El gobierno argentino dio un paso significativo en la transformación del empleo público al oficializar la eliminación de los cargos hereditarios en la administración estatal. La medida, formalizada mediante el decreto 959/24 con la firma del presidente Javier Milei, establece un cambio fundamental en los criterios de acceso al empleo público nacional.

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La nueva normativa prohíbe expresamente cualquier privilegio o beneficio basado en vínculos hereditarios para el ingreso al sector público nacional, invalidando la práctica histórica que permitía a familiares y cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupar sus posiciones laborales. Esta disposición se alinea con el artículo 8° de la Ley N° 24.156, que regula el funcionamiento de la administración pública.

El Ministerio de Desregulación y Modernización, encabezado por Federico Sturzenegger, enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de racionalización estatal, que ya ha logrado una reducción del 15% en la planta de personal público. La cartera ministerial enfatizó que esta práctica constituía un "ilógico privilegio" que contravenía principios constitucionales básicos.

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Los fundamentos de la medida se apoyan en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece explícitamente que la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, garantizando la igualdad ante la ley y condicionando el acceso a empleos públicos únicamente a la idoneidad del candidato.

La disposición revierte parcialmente un retroceso ocurrido en 2022, cuando se reintrodujo esta posibilidad en el estatuto del Banco Central, después de que la institución la hubiera eliminado en 2018. El gobierno actual señala que estas prácticas persistían en diferentes niveles administrativos -nacional, provincial y municipal- principalmente a través de convenios colectivos de trabajo.

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La eliminación de los cargos hereditarios representa un cambio significativo en la cultura administrativa del Estado argentino y forma parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a modernizar y racionalizar el funcionamiento del sector público. La medida busca establecer la meritocracia como único criterio válido para el acceso al empleo estatal, eliminando privilegios históricos que el gobierno considera incompatibles con una administración pública moderna y eficiente.

Entre los objetivos adicionales de la normativa se encuentra la agilización del proceso de jubilación para aquellos empleados que ya han alcanzado la edad de retiro, contribuyendo así a la renovación natural de la planta estatal. Esta iniciativa se suma a otras medidas de transformación administrativa implementadas por la actual gestión.

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El decreto establece un precedente significativo en la modernización del Estado argentino, alineando las prácticas de contratación pública con principios constitucionales fundamentales y estándares internacionales de gestión pública, donde la idoneidad y el mérito constituyen los únicos criterios válidos para el acceso al empleo estatal.