El Poder Judicial intervino decisivamente en la controversia administrativa que rodeaba el destino de la Dirección Nacional de Vialidad, otorgando una suspensión temporal al decreto presidencial que ordenaba su disolución. La magistrada federal Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2 de San Martín, concedió una medida cautelar que paraliza durante 6 meses la implementación del controvertido decreto 461/2025.

La resolución judicial representa una victoria significativa para el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), organización gremial que impulsó la acción legal contra la determinación gubernamental. Esta entidad sindical forma parte de un conjunto de 6 gremios que representan los intereses de más de 5000 trabajadores vinculados a la institución vial nacional.

La decisión del tribunal federal se fundamenta en consideraciones jurídicas que cuestionan las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo Nacional a través de la Ley Bases número 27.742. Según el análisis judicial, esta normativa no confiere atribuciones suficientes para proceder con la clausura de un organismo autárquico que posee características institucionales específicas y una trayectoria histórica consolidada.

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El documento judicial, que consta de 9 páginas según las fuentes consultadas, desarrolla argumentos técnicos que destacan la antigüedad institucional del ente vial. La Dirección Nacional de Vialidad cuenta con más de 93 años de existencia desde su creación mediante ley, circunstancia que refuerza su estatus jurídico y complica cualquier intento de disolución administrativa unilateral.

La magistrada Forns identificó riesgos concretos asociados con la aplicación inmediata del decreto presidencial, particularmente en relación con las consecuencias laborales que podría generar la medida. El fallo judicial menciona específicamente la posibilidad de traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas y vaciamientos funcionales como amenazas reales para la estabilidad del personal técnico especializado.

El decreto cuestionado contemplaba la transferencia de las competencias viales hacia el Ministerio de Economía y la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Esta redistribución de funciones formaba parte de la estrategia gubernamental de reestructuración del aparato estatal, alineada con los principios de reducción del gasto público y optimización administrativa que caracterizan la gestión libertaria.

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La resolución judicial presta especial atención al artículo 32 del decreto presidencial, disposición que condicionaba la estabilidad laboral del personal a futuras decisiones administrativas. Esta cláusula generó preocupaciones legales porque podría vulnerar los convenios colectivos de trabajo vigentes y normativas de jerarquía constitucional que protegen los derechos laborales.

La argumentación del tribunal enfatiza la naturaleza técnica del organismo vial y la necesidad de preservar su autonomía funcional para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. La infraestructura vial nacional requiere expertise especializado y continuidad institucional que podría verse comprometida por cambios abruptos en la estructura organizacional.

La medida cautelar otorgada por la magistrada Forns se enmarca en el sistema de protección judicial contra actos administrativos que pueden generar daños irreparables. La suspensión temporal permite evaluar con mayor detenimiento los aspectos legales y técnicos involucrados en la controversia, brindando tiempo para un análisis más exhaustivo de las implicancias de la decisión gubernamental.

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El fallo judicial genera un precedente significativo en el contexto de las reformas administrativas impulsadas por la administración Milei. La decisión demuestra que el Poder Judicial mantiene su rol de control constitucional sobre las decisiones del Ejecutivo, especialmente cuando estas afectan organismos con características institucionales específicas y personal especializado.

La suspensión judicial llega en un momento de intensa actividad reformista del gobierno nacional, que ha implementado múltiples medidas de reestructuración del Estado. La Dirección Nacional de Vialidad se suma a otros organismos que han experimentado modificaciones estructurales como parte de la estrategia de modernización administrativa.

La resolución temporal no constituye una decisión definitiva sobre el futuro del organismo vial, sino que establece un período de evaluación durante el cual se podrán presentar argumentos adicionales y analizar con mayor profundidad las implicancias jurídicas y técnicas de la medida presidencial.

Los representantes sindicales que impulsaron la acción legal consideran la decisión judicial como una validación de sus argumentos sobre la importancia institucional del organismo vial y los riesgos asociados con su disolución. La medida cautelar proporciona un respiro temporal que permite organizar estrategias adicionales de defensa institucional.

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La controversia judicial refleja las tensiones inherentes entre la agenda reformista del gobierno nacional y la resistencia de sectores que defienden la continuidad de estructuras administrativas tradicionales. El caso de Vialidad Nacional ilustra los desafíos legales que enfrenta la administración libertaria en su intento de transformar el aparato estatal.

La decisión del tribunal federal también pone de relieve la complejidad jurídica de los procesos de reestructuración administrativa, particularmente cuando involucran organismos con historia institucional consolidada y personal especializado. La medida cautelar establece un marco temporal que permite evaluar alternativas que preserven tanto la eficiencia administrativa como la continuidad funcional.

El plazo de 6 meses otorgado por la magistrada Forns proporciona un período suficiente para que las partes involucradas presenten argumentos adicionales y exploren posibles soluciones que concilien los objetivos de modernización estatal con la preservación de capacidades técnicas esenciales para el mantenimiento de la infraestructura vial nacional.

La resolución judicial representa un capítulo significativo en la evolución del debate sobre la reforma del Estado argentino, estableciendo precedentes sobre los límites jurídicos de las facultades delegadas y la importancia de preservar organismos técnicos especializados en el marco de procesos de reestructuración administrativa.