La administración Milei profundiza su reforma del Estado con la eliminación de cinco nuevos fondos fiduciarios que manejaban $2,500 millones anuales, llevando a 16 el total de fideicomisos disueltos desde diciembre. El decreto 1048 marca otro capítulo en la batalla contra lo que el gobierno denomina "cajas de la política".

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Entre los fondos eliminados se encuentra el FONDCE, destinado al desarrollo de capital emprendedor, que según las auditorías de la SIGEN presentaba serias deficiencias en gestión de inversiones y rendición de cuentas. El Programa de Inversiones Estratégicas fue disuelto por inactividad, mientras que el Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata cayó por "falencias" e "inexistencias" en su gestión.

La lista incluye también el PROICSA, orientado al sector azucarero del NOA, inactivo desde 2020, y el Fideicomiso para Refinanciación Hipotecaria, que a pesar de mostrar un superávit de $1,190 millones en 2023, evidenciaba irregularidades administrativas significativas.

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Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de transparencia fiscal que comenzó en febrero cuando Manuel Adorni anticipó la eliminación de fondos fiduciarios por falta de transparencia. En marzo, Luis Caputo consolidó el control del Ministerio de Economía sobre estos instrumentos mediante el decreto 215.

La cronología de disoluciones incluye hitos significativos:
- Abril: Eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo ($3,200 millones)
- Mayo: Disolución del FONDAGRO ($2,800 millones)
- Junio: Cierre del FODIS por incumplimiento de objetivos
- Agosto: Eliminación del FRAO y FFCUS
- Octubre: Disolución del Fondo Nacional de Emergencias, Progresar y Fobosque

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Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, justifica estas medidas argumentando que estos fondos operaban como "cajas con recursos preasignados", sin la debida transparencia ni eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Esta reorganización financiera representa más que un ajuste contable: señala un cambio fundamental en la gestión de recursos públicos, priorizando transparencia y eficiencia sobre mecanismos históricos de asignación presupuestaria. Sin embargo, surgen interrogantes sobre el impacto en sectores específicos que dependían de estos fondos para su desarrollo o protección.

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El gobierno defiende estas medidas como parte esencial de su programa de modernización estatal, aunque críticos advierten sobre posibles consecuencias en sectores vulnerables anteriormente beneficiados por estos instrumentos. La efectividad de esta estrategia dependerá de la capacidad para reemplazar estas estructuras con mecanismos más eficientes y transparentes de asignación de recursos.