La Cámara baja argentina otorgó media sanción a un paquete de reformas previsionales que incluye incrementos directos en los haberes jubilatorios y la reactivación del sistema de moratoria
Economía05/06/2025 13News-Economía
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La Cámara baja argentina otorgó media sanción a un paquete de reformas previsionales que incluye incrementos directos en los haberes jubilatorios y la reactivación del sistema de moratoria. Con 142 votos favorables contra 67 negativos y 19 abstenciones, la oposición unificada logró imponer una agenda que desafía frontalmente la política de equilibrio fiscal del gobierno libertario. El presidente anticipó su decisión de vetar cualquier iniciativa que comprometa el déficit cero, estableciendo un escenario de confrontación institucional que pondrá a prueba las alianzas parlamentarias en los próximos meses.
El proyecto sancionado contempla tres modificaciones sustanciales al sistema previsional vigente. Primero, establece una actualización retroactiva del 7.2% para todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES, excluyendo únicamente los regímenes especiales. Segundo, incrementa el bono extraordinario de 70000 a 110000 pesos mensuales, incorporando además un mecanismo de actualización automática por inflación. Tercero, restituye por 24 meses el programa de moratoria que permite acceder a la jubilación mínima mediante la compra de períodos faltantes de aportes.
La coalición victoriosa reunió fuerzas tradicionalmente antagónicas en un objetivo común. Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia convergieron para superar la resistencia de La Libertad Avanza, PRO y bloques provinciales alineados con el oficialismo. La Unión Cívica Radical optó por la abstención, reflejando tensiones internas sobre la conveniencia política de apoyar medidas expansivas del gasto.
El comportamiento de ciertos actores generó interpretaciones sobre realineamientos políticos en curso. Los tres legisladores tucumanos del bloque Independencia, vinculados directamente con Osvaldo Jaldo, votaron afirmativamente pese a que el gobernador mantiene una alianza estratégica con Casa Rosada. Inicialmente estos diputados habían evitado proporcionar quórum, pero luego respaldaron las iniciativas opositoras, sugiriendo posibles fisuras en el acuerdo con el Ejecutivo nacional.
Similar sorpresa provocó el apoyo de dos legisladoras salteñas de Innovación Federal, señal interpretada como enfriamiento en las relaciones entre Gustavo Sáenz y la administración Milei. Estos movimientos adquieren relevancia adicional considerando la proximidad del cierre de listas electorales, momento donde las negociaciones políticas intensifican su complejidad y los mensajes simbólicos cobran valor estratégico.
El PRO evidenció nuevamente fracturas internas con un mapa de votación fragmentado. Mientras 22 diputados rechazaron las propuestas, 9 optaron por abstenerse y Héctor Baldassi, referente del larretismo, votó favorablemente. Esta dispersión refleja las tensiones entre quienes priorizan la disciplina coalicional con el gobierno y aquellos que buscan diferenciación ante electorados sensibles a las demandas sociales.
La votación sobre moratoria previsional presentó características distintivas. Con 111 votos positivos contra 100 negativos y 15 abstenciones, el margen resultó considerablemente más estrecho. La decisión de Encuentro Federal y Democracia para Siempre de abstenerse mayoritariamente resultó determinante, frustrando los cálculos oficialistas que esperaban sumar estas voluntades para bloquear la iniciativa.
Itai Hagman defendió la moratoria argumentando que sin este mecanismo 7 de cada 10 personas quedarían excluidas del sistema jubilatorio. El legislador peronista enfatizó la injusticia de negar prestaciones a quienes trabajaron informalmente contra su voluntad, planteando una perspectiva social del problema previsional que contrasta con el enfoque actuarial del gobierno.
El radicalismo y sectores del PRO habían propuesto alternativas basadas en sistemas de prestación proporcional, considerando los años efectivamente aportados. Lisandro Nieri expresó preocupación por aprobar medidas destinadas al veto presidencial sin generar soluciones concretas para los jubilados. Esta posición intermedia buscaba equilibrar responsabilidad fiscal con sensibilidad social, pero no logró consenso suficiente.
Los cálculos sobre impacto presupuestario dominaron el debate previo. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento del bono representaría aproximadamente 0.26% del PBI, mientras funcionarios del Palacio de Hacienda proyectaron que la actualización del 7.2% implicaría 0.20% del producto para 2025 y 0.42% para 2026, totalizando 0.7% del PBI en términos acumulados.
