La Cámara de Diputados de Argentina dio un paso significativo en materia de seguridad pública al aprobar modificaciones sustanciales en las leyes sobre reincidencia y reiterancia delictiva. La iniciativa, respaldada por 138 votos afirmativos contra 94 negativos, busca establecer un marco más riguroso para enfrentar la criminalidad reiterada, en lo que el gobierno considera una medida clave para desarticular el fenómeno conocido como "puerta giratoria" en el sistema judicial.

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La nueva legislación, que ahora deberá superar el escrutinio del Senado donde se anticipa una fuerte oposición del sector cristinista, introduce cambios fundamentales en la definición de reincidencia criminal. La reforma establece que se considerará reincidente a quien acumule dos o más condenas privativas de libertad, requiriendo que al menos una de ellas se encuentre firme, según explicó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal.

Esta modificación representa un cambio sustancial en el tratamiento judicial de los casos penales, ya que anteriormente muchos delitos menores no resultaban en penas efectivas de prisión, dificultando la aplicación del concepto de reincidencia. La reforma busca cerrar esta brecha legal que, según sus promotores, permitía a delincuentes habituales evadir consecuencias más severas por sus actos repetidos.

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El proyecto recibió el respaldo de una coalición diversa que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, diferentes sectores del radicalismo y legisladores provinciales independientes. En contraposición, el kirchnerismo y la izquierda manifestaron su rechazo, argumentando preocupaciones constitucionales.

La experiencia de Mendoza sirvió como caso testigo para los defensores de la reforma. Según la diputada radical Pamela Verasay, la implementación de medidas similares en su provincia resultó en una reducción cercana al 50% en delitos contra la integridad física, incluyendo homicidios y robos con armas de fuego.

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Sin embargo, la oposición, encabezada por el rionegrino Martín Soria, advirtió sobre posibles vulneraciones constitucionales. Criticó específicamente la introducción de lo que denominó "futurología penal", argumentando que la reforma podría permitir el encarcelamiento de ciudadanos basándose en predicciones judiciales sobre posibles conductas futuras.

Oscar Agost Carreño, desde Encuentro Federal, aportó una perspectiva matizada al debate, reconociendo la necesidad de herramientas concretas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, aunque advirtió sobre la importancia de la prudencia legislativa en materia penal. Señaló que la mayoría de los expertos en derecho, tanto nacionales como internacionales, han expresado reservas sobre este tipo de medidas.

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La reforma también introduce cambios en el cálculo de penas múltiples, estableciendo que la sentencia final deberá reflejar la suma total de los delitos cometidos, eliminando la posibilidad de reducciones o combinaciones en la determinación de la pena. Además, incorpora las imputaciones previas como un tercer criterio que los jueces deberán considerar al evaluar la prisión preventiva, junto a los ya existentes riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

María Celeste Ponce, representante del oficialismo, cerró el debate enfatizando que la iniciativa busca terminar con lo que describió como un sistema judicial permisivo que permite a los delincuentes entrar y salir sin consecuencias significativas.

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La aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la agenda de seguridad del gobierno, aunque su implementación efectiva dependerá de su paso por el Senado, donde se anticipa un debate intenso dado el anunciado rechazo del sector cristinista. El resultado final podría tener importantes implicaciones para el sistema judicial argentino y su capacidad para abordar la delincuencia reiterada.