prepara para lo que podría ser una de las batallas más significativas por el futuro de la educación pública en la historia reciente de Argentina.