La confrontación entre el gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires ha alcanzado un nuevo punto de inflexión tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien solicitó formalmente la renuncia del gobernador Axel Kicillof y propuso una intervención federal en el territorio bonaerense. Este intercambio de acusaciones se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación de inseguridad en la provincia más poblada del país, particularmente tras el trágico asesinato de Kim Gómez, un caso que ha conmocionado a la sociedad argentina.

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A través de un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario nacional caracterizó la situación en el conurbano bonaerense como un "baño de sangre" y acusó al gobernador provincial de mantener una "doctrina prodelincuentes" que, según su perspectiva, ha contribuido al incremento del crimen en la región. En su comunicación, Milei enfatizó que la visión del gobierno nacional sobre políticas de seguridad se encuentra en las "antípodas" de la sostenida por la administración provincial.

"Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino y déjenos intervenir la provincia", expresó el presidente en su mensaje dirigido directamente a Kicillof. Milei aseguró que, con una intervención federal, su administración podría implementar un enfoque de "tolerancia cero" inspirado en las estrategias de seguridad aplicadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y en los principios teóricos del economista Gary Becker, llegando a afirmar que en el plazo de un año su gobierno sería capaz de "terminar con la violencia" en territorio bonaerense.

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Esta escalada en el conflicto institucional se produjo en respuesta a las declaraciones previas del gobernador Kicillof, quien el día anterior había defendido su gestión en materia de seguridad y criticado al gobierno nacional por lo que considera un abandono de la provincia, particularmente tras la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, medida dispuesta por la administración libertaria que impactó significativamente en las finanzas provinciales.

En su intervención, el gobernador bonaerense también había cuestionado lo que percibe como una utilización política del trágico asesinato de Kim Gómez, expresando: "Lamento mucho la bajeza que he visto estos días. Sé que hay campaña electoral, sé que algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites".

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El caso que ha servido como catalizador de esta disputa política es el brutal asesinato de la menor Kim Gómez, ocurrido el pasado martes por la noche cuando dos delincuentes, de 17 y 14 años, robaron un vehículo Fiat Palio rojo en el que viajaban la víctima y su madre. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, mientras la madre logró escapar, la menor quedó atrapada en el automóvil con el cinturón de seguridad puesto. Testigos presenciales afirmaron haber visto cómo los asaltantes intentaron arrojarla por la ventanilla mientras el vehículo estaba en movimiento.

Como consecuencia, la niña quedó enganchada y fue arrastrada a alta velocidad durante aproximadamente 15 cuadras hasta que el automóvil impactó contra un poste de luz. Los delincuentes huyeron de la escena, abandonando a la víctima cuyo cuerpo quedó debajo del vehículo. Un detalle particularmente indignante para la comunidad es que uno de los presuntos autores del crimen había sido detenido hace aproximadamente un mes, pero fue liberado poco después debido a su condición de menor de edad.

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La indignación colectiva provocada por este caso llevó a una primera manifestación el miércoles, que desembocó en incidentes frente a la Municipalidad de La Plata y la sede de la Gobernación. Para este viernes, familiares y amigos de la víctima han convocado a una nueva marcha hacia el Juzgado de Menores para exigir justicia, programada para las 9 de la mañana en el Fuero Penal de la capital bonaerense.

El intercambio de acusaciones entre ambos niveles de gobierno refleja no solo diferencias ideológicas en cuanto al abordaje de la seguridad pública, sino también tensiones presupuestarias y de asignación de recursos. Kicillof ha señalado reiteradamente la falta de apoyo financiero desde el gobierno nacional para fortalecer las políticas de seguridad en la provincia, mientras que Milei ha centrado sus críticas en lo que considera una ineficiente gestión provincial.

La propuesta de intervención federal mencionada por el presidente constituye una medida extraordinaria contemplada en la Constitución Nacional, que permitiría al gobierno central asumir temporalmente el control de la administración provincial. Sin embargo, tal medida requeriría la aprobación del Congreso Nacional y se aplicaría solo en circunstancias excepcionales como sedición, invasión exterior o incapacidad administrativa.

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El debate sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires adquiere mayor relevancia considerando que se trata del distrito más poblado del país, con más de 17 millones de habitantes, y que históricamente ha presentado complejos desafíos en materia de criminalidad, particularmente en el conurbano que rodea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta crisis de seguridad y el consecuente enfrentamiento político se producen además en un contexto preelectoral, ya que Argentina se encuentra en vísperas de importantes elecciones legislativas. Tanto el gobierno nacional como el provincial buscan posicionarse frente al electorado en relación con un tema que consistentemente aparece como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El presidente Milei aprovechó esta situación para plantear un ultimátum al gobernador, cuestionando sus prioridades: "Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales", expresó en su mensaje, estableciendo una dicotomía entre la continuidad de la administración de Kicillof y la posibilidad de una intervención federal que, según su visión, resolvería eficazmente los problemas de inseguridad.

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Esta confrontación ocurre además a solo un día de la Asamblea Legislativa, donde el presidente Milei presentará su agenda legislativa para el año en curso, incluyendo proyectos relacionados con seguridad pública que buscará impulsar en un año electoral cargado de desafíos políticos y económicos.

La tragedia de Kim Gómez ha revelado no solo las falencias del sistema de seguridad y justicia, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de menores infractores, sino también la profunda polarización política que dificulta la articulación de respuestas coordinadas entre distintos niveles de gobierno frente a problemas que afectan directamente a la ciudadanía.