El Ministerio de Economía implementará una nueva estrategia en materia tarifaria para el año en curso, marcando un giro significativo respecto a la política de incrementos que caracterizó al 2024. Luego de un período donde algunos servicios públicos experimentaron alzas superiores al 500%, la administración de Javier Milei optará por mantener los ajustes por debajo de la inflación mientras prepara una reforma integral del esquema de subsidios.

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Luis Caputo, titular de la cartera económica, delineó la nueva política tarifaria para el primer trimestre del año. Los incrementos autorizados para enero reflejan esta nueva orientación: la electricidad en el AMBA registró un aumento del 1,6%, mientras que el gas natural por redes se incrementó en 1,8% a nivel nacional. Los combustibles, por su parte, experimentaron un alza promedio del 1,75%.

El caso del agua merece especial atención, ya que marca un punto de inflexión en la política tarifaria. AySA, que venía aplicando una fórmula de actualización mensual basada en variaciones de precios y salarios, moderó el incremento previsto del 3% a solo 1% para enero. Esta decisión se fundamenta en el logro del equilibrio económico de la empresa, que permite cubrir costos operativos y sostener el plan de inversiones.

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La administración nacional planifica realizar audiencias públicas a través del ENRE y Enargas antes del 10 de enero para establecer los cuadros tarifarios que regirán durante el resto del año. Simultáneamente, la Secretaría de Energía llevará adelante una revisión quinquenal tarifaria con transportistas y distribuidoras, buscando establecer compromisos de inversión para el próximo lustro.

Esta moderación en los aumentos responde a la estrategia gubernamental de contener la inflación y avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario. Durante 2024, el ajuste tarifario fue instrumental para alinear precios relativos y reducir subsidios, contribuyendo al logro del superávit fiscal. El escenario actual, con mejores perspectivas en la recaudación, permite mayor flexibilidad en la gestión tarifaria.

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Un cambio estructural se avecina para mayo, cuando el gobierno planea simplificar el esquema de subsidios, eliminando la actual segmentación tripartita. El nuevo sistema contemplará únicamente dos categorías: usuarios con tarifa social y usuarios sin subsidios, similar al modelo implementado durante la administración de Mauricio Macri.

El impacto de los aumentos tarifarios en 2024 fue considerable: según el IIEP, el agua incrementó 331%, la electricidad 268%, el gas natural 531% y el transporte 601%. Sin embargo, los usuarios continúan recibiendo importantes subsidios estatales. Actualmente, las tarifas cubren el 100% del costo del servicio de agua, pero solo el 49% en electricidad, 54% en gas y 31% en transporte.

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La nueva política tarifaria busca equilibrar objetivos aparentemente contradictorios: mantener la estabilidad macroeconómica, reducir gradualmente los subsidios y preservar el poder adquisitivo de los usuarios. El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la evolución de las variables macroeconómicas y la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales sin generar disrupciones significativas en el tejido social.

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Las empresas prestadoras de servicios observan con atención esta nueva etapa, especialmente la implementación de la revisión quinquenal tarifaria, un instrumento que históricamente ha enfrentado dificultades en su aplicación efectiva desde su introducción en los años noventa. La previsibilidad en las reglas de juego resulta fundamental para garantizar las inversiones necesarias en infraestructura y mejora de servicios.