La administración de Javier Milei prepara un ambicioso paquete de reformas estructurales para 2025, que incluye acuerdos comerciales internacionales, transformaciones en materia de seguridad y modificaciones profundas en el sistema tributario y previsional. Este conjunto de iniciativas, que será presentado oficialmente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, busca consolidar el giro hacia una economía más abierta y competitiva.

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Entre las prioridades del Ejecutivo destaca la búsqueda de tratados de libre comercio con socios estratégicos, particularmente Estados Unidos e Israel. Las negociaciones contemplan no solo aspectos comerciales sino también cooperación en materia de seguridad y defensa. Para materializar estos acuerdos, el gobierno argentino considera fundamental modificar las regulaciones del Mercosur, específicamente la decisión 32/00, que actualmente restringe la capacidad de los países miembros para negociar acuerdos comerciales de manera independiente.

La agenda de seguridad ocupa un lugar central en los planes gubernamentales. Se proyecta una reforma integral que permitiría una mayor participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, específicamente en el combate contra amenazas transnacionales como el terrorismo y el narcotráfico. La iniciativa incluye modificaciones a la Ley de Defensa mediante un decreto reglamentario, complementado con la propuesta de una Ley Antimafias y el proyecto de Reiterancia.

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En el ámbito de la inteligencia nacional, se contempla una reorganización completa del sistema, incluyendo nuevas regulaciones para las agencias privadas. Estos cambios se construyen sobre decisiones previas, como la derogación del decreto 1311/2015 que establecía la doctrina nacional de los servicios de inteligencia.

La reforma tributaria emerge como uno de los pilares fundamentales del programa económico. El proyecto en desarrollo propone una reducción del 90% en la cantidad de impuestos, concentrando la estructura tributaria en el IVA y Ganancias. El plan incluye la eliminación gradual del impuesto al cheque, una disminución en las retenciones al sector agrícola y la no renovación del impuesto PAIS.

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Esta reestructuración fiscal se enmarca en una negociación más amplia con las provincias, que incluye una revisión integral del sistema de coparticipación federal. El gobierno propone saldar deudas con las jurisdicciones mediante la transferencia de activos estatales, incluyendo terrenos y participaciones en empresas públicas.

En materia previsional, las modificaciones propuestas apuntan a unificar la edad jubilatoria en 75 años para ambos géneros y eliminar regímenes especiales. El diagnóstico oficial señala un sistema "quebrado" que requiere transformaciones profundas, incluyendo la posible reintroducción de un esquema privado similar al antiguo sistema de AFJP.

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La reforma laboral, que retoma elementos del DNU 70/2023 que fueron judicialmente suspendidos, busca ampliar la formalidad del empleo y aumentar la base de aportantes al sistema previsional. Esta iniciativa se considera fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.

La implementación de estas reformas dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para construir consensos políticos y superar potenciales obstáculos judiciales. El éxito de esta agenda transformadora podría definir el legado de la administración Milei y el futuro económico de Argentina en las próximas décadas.

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El conjunto de medidas propuestas refleja la determinación del gobierno por materializar cambios estructurales en múltiples frentes, apostando por una mayor integración internacional y una modernización del aparato estatal. El desafío radica en mantener el equilibrio entre la velocidad de las reformas y la construcción de los acuerdos políticos necesarios para su implementación efectiva.