La maquinaria institucional se activó desde las primeras horas del 11 de junio en las oficinas que dirige la ministra de Seguridad Nacional. Una serie de reuniones técnicas comenzaron a desarrollarse para definir la ubicación donde la expresidenta argentina deberá cumplir su sentencia, en caso de que las autoridades judiciales no convaliden el régimen de arresto domiciliario solicitado por su defensa legal.

El magistrado Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, formalizó ayer una solicitud específica dirigida a Patricia Bullrich. La demanda judicial establece un plazo de 24 horas para que el organismo de seguridad designe una instalación de las fuerzas federales que reúna las condiciones apropiadas para alojar a los 9 condenados en la denominada Causa Vialidad, encabezados por la exmandataria.

Las expectativas en el ámbito jurídico apuntan hacia una alta probabilidad de que el sistema judicial apruebe la modalidad de prisión domiciliaria. Esta evaluación se fundamenta en el comportamiento procesal que mantuvo la dos veces presidenta durante todo el desarrollo del caso. Los letrados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy presentaron formalmente esta petición mediante un documento que busca evitar el traslado a un centro de detención federal.

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La notificación oficial establece un cronograma de 5 días hábiles para que los sentenciados comparezcan ante las instalaciones de Comodoro Py con el objetivo de iniciar el cumplimiento de sus respectivas condenas. Sin embargo, existe la posibilidad de que la resolución sobre el arresto domiciliario no se concrete antes de esta presentación obligatoria, lo que generaría un período transitorio de detención en establecimientos federales.

Diversas fuentes del entorno judicial revelan que se desarrollan negociaciones en los tribunales de Comodoro Py para facilitar un procedimiento expeditivo. El objetivo consiste en que la expresidenta se presente en dichas instalaciones pero regrese inmediatamente a su domicilio en el barrio porteño de Constitución para ejecutar allí su sentencia.

En el marco de estas decisiones institucionales, el Ministerio de Seguridad Nacional evalúa múltiples alternativas que se ajusten a los requerimientos específicos planteados por el magistrado Gorini. La solicitud judicial enfatiza la necesidad de considerar las circunstancias particulares que rodean la detención de la exmandataria, incluyendo factores como su edad avanzada, los protocolos de seguridad derivados de sus anteriores roles ejecutivos y el antecedente del atentado fallido que sufrió en 2022.

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Entre las opciones que maneja el organismo de seguridad se encuentra la Alcaidía de Mujeres, situada en la intersección de las calles Cavia y Figueroa Alcorta en Palermo. También se analiza un establecimiento de Gendarmería Nacional ubicado en el barrio de Retiro, que presenta la ventaja de su proximidad geográfica con los tribunales donde debe presentarse la condenada.

Fuentes ministeriales confirmaron que la decisión final se está elaborando durante estas horas. Representantes cercanos a Bullrich expresaron que "en cualquier situación nos vamos a ajustar a los requerimientos de la Justicia", mientras añadieron que están "pensando en un lugar acorde" para el eventual caso de que deba transcurrir sus primeros días de prisión en una instalación federal.

La defensa legal de la expresidenta minimizó la relevancia de las decisiones que pueda adoptar la ministra de Seguridad. Gregorio Dalbón, quien ejerce actualmente la vocería del caso, sostuvo que "la situación suya dependerá exclusivamente del TOF 2 que la juzgó". El letrado enfatizó que Bullrich "no tiene competencia para inmiscuirse en el Poder Judicial".

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Dalbón caracterizó a la funcionaria como "una represora de niños y jubilados" y recordó que durante la campaña electoral se promocionaba "una cárcel con el nombre de CFK". Por estos motivos, el abogado descartó categóricamente cualquier participación de la ministra en el proceso de ejecución de la sentencia.

El representante legal se encuentra actualmente en La Haya, Países Bajos, donde presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional alegando una "persecución política, judicial y mediática" contra su defendida. La estrategia legal internacional continuará la próxima semana con un viaje a Washington D.C., donde tiene sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa instancia se formalizará una nueva denuncia como parte de la defensa integral de la expresidenta.

El equipo legal está integrado por varios profesionales, siendo Beraldi y Llernovoy quienes redactaron el escrito de 13 páginas presentado ante el Tribunal Oral Federal 2. La solicitud de arresto domiciliario especifica que debe ejecutarse en el edificio de San José 1111, donde reside actualmente y desde cuyo balcón saludó ayer a los simpatizantes que se congregaron tras conocerse la resolución de la Corte Suprema.

El Ministerio de Seguridad Nacional no desplegó operativos especiales en esa ubicación, aunque mantiene seguimiento de los movimientos de la expresidenta en previsión de su presentación en Comodoro Py. Durante esta jornada, tanto la Casa Rosada como el Congreso Nacional aparecieron protegidos con vallas perimetrales como medida preventiva.

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La tradicional Marcha de Jubilados de los miércoles adquiere características particulares en este contexto. Esta protesta habitual, que reúne a jubilados autoconvocados en la Plaza de los Dos Congresos, se ha amplificado en las últimas semanas debido a múltiples factores: la crisis económica, la reducción de medicamentos del PAMI, la eliminación de la moratoria previsional, el veto presidencial al aumento de haberes y el conflicto salarial en el hospital pediátrico Garrahan.

La convocatoria ha evolucionado desde un reclamo sectorial hacia una movilización que incorpora gremios, organismos de derechos humanos, docentes universitarios, colectivos de discapacidad, movimientos feministas y agrupaciones como el Movimiento Evita, la UTEP y la CTA. Se anticipa también la participación de dirigentes políticos del peronismo que manifestaron su rechazo al fallo judicial.

Las consignas principales incluyen el rechazo al ajuste económico, la defensa del sistema democrático y la denuncia de lo que consideran una proscripción política. La protesta está programada para comenzar a las 15 horas, con columnas que se concentrarán en las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. El operativo de seguridad será reforzado con vallados similares a los implementados en movilizaciones anteriores.

Esta situación marca un momento crucial en la historia política argentina reciente, donde convergen aspectos judiciales, institucionales y sociales que definen el curso de los acontecimientos en las próximas jornadas.