La estrategia opositora para derribar las medidas presidenciales más controvertidas adquiere velocidad y coordina un cronograma que podría materializar una derrota parlamentaria múltiple antes del cierre del mes en curso
Milei hablará en Congreso semivacío: ausencia masiva de legisladores y gobernadores coincide con peor mes en mercados financieros
En un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia, el presidente argentino Javier Milei se dirigirá esta noche a una Asamblea Legislativa con asistencia históricamente reducida, mientras la economía enfrenta turbulencias significativas
Política01/03/2025 13News-Política

En un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia, el presidente argentino Javier Milei se dirigirá esta noche a una Asamblea Legislativa con asistencia históricamente reducida, mientras la economía enfrenta turbulencias significativas. Menos del 50% de los 329 legisladores nacionales presenciarán el discurso presidencial programado para las 21 horas, en medio de un boicot masivo de la oposición y tras un febrero que registró el peor desempeño de los activos financieros argentinos en 18 meses.


La decisión de gran parte del arco opositor de ausentarse del evento refleja el creciente malestar institucional que atraviesa la política argentina. Los primeros en confirmar su inasistencia fueron los 132 legisladores de Unión por la Patria, seguidos por el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, la izquierda y parte significativa del radicalismo.
"La falta de respeto hacia las instituciones y las decisiones controvertidas como los nombramientos por decreto de magistrados del máximo tribunal han sido determinantes para esta postura", explicó un legislador de la UCR que prefirió mantener el anonimato. Figuras como Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco están entre los senadores radicales que no asistirán, mientras que aproximadamente 20 diputados de este partido también han confirmado su ausencia.
El escenario político se complementa con un panorama desalentador en el palco reservado para los mandatarios provinciales. De los 24 gobernadores convocados, solo tres han confirmado su presencia: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Martín Llaryora (Córdoba). El boicot incluye tanto a mandatarios peronistas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), como a representantes de fuerzas provinciales y algunos radicales con compromisos en sus distritos.
Esta situación genera un contexto inédito: nunca antes un mandatario argentino había enfrentado un recinto tan despoblado para inaugurar las sesiones ordinarias. Un legislador opositor considerado dialoguista resumió la situación: "La transmisión oficial solo muestra al oficialismo y a los militantes libertarios. Si sumamos la restricción a fotógrafos y periodistas impuesta este año, nuestra presencia pasaría inadvertida".
La comparecencia presidencial transcurre en un momento particularmente complejo para los mercados financieros del país. Durante febrero, el índice S&P Merval registró una caída cercana al 17% en dólares, mientras el indicador de riesgo país escaló más del 25% hasta alcanzar los 780 puntos básicos, su nivel más elevado desde noviembre pasado.
Estos resultados negativos representan el peor desempeño para los activos argentinos desde septiembre de 2023, cuando la incertidumbre previa a las elecciones generales generó similar volatilidad. Analistas financieros atribuyen este deterioro a la combinación del escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra en el frente interno y las políticas comerciales proteccionistas anunciadas por la administración Trump a nivel internacional.
El impacto ha sido particularmente severo en los certificados de depósito argentinos negociados en Wall Street, con caídas que llegaron hasta el 30% en el caso de Globant, seguido por Central Puerto (-19,2%) y Grupo Supervielle (-19,1%). En el mercado local, acciones como Sociedad Comercial del Plata, Transener y Grupo Supervielle lideraron las pérdidas con desplomes del 27,9%, 27,5% y 18,7% respectivamente.
Fuentes cercanas al evento confirmaron que Milei pronunciará un discurso de aproximadamente 40 minutos, aunque podría extenderse dependiendo de las reacciones del público presente. Se anticipa que el mandatario utilizará la ocasión para ratificar el rumbo económico de su administración y presionar al Parlamento para avanzar con proyectos legislativos pendientes, entre los cuales figurarían 30 nuevas propuestas.
El aspecto más controvertido del acto se relaciona con la invitación extendida al juez Ariel Lijo, designado por decreto para integrar la Corte Suprema pero que todavía no ha prestado juramento. A diferencia de Manuel García-Mansilla, quien ya asumió formalmente, Lijo enfrenta resistencias institucionales que han derivado en un conflicto de interpretación constitucional entre poderes del Estado.
El magistrado solicitó licencia extraordinaria ante la Cámara Federal donde se desempeña actualmente, medida aceptada por dicho cuerpo pero cuestionada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien sostiene que Lijo debería renunciar a su cargo actual antes de asumir la nueva posición. Esta controversia ha dividido al propio tribunal: mientras Ricardo Lorenzetti se muestra favorable a aceptar la licencia como requisito suficiente, Carlos Rosenkrantz mantiene una postura contraria.
La agenda posterior al discurso contempla una cena en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde Milei se reunirá con su gabinete. Entre los asistentes figurarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Un detalle significativo es la ausencia de Victoria Villarruel en la lista de invitados, confirmando el distanciamiento entre el mandatario y su vicepresidenta desde mediados del año pasado.
El contexto económico adverso incrementa la presión sobre el discurso presidencial. La expectativa sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permanece como factor determinante para los inversores. Las tasas de rendimiento anual para bonos soberanos en dólares oscilan actualmente entre 12% y 14%, situación que podría mejorar dependiendo de los avances en las negociaciones con el organismo y la capacidad del Banco Central para incrementar sus reservas internacionales.
A pesar de las turbulencias, la gestión financiera del gobierno ha mostrado cierta eficacia en las recientes licitaciones de deuda. El Tesoro Nacional logró adjudicar 4,42 billones de pesos a finales de febrero, obteniendo una tasa de renovación del 165% considerando vencimientos por 2,7 billones. Los instrumentos más demandados fueron Letras Capitalizables con rendimientos mensuales cercanos al 2,5%.
Las restricciones impuestas al ingreso de periodistas y fotógrafos han sido otro punto de controversia. Medios opositores han criticado que la cobertura oficial del evento tiende a mostrar únicamente al oficialismo y simpatizantes libertarios, limitando la visibilidad de otros sectores políticos. Esta modalidad refuerza la percepción de que el discurso estará dirigido casi exclusivamente a los seguidores del presidente y legisladores afines.
Con este panorama, el mandatario enfrenta el desafío de pronunciar un mensaje que trascienda las divisiones políticas y aporte certidumbre a un mercado financiero golpeado por la desconfianza. La necesidad de establecer una hoja de ruta clara para los próximos meses resulta fundamental, especialmente considerando que este año tendrán lugar elecciones legislativas que podrían reconfigurar la composición del Congreso.
El discurso representa también una oportunidad para intentar dejar atrás los cuestionamientos relacionados con la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra, tema que ha ocupado considerable espacio mediático y generado preocupación entre inversores. La capacidad del presidente para restablecer la confianza en su administración será evaluada tanto por el mercado como por los sectores políticos que han decidido ausentarse del acto legislativo.
El contraste con la inauguración del período legislativo del año pasado resulta evidente. En aquella ocasión, aunque existían diferencias políticas significativas, la presencia opositora fue mayoritaria. El actual boicot refleja un deterioro en las relaciones institucionales que plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y el futuro del diálogo político en el país.
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