El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la batuta de Federico Sturzenegger, acaba de lanzar una medida que promete sacudir los cimientos de la administración pública: la intimación a jubilarse de aproximadamente 10.000 empleados que ya cumplen con los requisitos previsionales.

Esta decisión, formalizada a través de la resolución 3/2024, no es un simple ajuste administrativo. De los 10.000 empleados afectados, más de 6.800 pertenecen a la planta permanente, lo que sugiere un impacto significativo en la estructura más estable del Estado.

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El cronómetro ya está corriendo. Las diferentes carteras tienen apenas 30 días hábiles para comunicar la noticia a sus empleados en condición de jubilarse. Es una carrera contra el tiempo que pone a prueba la capacidad organizativa de la administración pública, mientras intenta mantener la operatividad de sus servicios esenciales.

Sin embargo, el Gobierno ha sido lo suficientemente pragmático como para incluir una válvula de escape. Aquellos funcionarios considerados estratégicos podrán recibir una prórroga de hasta seis meses, siempre y cuando sus superiores justifiquen detalladamente su necesidad. No será un proceso automático: cada caso deberá pasar por el filtro de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

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Esta medida no navega sola en el mar de las reformas. Es parte de un programa más amplio que incluye la evaluación de idoneidad de aproximadamente 40.000 empleados públicos. En diciembre, cuando venzan las contrataciones actuales, estos trabajadores deberán enfrentarse a un examen automatizado que determinará su continuidad. No hay lugar para favoritismos: una computadora será la encargada de decidir quién cumple con los estándares requeridos.

El mensaje es claro: la era del empleo público como refugio seguro está llegando a su fin. Las nuevas reglas del juego exigen competencia demostrable, actualización constante y resultados medibles. Los funcionarios que aspiren a promociones deberán someterse a nuevas evaluaciones, estableciendo un sistema de meritocracia que promete revolucionar la cultura administrativa estatal.

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La transformación va más allá de los números. Se busca instaurar un nuevo paradigma de servicio público, donde la transparencia y la eficiencia no sean solo palabras de moda en presentaciones PowerPoint, sino realidades medibles y verificables. Cada nuevo ingreso deberá presentar declaraciones juradas patrimoniales y someterse a rigurosos controles de aptitud psicofísica.

El objetivo final es ambicioso: construir un Estado más ágil, eficiente y orientado a resultados. La reducción del déficit fiscal es solo una parte de la ecuación. La verdadera meta es crear una administración pública que responda efectivamente a las necesidades de los ciudadanos, sin el lastre del sobredimensionamiento burocrático.

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Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos ven en estas medidas un paso necesario hacia la modernización, otros advierten sobre los riesgos de desmantelar estructuras estatales sin un plan de transición adecuado. El desafío será mantener la operatividad de los servicios públicos mientras se implementan estos cambios profundos.

El éxito de esta transformación dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para ejecutar estos cambios sin comprometer la calidad de los servicios públicos. La próxima década podría ver emerger un Estado radicalmente diferente: más delgado, más eficiente y más profesional. O al menos, ese es el objetivo que persigue esta ambiciosa reforma.

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Lo que está claro es que el Estado argentino está entrando en territorio inexplorado. La combinación de jubilaciones masivas, evaluaciones automatizadas y nuevos estándares de desempeño promete revolucionar la administración pública. El tiempo dirá si esta transformación logra su objetivo de crear un Estado más eficiente y al servicio del ciudadano, o si se suma a la larga lista de reformas inconclusas en la historia argentina.