El equipo económico argentino enfrenta el desafío de incrementar el superávit primario acumulado durante el primer trimestre del año para alcanzar las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según revelan los documentos del acuerdo, el Ministerio de Economía logró reunir un excedente de $4,5 billones hasta marzo, pero deberá elevarlo a $6 billones para finales de mayo a fin de cumplir con el primer objetivo fiscal del programa.

En un movimiento que sorprendió a los analistas, el Gobierno anunció que buscará un ajuste fiscal más pronunciado que el originalmente previsto, llevando el superávit primario del 1,3% del PBI comprometido con el FMI a un más exigente 1,6%, lo que implica un esfuerzo adicional de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del Producto.

El primer trimestre de 2025 mostró una dinámica particular en las cuentas públicas. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto primario aumentó 11,1% en términos reales respecto al mismo período del año anterior, mientras que los ingresos solo crecieron un 0,6%. Esta disparidad en el ritmo de crecimiento entre gastos e ingresos habría sido compensada por el amplio margen de superávit heredado de marzo de 2024.

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Sin embargo, los analistas advierten que la base de comparación resulta distorsiva, ya que el primer trimestre de 2024 representó el momento de mayor ajuste fiscal implementado por la administración Milei. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que, a pesar del repunte interanual, "el gasto primario se encuentra aún 27,3% por debajo de marzo de 2023", lo que evidencia la magnitud del recorte acumulado en los últimos dos años.

El principal componente que presiona al alza el gasto público es el rubro de prestaciones sociales, particularmente aquellas vinculadas a la ley de movilidad. Según la consultora LCG, "el gasto en jubilaciones y pensiones subió 28% anual real, y en asignaciones familiares 5%", impulsado por la indexación de estos conceptos a la inflación pasada.

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Uno de los mayores desafíos que enfrenta el equipo económico para sostener el equilibrio fiscal durante 2025 será compensar una serie de ingresos extraordinarios que existieron el año pasado y que este año no se repetirán. Entre ellos se destacan:

La eliminación del impuesto PAIS: representaría una pérdida de recaudación equivalente al 1,1% del PBI.
El efecto de la devaluación de diciembre de 2023: implicaría un 0,2% del PBI menos.
Ingresos extraordinarios del paquete fiscal incluido en la Ley de Bases: otro 0,2% del PBI.
Frente a estas pérdidas de ingresos, el Gobierno planea profundizar el ajuste en diversos renglones del gasto:

Un recorte adicional en subsidios, que aportaría un ahorro del 0,6% del PBI.
Reducción del gasto jubilatorio: 0,6% del PBI.
Mayor recaudación por impuesto a los combustibles: 0,3% del PBI.
Incremento en derechos de exportación: 0,2% del PBI.
Funcionarios del Ministerio de Economía han mantenido reserva sobre cómo lograrán extender el superávit desde el 1,3% del PBI comprometido con el FMI hasta el 1,6% anunciado, aunque una alta fuente oficial aseguró a 13News que provendrá exclusivamente por la vía de recortes adicionales de gastos y no mediante nuevos ingresos extraordinarios.

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El informe técnico del FMI anticipa que "el gasto primario se mantendrá contenido (creciendo un 3% interanual en términos reales), aunque las prioridades del gasto cambiarán". El organismo multilateral proyecta "nuevos recortes en los subsidios y mejoras en la eficiencia del sector público que compensarán los aumentos en las pensiones (en consonancia con la fórmula de indexación) y la inversión pública (desde niveles bajos), manteniendo al mismo tiempo una asistencia social adecuada".

Los analistas del mercado coinciden en que el rebote de la actividad económica será clave para compensar la caída en la recaudación tributaria. Un informe del Grupo SBS señala que "para compensar la caída en estos tributos, qué tanto logre rebotar la economía será fundamental, para lo cual es clave el anclaje de expectativas y la reducción de la incertidumbre". Asimismo, destaca que "reanudar el proceso de desinflación más temprano que tarde sería un factor que jugaría claramente a favor de los ingresos base caja de 2025".

Mirando más allá del presente ejercicio, el FMI proyecta que el superávit primario deberá incrementarse hasta "alrededor del 2,5% en el mediano plazo", principalmente porque "se espera que los costos generales de los intereses aumenten en consonancia con una flexibilización gradual de las restricciones cambiarias y la refinanciación proyectada de los bonos en divisas".

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El documento técnico sugiere que una parte de la explicación sobre la necesidad de un superávit primario mayor al originalmente previsto podría estar relacionada con un incremento en el componente de intereses de deuda, especialmente si el país logra recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito en los próximos años, como anticipan tanto el Gobierno como el FMI.

La consultora LCG coincide con esta perspectiva, señalando que "la convergencia fiscal demandará una nueva ola de ajuste, que entendemos se concentrará en subsidios y gastos operativos, fundamentalmente en aquellas áreas que preserven nichos de ineficiencia todavía no corregidos".

El sostenimiento del equilibrio fiscal se ha convertido en el principal ancla de la política económica de la administración Milei, y tanto el Gobierno como el FMI lo mencionan como una de las claves para mantener la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, particularmente en un contexto de liberalización cambiaria y eventual normalización de la relación con los mercados financieros internacionales.