La incertidumbre se apoderó ayer de los mercados financieros argentinos después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sugiriera la posibilidad de modificar el actual esquema cambiario y avanzar hacia un sistema de libre flotación. La reacción no se hizo esperar: el Banco Central debió desprenderse de 215 millones de dólares para contener la demanda en el mercado oficial, mientras las cotizaciones paralelas se dispararon más de un 3% y se acercaron peligrosamente a la barrera psicológica de los 1.300 pesos.

Durante una entrevista televisiva matutina, Caputo abandonó su tradicional defensa a ultranza del crawling peg del 1% mensual, esquema que había sido presentado como innegociable por el equipo económico hasta hace apenas dos semanas. "Argentina es un país que puede flotar, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo", afirmó el ministro, dejando entrever que el Gobierno evalúa alternativas al actual régimen de administración rígida del tipo de cambio.

Doble desafío para el Gobierno: aprobar acuerdo con FMI y gestionar protestas en día crítico

La declaración cobró especial relevancia en vísperas de una jornada crítica para la administración de Javier Milei, que hoy enfrenta un doble desafío: lograr la aprobación legislativa del decreto que autoriza la negociación con el Fondo Monetario Internacional y gestionar una nueva manifestación de jubilados que promete superar en magnitud a la protesta anterior, que derivó en incidentes violentos.

El cambio en el discurso oficial fue rápidamente interpretado por los operadores como una señal de que el acuerdo con el FMI podría incluir compromisos relacionados con mayor flexibilidad cambiaria. El economista Christian Buteler señaló la contradicción: "Aseguraban que el Fondo aceptaba este régimen cambiario", recordó, y explicó que ante la incertidumbre generada por el viraje discursivo, la reacción natural del mercado fue buscar cobertura.

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Esta demanda de protección se manifestó en varios frentes simultáneos. Los importadores aceleraron pagos para aprovechar un dólar oficial que perciben artificialmente barato. Los exportadores, por el contrario, retrasaron liquidaciones anticipando un posible ajuste. El dólar futuro para fin de marzo se disparó a 1.120 pesos cuando, siguiendo el ritmo actual de devaluación controlada, debería cerrar en torno a 1.070. Para diciembre, la cotización ya anticipa un valor de 1.390 pesos, lo que implicaría un salto cambiario cercano al 30% respecto a los niveles actuales.

Lo particularmente llamativo en este escenario es que la postura actual del ministro contradice frontalmente el análisis que realizaba su propia consultora en 2023. En un informe elaborado junto a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, Caputo advertía entonces que pese a contar con equilibrio fiscal, un esquema de flotación representaba "una alternativa sumamente peligrosa" que "puede no funcionar".

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La tensión cambiaria coincide con un deterioro preocupante en las reservas internacionales. El viernes pasado, el Banco Central sacrificó 474 millones de dólares para contener el dólar oficial. El lunes, la intervención se redujo a 56 millones, pero ayer volvió a escalar a 215 millones, confirmando una sangría persistente. En tres ruedas consecutivas, la autoridad monetaria perdió 882 millones de dólares, situación que complica su capacidad para sostener el esquema actual.

Para Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ecoledesma, la situación deja al Gobierno ante una disyuntiva clara: "Si las implícitas de futuros se te van a arriba de las tasas en pesos, lo lógico y esperable, aun con cepo, es que se pierdan reservas", explicó en redes sociales. Ante este panorama, planteó dos alternativas: "O salís a intervenir en futuros para bajar las implícitas y/o subís las tasas en pesos".

En el frente legislativo, el oficialismo ha intensificado contactos para asegurar que el decreto de necesidad y urgencia que habilita el acuerdo con el Fondo no sea rechazado en la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas a La Libertad Avanza expresaron confianza respecto a contar con los respaldos necesarios, no solo de su aliado tradicional, el PRO, sino también de partidos habitualmente críticos como la Coalición Cívica e incluso algunos gobernadores provinciales.

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Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, subrayó durante su participación en el IEFA Latam Forum 2025 la importancia de respaldar el acuerdo con el organismo internacional como herramienta para estabilizar la economía y generar condiciones favorables para la inversión. Sin embargo, la convocatoria urgente realizada por Cristina Kirchner para unificar la posición del Partido Justicialista antes de la sesión parlamentaria ha encendido alarmas en sectores gubernamentales.

Para Tomás Rozemberg, director ejecutivo de Contexto Investments, los cimbronazos recientes "no son todavía una herida de muerte para el plan A del Gobierno", que consistiría en sostener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones e intentar salir del cepo hacia fin de año. No obstante, considera que la volatilidad actual ejerce presión considerable: "Ahora le toca mover al equipo económico para bajar la tensión. Lo más a mano que tiene es un anuncio contundente y claro sobre el acuerdo con el FMI y la hoja de ruta de los próximos meses".

En sus declaraciones recientes, Caputo ha intentado transmitir que Argentina se encuentra en una situación diferente a episodios históricos anteriores gracias al orden fiscal alcanzado. El ministro destacó que el nuevo acuerdo con el FMI tendría como objetivo "sanear el BCRA" mediante la reducción de pasivos remunerados y el fortalecimiento del respaldo de la base monetaria con activos de calidad. Según afirmó, la gestión actual ha logrado reducir "las Lebacs y Leliqs en un 76%" y busca que "los pesos estén bien respaldados, por oro, dólares, y no por papelitos de colores".

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El contexto internacional también influye en el escenario local. Las políticas comerciales implementadas por la administración Trump generan volatilidad global, con incrementos arancelarios que debilitan al dólar frente a otras monedas. Esta dinámica coincide con ventas masivas de bonos del Tesoro estadounidense, elevando rendimientos por encima del 4,7% en títulos de mediano plazo, lo que encarece el financiamiento para economías emergentes como Argentina.

La creciente presión sobre el mercado cambiario argentino llega en un momento especialmente delicado: a poco más de tres meses de un vencimiento significativo con bonistas programado para el 9 de julio. Las condiciones para avanzar hacia una liberalización del cepo cambiario, según ha explicado Caputo, requieren tres condiciones específicas: eliminar los pasivos remunerados del Banco Central, finalizar los instrumentos de liquidez conocidos como PUTs, y lograr la convergencia entre inflación y devaluación en niveles cercanos a cero mensual.

El mercado parece dudar cada vez más de que estas metas puedan alcanzarse sin ajustes en el esquema vigente. La inflación de febrero repuntó hasta 2,4%, por encima del ritmo mensual de devaluación oficial del 1%, lo que implica un encarecimiento progresivo de la economía argentina medida en dólares y aumenta el riesgo de sobrevaluación cambiaria. Este desequilibrio alimenta las expectativas de una corrección más drástica en el horizonte cercano, a pesar de los esfuerzos oficiales por mantener la calma y evitar sobresaltos que puedan descarrilar el programa económico.