El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó una estrategia política que podría revolucionar el sistema fiscal argentino
Economía14/07/2025 13News-Economía
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó una estrategia política que podría revolucionar el sistema fiscal argentino. Durante una entrevista en LN+, el funcionario recomendó al presidente Javier Milei evitar el veto al proyecto de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsan los 23 gobernadores provinciales junto al jefe de Gobierno porteño.
La propuesta de Sturzenegger va más allá de una simple decisión administrativa. El ministro identifica en esta iniciativa una oportunidad estratégica para modificar posteriormente la Ley de Coparticipación Federal mediante procedimientos legislativos ordinarios, evitando así el complejo mecanismo de ratificación provincial que actualmente exige la normativa vigente.
La argumentación del titular de Desregulación se centra en un precedente constitucional significativo. Según su interpretación, la aprobación senatorial del proyecto establecería jurisprudencia sobre la capacidad del Congreso Nacional para alterar el régimen coparticipable sin requerir el consenso unánime de las 24 jurisdicciones provinciales.
"Si el presidente me consulta, yo le diría que esta no la vete", declaró Sturzenegger, subrayando que la sanción de esta ley por parte del Senado habría validado la posibilidad de reformar la coparticipación mediante una norma simple del poder legislativo nacional. Esta interpretación adquiere relevancia especial considerando que provincias opositoras al gobierno nacional, como Formosa, participaron en la votación favorable.
Desde el Ministerio de Desregulación aclararon posteriormente que las declaraciones del funcionario no constituyen una propuesta oficial en desarrollo, sino una reflexión destinada a evidenciar las contradicciones en el comportamiento político de los mandatarios provinciales. Sin embargo, la recepción dentro del oficialismo sugiere mayor interés del que inicialmente se admitió.
Fuentes oficiales consultadas por medios especializados expresaron respaldo a la iniciativa planteada por Sturzenegger. Un funcionario con acceso directo al despacho presidencial calificó la propuesta como "para nada mala", sugiriendo que el ministro habría conversado previamente el tema con Milei. Desde el ámbito legislativo, las reacciones fueron aún más entusiastas, describiendo la estrategia como "brillante".
No obstante, la implementación práctica de esta táctica enfrenta obstáculos políticos considerables. Acceder al reclamo de los gobernadores antes de las elecciones legislativas de octubre podría interpretarse como una concesión gubernamental en un momento de particular tensión con las administraciones provinciales. Además, cualquier modificación unilateral del sistema coparticipable intensificaría inevitablemente los conflictos federales.
El interés libertario por reformar la Coparticipación Federal no constituye una novedad en la agenda gubernamental. Esta aspiración formaba parte de la Plataforma Electoral de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial, donde se la incluía específicamente dentro del paquete de transformaciones de tercera generación. Según esta planificación, las modificaciones al régimen fiscal federal se implementarían entre 2026 y 2027, posterior a las reformas laborales, tributarias y previsionales.
La reforma del sistema coparticipable integra los 10 puntos fundamentales del Pacto de Mayo, el acuerdo que Milei propuso para "la refundación de Argentina" y que lograron suscribir 19 provincias. Notablemente, Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, todas alineadas con la conducción peronista-kirchnerista, rechazaron adherir a este compromiso.
El Consejo de Mayo, inaugurado el mes pasado tras más de un año de demoras desde su anuncio inicial, constituye el marco institucional para debatir estos puntos. El mendocino Alfredo Cornejo representa a las provincias en este órgano, aunque desde el sector gubernamental prevalece el escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar consensos mínimos respecto a las modificaciones coparticipables.
Los antecedentes de esta discusión se remontan a mayo de 2024, cuando operadores gubernamentales utilizaron la amenaza de reforma unilateral de la Coparticipación como herramienta de presión política contra las provincias renuentes a firmar el Pacto de Mayo. En esa oportunidad, un alto funcionario de Casa Rosada con línea directa a Milei sugería que existía "una parte de la biblioteca" jurídica que respaldaba modificaciones sin consenso provincial.
Los constitucionalistas respondieron entonces que el Ejecutivo carecía de facultades para implementar reformas parciales, argumentando que "el artículo 75 inciso 2 es una regla cerrada" que no admite interpretaciones alternativas. Esta posición doctrinal contrasta con la lectura que ahora propone Sturzenegger sobre el precedente senatorial.
La estrategia planteada por el ministro implica un cálculo político particular: resulta más viable convencer a los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lograr el acuerdo de los 24 gobernadores provinciales. Esta perspectiva sugiere que el gobierno estaría dispuesto a judicializar la cuestión antes que negociar consensos federales amplios.
El régimen coparticipable vigente data de la Reforma Constitucional de 1994 y constituye una asignatura pendiente del federalismo argentino. Los porcentajes actuales, como los que corresponden a provincias como Formosa bajo la administración de José Mayans, permanecen "blindados" según la interpretación tradicional, requiriendo unanimidad provincial para cualquier modificación.
La propuesta de Sturzenegger introduce un elemento disruptivo en esta ecuación institucional. Si prosperara la interpretación de que el Congreso puede modificar unilateralmente la coparticipación, se abriría un debate fundamental sobre el equilibrio federal argentino, con implicaciones que trascienden la mera distribución de recursos fiscales para incidir en la arquitectura constitucional del país.
Las posibilidades de materialización de esta estrategia permanecen remotas en el contexto político actual, pero su sola formulación evidencia la búsqueda gubernamental de alternativas para implementar transformaciones estructurales sin depender de consensos federales amplios.
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