El ministro de Economía, Luis Caputo, definió la estrategia fiscal del gobierno al relativizar la ausencia del Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias del Congreso, priorizando el objetivo de déficit cero por sobre las negociaciones con las provincias. Esta postura marca un giro significativo en la relación Nación-provincias y anticipa una ambiciosa reforma tributaria para el próximo año.

"No vale la pena discutir el Presupuesto si esto pone en riesgo el ancla fiscal", afirmó Caputo desde Montevideo, donde participa de la cumbre del Mercosur. El funcionario argumentó que, si bien una ley de presupuesto representaría una "buena señal institucional", el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable para el modelo económico actual.

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El ministro respondió a las preocupaciones provinciales sobre la distribución de recursos, señalando que el crecimiento proyectado para 2025 generará un incremento en la coparticipación de aproximadamente USD 3,000 millones. Este aumento, sumado a la recaudación propia de las provincias, compensaría parcialmente la eliminación del impuesto PAIS a nivel nacional, que representa 1.5% del PBI.

En materia cambiaria, Caputo reveló que la salida del cepo podría acelerarse mediante un acuerdo con el FMI que permita recapitalizar el Banco Central. "Estamos bien encaminados y podemos hacerlo de forma gradual, pero un acuerdo con el Fondo podría adelantar los tiempos", explicó el ministro, sugiriendo flexibilidad en la estrategia de normalización cambiaria.

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La reforma tributaria emerge como proyecto estratégico para 2025. El Ministerio de Economía trabaja en una iniciativa integral que busca simplificar el sistema impositivo, eliminando gravámenes de menor impacto recaudatorio. Carlos Guberman, secretario de Hacienda, adelantó que uno de los objetivos será extender beneficios tributarios similares a los del RIGI al resto de la economía.

La implementación de esta reforma estará condicionada al mantenimiento del superávit fiscal y a la evolución positiva de la actividad económica. El gobierno anticipa una secuencia gradual de reducción impositiva, con especial atención a las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque, aunque los detalles específicos permanecen en desarrollo.

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El desafío fiscal se intensifica ante la próxima eliminación del impuesto PAIS, que actualmente representa una fuente significativa de ingresos para el Estado nacional. Esta transición requerirá una cuidadosa calibración entre los objetivos de simplificación tributaria y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.

La postura del gobierno refleja una priorización clara del equilibrio fiscal como pilar fundamental de su programa económico, aun a costa de tensionar relaciones con las provincias. Esta estrategia sugiere una apuesta por la consolidación fiscal como precondición para reformas estructurales más amplias.

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La anunciada reforma tributaria, prevista inicialmente para 2024 y postergada para el año próximo, emerge como pieza central de la transformación económica propuesta. Su implementación dependerá crucialmente de la construcción de consensos políticos y la evolución de las variables macroeconómicas fundamentales.

Este enfoque evidencia una visión de largo plazo que prioriza la sostenibilidad fiscal sobre acuerdos políticos inmediatos, marcando un contraste significativo con estrategias previas de gestión económica en Argentina.