La Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias de la Cámara de Diputados resolvió convocar a altos funcionarios del área económica para que brinden explicaciones detalladas sobre la administración de los recursos provenientes del gravamen a los combustibles líquidos. La decisión parlamentaria surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre el destino de estos fondos, que según la normativa vigente deberían financiar obras viales, programas habitacionales y diversos planes sociales.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Juan Alberto Pazo, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, fueron citados para comparecer el próximo 5 de agosto ante los legisladores. La convocatoria se produce en un contexto político complejo, marcado por la reciente aprobación en el Senado de 2 proyectos impulsados por gobernadores provinciales que buscan modificar sustancialmente el esquema de coparticipación de este tributo y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional.

Victoria Villarruel, en su rol de vicepresidenta y presidente del Senado, comunicó formalmente este martes a la Cámara Baja las sanciones de ambas iniciativas legislativas. Las propuestas parlamentarias apuntan a transformar la actual estructura de reparto de los recursos del impuesto a combustibles líquidos y establecer nuevos criterios para la asignación de los ATN, creados originalmente en 1988 para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales.

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Martín Menem, presidente de Diputados, definirá este miércoles el giro de los proyectos a las comisiones correspondientes. Se anticipa que la comisión de Presupuesto y Hacienda, bajo la presidencia del libertario José Luis Espert, será la encargada de analizar la cabecera del tratamiento. El jueves se publicará el trámite parlamentario correspondiente, notificando oficialmente a todos los bloques políticos sobre el inicio del proceso de debate.

Juan Manuel Pedrini, quien encabeza la comisión de seguimiento tributario, expresó críticas contundentes hacia la gestión de Espert al frente de Presupuesto. El legislador cuestionó la efectividad de la conducción de esa comisión estratégica y manifestó dudas sobre la convocatoria para tratar estos proyectos específicos. Pedrini aclaró que su comisión actúa posterior a la sanción de las leyes, enfocándose en el seguimiento y control de la implementación normativa.

El diputado de Unión por la Patria explicó que el objetivo central de la convocatoria es determinar el monto exacto recaudado por el impuesto a combustibles líquidos y verificar el destino efectivo de esos recursos. Una porción significativa de lo recaudado debe destinarse obligatoriamente a infraestructura vial, sector que presenta un estado crítico según las observaciones parlamentarias. Los legisladores señalan que las rutas nacionales se encuentran en condiciones deficientes pese a la disponibilidad teórica de fondos específicos para su mantenimiento.

Otro componente del gravamen debe financiar el Fondo Nacional de Vivienda, destinado a la construcción habitacional social. Sin embargo, los representantes opositores denuncian la ausencia total de proyectos de vivienda en ejecución a nivel nacional, sugiriendo una apropiación indebida de recursos que corresponden constitucionalmente a todos los ciudadanos. Esta situación genera interrogantes sobre la transparencia en la administración de fondos públicos específicamente asignados.

La convocatoria parlamentaria incluye también a Marcelo Jorge Campoy, administrador general de Vialidad Nacional, y a integrantes del equipo técnico de la Comisión Federal de Impuestos. Esta ampliación de la citación refleja la intención legislativa de obtener una visión integral sobre el manejo de los recursos tributarios y su impacto en las políticas públicas sectoriales.

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Los proyectos impulsados por los gobernadores buscan coparticipar efectivamente el impuesto a combustibles líquidos y regular la distribución de los ATN. La propuesta contempla la disolución de varios fideicomisos existentes, incluyendo el sistema de Infraestructura de Transporte, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Nacional de Vivienda y el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.

La nueva estructura distributiva establece que los recursos, exceptuando los combustibles líquidos, se repartirían según la ley de coparticipación vigente. Un 14,29% se destinaría al Tesoro Nacional, mientras que un 28,69% financiaría el Sistema Único de Seguridad Social para cubrir obligaciones previsionales nacionales. El 2,55% se asignaría a compensación del transporte público, y el porcentaje mayoritario del 57,02% correspondería directamente a las provincias.

Respecto a los ATN, el proyecto específico establece una distribución provincial donde el 25% se reparte en partes iguales entre todas las jurisdicciones, mientras que el 75% restante sigue los criterios de la ley de coparticipación tradicional. La integración financiera de estos aportes se constituye con el equivalente al 1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548, el 2% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el 1% del 90% de lo recaudado por el Impuesto a los Bienes Personales.

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La comisión de seguimiento de normas tributarias quedó formalmente constituida este martes con 31 diputados nacionales. Juan Manuel Pedrini asumió la presidencia, secundado en las vicepresidencias por Guillermo Snopek de Unión por la Patria y Nicolás Emma de La Libertad Avanza. La integración incluye representantes de diversos bloques políticos, garantizando pluralidad en el tratamiento de las cuestiones tributarias.

Entre los miembros se encuentran Tanya Bertoldi, Sabrina Selva, Ricardo Herrera y Luciana Potenza por Unión por la Patria, Luciano Laspina y Nancy Ballejos del PRO, Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano y Carlos Zapata de La Libertad Avanza, además de representantes de otros espacios como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Unión Cívica Radical.

La citación programada para el 5 de agosto representa un momento crucial para la transparencia fiscal argentina. Los funcionarios convocados deberán proporcionar información detallada sobre la recaudación, administración y destino efectivo de recursos que constituyen una fuente significativa de financiamiento para infraestructura y políticas sociales. La respuesta gubernamental a estos requerimientos legislativos influirá decisivamente en el debate posterior sobre las propuestas de reforma distributiva impulsadas por los gobernadores provinciales.