La oposición propuso fuentes de financiamiento específicas para sustentar estos gastos adicionales. Entre las medidas compensatorias figuran la eliminación de exenciones impositivas para directores empresariales, modificaciones en el tratamiento tributario de sociedades de garantía recíproca, utilización del ahorro derivado de la reducción de sobrecargos del FMI, nacionalización de fondos de entes recaudadores y reasignación de partidas destinadas a la SIDE mediante decreto presidencial.
El proyecto incorpora la formalización legal de la fórmula de movilidad jubilatoria actualmente vigente por decreto desde abril del año anterior. Adicionalmente, establece mecanismos automáticos para transferencias a cajas provinciales no transferidas, con actualización inflacionaria, respondiendo a demandas históricas de gobernadores sobre federalización de recursos previsionales.
Las declaraciones presidenciales posteriores a la votación confirmaron la estrategia confrontativa. Milei calificó las medidas como demagogia populista y reiteró su compromiso inquebrantable con el déficit cero, anticipando el veto ante eventual sanción definitiva. Esta postura establece un escenario de pulseada institucional donde el Ejecutivo necesitará mantener cohesión en al menos un tercio de cada cámara para sostener sus decisiones.
El Senado emerge como próximo escenario de disputa. El peronismo requiere apenas tres votos adicionales para conformar mayoría, umbral considerablemente accesible dadas las dinámicas de negociación en la cámara alta. La confirmación de los proyectos parece altamente probable, trasladando la definición final al mecanismo de veto y eventual insistencia parlamentaria.
Los gobernadores adquieren rol protagónico en este esquema. El oficialismo necesitará convencer a mandatarios provinciales para que instruyan a sus legisladores a respaldar los vetos presidenciales, alcanzando el tercio necesario (87 diputados) para sostenerlos. Esta negociación involucrará inevitablemente compromisos sobre recursos federales, generando la paradoja sintetizada por un legislador dialoguista: cobrarán los jubilados o cobrarán los gobernadores.
El timing electoral agrega complejidad adicional. Con cierres de listas aproximándose, las señales políticas adquieren múltiples lecturas. Algunos interpretan los votos de bloques tradicionalmente aliados como advertencias sobre límites de la cooperación parlamentaria. Otros ven maniobras tácticas destinadas a mejorar posiciones negociadoras en las configuraciones electorales provinciales.
La tensión entre objetivos macroeconómicos y demandas sociales alcanza nuevo punto crítico. Mientras el gobierno prioriza la estabilidad fiscal como ancla antiinflacionaria, amplios sectores reclaman mejoras inmediatas para jubilados cuyos ingresos perdieron poder adquisitivo dramáticamente. Esta dicotomía estructura el debate político actual y condiciona las estrategias de todos los actores involucrados.
El episodio parlamentario revela también dinámicas más profundas del sistema político argentino. La capacidad opositora para construir mayorías circunstanciales contrasta con las dificultades oficialistas para mantener disciplina incluso entre aliados declarados. Esta asimetría complica la gobernabilidad y anticipa escenarios de negociación permanente para cada iniciativa legislativa.
Las abstenciones masivas en votaciones clave evidencian cálculos políticos sofisticados. Bloques que evitan comprometerse totalmente con ninguna posición buscan maximizar márgenes de maniobra futuros, especialmente relevante en contextos preelectorales donde la flexibilidad táctica puede traducirse en ventajas competitivas.
El debate trasciende aspectos técnicos del sistema previsional para exponer concepciones antagónicas sobre el rol del Estado. Mientras el oficialismo defiende la sustentabilidad fiscal como condición necesaria para cualquier política pública, la oposición prioriza la función protectora estatal ante sectores vulnerables, planteando interrogantes fundamentales sobre prioridades sociales en contextos de restricción.
La resolución de este conflicto institucional establecerá precedentes significativos. Si el Ejecutivo logra sostener sus vetos, consolidará una estrategia de gobernabilidad basada en bloquear iniciativas parlamentarias contrarias a su programa. Si el Congreso consigue insistir exitosamente, demostrará capacidad para imponer agenda legislativa incluso contra la voluntad presidencial, reconfigurando equilibrios de poder.
El escenario inmediato promete intensificación de negociaciones y presiones cruzadas. Gobernadores evaluarán costos y beneficios de cada alternativa mientras legisladores calibran posicionamientos electorales. La sociedad observa expectante si prevalecerá la disciplina fiscal o las demandas de justicia social, dilema que sintetiza las contradicciones estructurales del momento político argentino actual.
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