En un significativo traspié para la administración libertaria, el Senado argentino votó anoche contra los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, culminando así un extenso proceso de negociaciones que se extendió por casi nueve meses. El rechazo marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y la cámara alta, evidenciando las dificultades que enfrenta el gobierno de Javier Milei para traducir sus iniciativas en consensos legislativos efectivos.

A diferencia de otros proyectos gubernamentales donde las conversaciones con la oposición fueron lideradas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o su viceministerial Lisandro Catalán, las negociaciones para estas designaciones judiciales recayeron principalmente en Sebastián Amerio, funcionario del Ministerio de Justicia cercano al ministro Mariano Cúneo Libarona, quien contó con la colaboración del asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante los días previos a la votación, el estratega libertario mantuvo reuniones con representantes de los bloques "dialoguistas" en su despacho de Casa Rosada, aunque estos encuentros resultaron infructuosos. Según reveló una fuente parlamentaria involucrada en las conversaciones a 13News, "las reuniones no solo fracasaron en conseguir apoyos, sino que incluso alejaron más las posiciones de algunos senadores que podrían haber sido persuadidos".

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El resultado refleja también cierto deterioro en la relación entre el oficialismo y el PRO, partido que habitualmente ha respaldado las iniciativas libertarias en el recinto. En esta ocasión, la mayoría de los senadores del espacio liderado por Mauricio Macri optaron por rechazar los pliegos, dejando entrever tensiones subyacentes vinculadas a la competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde ambas fuerzas políticas buscan posicionarse para los próximos comicios.

La sesión legislativa se desarrolló en un contexto particular, marcado por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien originalmente tenía previsto presidir el encuentro. Los cambios en la agenda del mandatario Javier Milei, quien viajó a Estados Unidos para recibir una distinción y buscar un acercamiento con el presidente Donald Trump, modificaron el escenario institucional. Con Villarruel quedando a cargo del Poder Ejecutivo como presidenta interina, el debate en el Senado debió ser conducido por el puntano Bartolomé Abdala, integrante de La Libertad Avanza.

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Fuentes cercanas a la vicepresidenta destacaron que, aunque Villarruel no participó activamente en las negociaciones por los pliegos, su intervención dos semanas atrás resultó clave para otorgar al gobierno un plazo adicional de quince días para intentar construir consensos. "Victoria simplemente activó los mecanismos institucionales indispensables cuando las circunstancias lo requirieron", explicaron desde su entorno.

La estrategia del oficialismo experimentó varios giros en las horas previas a la votación. Inicialmente, un sector del Ejecutivo apostaba por impedir el quórum necesario para el inicio de la sesión, táctica que generó discrepancias internas. "Algunos funcionarios consideraban que esa maniobra solo postergaría un desenlace inevitable", comentó una voz gubernamental que solicitó mantener el anonimato.

Momentos antes del inicio formal del debate, los legisladores del bloque libertario intentaron incluir en el temario el controvertido proyecto de ley de Ficha Limpia, iniciativa que busca inhabilitar para cargos públicos a personas con condenas judiciales. La propuesta no prosperó ante la falta de respaldo de las demás bancadas, que decidieron concentrarse exclusivamente en el tratamiento de las designaciones judiciales.

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La decisión adoptada por el Senado cierra definitivamente la posibilidad de que el juez federal Ariel Lijo integre el máximo tribunal, debiendo retornar a su actual cargo en Comodoro Py, al cual nunca renunció debido a la incertidumbre sobre su eventual confirmación. El caso de García-Mansilla presenta mayor complejidad jurídica, ya que el académico prestó juramento como integrante de la Corte bajo la figura del nombramiento "en comisión", mecanismo constitucional que le permitiría permanecer en funciones hasta el 30 de noviembre, cuando finaliza el actual período de sesiones ordinarias del Congreso.

Consultado sobre la situación de García-Mansilla, un alto funcionario del gabinete nacional se limitó a afirmar lacónicamente: "Va a continuar", sin ofrecer mayores precisiones sobre los fundamentos legales que sustentarían esta postura ni sobre las eventuales acciones que podría adoptar el gobierno para regularizar su situación.

El proceso de designación de estos magistrados ha estado signado por controversias desde su inicio. El nombre de Lijo generó resistencias incluso en sectores cercanos al oficialismo debido a cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, mientras que García-Mansilla enfrentó objeciones vinculadas a sus posiciones académicas previas en temas como género, derechos reproductivos y memoria histórica.

En paralelo al debate sobre los jueces supremos, la oposición en la Cámara de Diputados avanzaba con otro frente potencialmente conflictivo para el Ejecutivo: la solicitud formal para constituir una comisión investigadora sobre el presunto fraude relacionado con la criptomoneda $Libra, iniciativa que el kirchnerismo viene impulsando sistemáticamente y que podría implicar la citación del propio presidente Milei y otros funcionarios gubernamentales para brindar explicaciones.

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La derrota parlamentaria en torno a las designaciones judiciales representa un significativo revés político para la administración libertaria, que deberá reconfigurar su estrategia para completar la integración del máximo tribunal, actualmente con tres miembros sobre los cinco que contempla su estructura completa. El rechazo evidencia las limitaciones estructurales que enfrenta un gobierno con escasa representación legislativa para concretar transformaciones institucionales profundas.

El episodio también subraya la compleja dinámica entre los poderes del Estado en el actual escenario político argentino. Si bien el Ejecutivo había logrado avances significativos en la aprobación de iniciativas como la Ley Bases y el paquete fiscal, este tropiezo en materia judicial sugiere que la construcción de consensos parlamentarios continúa siendo un desafío central para la gobernabilidad.

Durante su viaje oficial, el presidente Milei reaccionó con dureza al enterarse del resultado adverso, calificando al Senado como "el refugio de la casta política", expresiones que anticipan un endurecimiento en el discurso oficial hacia el poder legislativo y en particular hacia la cámara alta. Esta retórica confrontativa podría complicar futuras negociaciones en temas cruciales como el presupuesto 2026, pendiente de tratamiento parlamentario.

El rechazo a los pliegos ocurre en un momento particularmente delicado para la política exterior argentina, inmersa en negociaciones comerciales con Estados Unidos ante los recientes anuncios arancelarios de la administración Trump y conversaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para definir un nuevo programa económico, circunstancias que podrían verse indirectamente afectadas por la percepción de debilidad política interna del gobierno.

Mientras tanto, la atención política comienza a desplazarse hacia la cuestión electoral, con el presidente Milei preparando su participación activa en la campaña bonaerense para respaldar la candidatura de José Luis Espert, movimiento que podría intensificar las tensiones ya existentes con el PRO por el control del electorado de centroderecha en la provincia más poblada del país.