La semana previa al cierre de listas en territorio bonaerense expone las fracturas profundas que atraviesan el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, un pacto que desde su concepción exhibió síntomas de inestabilidad estructural y que ahora enfrenta su momento más crítico. Las tensiones acumuladas durante meses de negociaciones han escalado hasta provocar rupturas definitivas que amenazan la viabilidad misma del entendimiento político diseñado por las cúpulas partidarias.

La salida oficial del intendente de Pergamino, Javier Martínez, representa apenas la punta del iceberg de una crisis que se extiende silenciosamente por múltiples municipios bonaerenses. El descontento no constituye un fenómeno aislado sino el resultado predecible de una estrategia libertaria que privilegia la imposición sobre la negociación, evidenciando las limitaciones conceptuales de un espacio político que confunde crecimiento electoral con capacidad de construcción institucional.

Pablo Petrecca, alcalde de Junín, y María José Gentile, responsable del ejecutivo municipal de 9 de Julio, mantienen en evaluación su permanencia en el armado conjunto, una decisión que trasciende consideraciones meramente tácticas para adentrarse en territorio de definiciones estratégicas fundamentales. El entorno de ambos mandatarios confirma que las deliberaciones continúan, mientras las presiones temporales del cronograma electoral agregan urgencia a resoluciones que requieren análisis profundo.

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Los reclamos libertarios que motivaron estas fracturas revelan una concepción distorsionada del concepto de alianza política. La exigencia del 70% de las nóminas de concejales en diversos distritos constituye una demanda que trasciende límites razonables y se adentra en territorio de absorción territorial, una estrategia que contradice principios básicos de colaboración inter-partidaria y evidencia objetivos hegemónicos que exceden acuerdos electorales puntuales.

Esta dinámica extractiva por parte de La Libertad Avanza expone una contradicción fundamental entre el discurso libertario sobre descentralización del poder y las prácticas concretas de concentración decisoria que implementan en territorio. La distancia entre retórica y realidad política alcanza dimensiones que comprometen la credibilidad del proyecto político encabezado por Javier Milei en su traducción a dinámicas territoriales específicas.

Dirigentes prominentes del PRO admiten privadamente que varios alcaldes se encuentran "más afuera que adentro" del acuerdo, una expresión que sintetiza el deterioro progresivo de un entendimiento que nació con limitaciones evidentes. La descripción de negociaciones "muy trabadas" refleja incompatibilidades que superan diferencias tácticas menores para adentrarse en terreno de visiones incompatibles sobre distribución de poder y construcción política.

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La ambigüedad calculada en declaraciones del entorno de Petrecca, donde "ni se confirma ni se descarta" una eventual ruptura, ilustra la complejidad del momento político que atraviesan dirigentes territoriales atrapados entre lealtades partidarias históricas y evaluaciones pragmáticas sobre viabilidad electoral futura. Esta indefinición refleja procesos deliberativos genuinos que trascienden cálculos electorales inmediatos.

Las alternativas que evalúan los mandatarios disconformes evidencian la fragmentación creciente del escenario político bonaerense. La opción de boleta corta representa una estrategia defensiva que prioriza preservación de capital político territorial sobre proyecciones de crecimiento, mientras que la incorporación al espacio de centro constituye una apuesta de mayor riesgo pero con potencial transformador significativo.

El espacio integrado por radicales, peronistas no kirchneristas y otros sectores emerge como alternativa atractiva para dirigentes del PRO que buscan distanciarse tanto del kirchnerismo como de las prácticas autoritarias que caracterizan al libertarismo militante. Esta tercera vía representa una oportunidad de reconfiguración política que podría alterar equilibrios electorales tradicionales en territorio bonaerense.

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Diego Reyes, jefe comunal de Puan, prácticamente confirma su decisión de competir independientemente tras la imposibilidad de alcanzar entendimientos con representantes libertarios. Su situación ejemplifica como las rigideces negociadoras de La Libertad Avanza generan costos políticos innecesarios que debilitan perspectivas electorales conjuntas sin beneficios compensatorios evidentes.

Lisandro Matzkin, alcalde de Coronel Pringles, evalúa caminos similares mediante competencia con sello partidario propio. Estas decisiones individuales configuran un patrón de fragmentación que compromete objetivos estratégicos compartidos y evidencia fallas en metodologías de construcción política implementadas por dirigencias libertarias.

En contraste, figuras como Sebastián Abella de Campana mantienen convicciones sobre la viabilidad del acuerdo conjunto, describiendo la alianza con libertarios como "el único camino" posible. Esta persistencia refleja evaluaciones diferentes sobre costos y beneficios políticos, aunque también podría evidenciar condiciones negociadoras más favorables en contextos municipales específicos.

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Juan Ibarguren de Pinamar avanza con armados conjuntos sin conflictos significativos, sugiriendo que las tensiones no afectan uniformemente todos los territorios. Estas variaciones locales indican que problemas estructurales del acuerdo conviven con adaptaciones exitosas en contextos particulares, complicando evaluaciones generales sobre sustentabilidad del entendimiento.

Guillermo Montenegro de General Pueyrredón mantiene su rol de promotor activo del acuerdo y suena fuertemente para encabezar representaciones legislativas provinciales. Su posicionamiento refleja apuestas de crecimiento político personal que trascienden consideraciones sobre viabilidad colectiva del proyecto, evidenciando como intereses individuales pueden divergir de evaluaciones partidarias generales.

La situación en Bahía Blanca ilustra complejidades adicionales donde disputas libertarias internas se superponen con negociaciones inter-partidarias. La posible candidatura de Héctor Gay por sobre Oscar Liberman representa intentos de acomodamiento que buscan reducir tensiones mediante concesiones específicas, aunque estas soluciones parciales no abordan problemas estructurales del acuerdo general.

Las décenas de reuniones diarias que caracterizaron los últimos días previos al cierre reflejan intensidad negociadora que contrasta con resultados magros en términos de resoluciones definitivas. Esta hiperactividad política sugiere improvisación más que planificación estratégica, evidenciando limitaciones en capacidades de construcción política que afectan ambos espacios partidarios.

La fecha límite del 19 de julio concentra presiones temporales que podrían forzar decisiones sub-óptimas motivadas por urgencias del cronograma electoral más que por evaluaciones estratégicas maduras. Esta dinámica favorece soluciones de corto plazo que pueden generar costos políticos significativos en horizontes temporales extendidos.

El mandato de resolución cupular para conflictos locales irresolubles evidencia centralización decisoria que contradice principios federalistas que ambos espacios dicen defender. Esta contradicción expone limitaciones conceptuales que comprometen coherencia política interna y credibilidad externa de dirigencias partidarias involucradas en el acuerdo.

La crisis actual trasciende dificultades tácticas temporales para evidenciar incompatibilidades fundamentales entre concepciones políticas diferentes sobre construcción de poder, relacionamiento inter-partidario y desarrollo territorial. Las fracturas observadas constituyen síntomas de problemas más profundos que requieren revisiones estratégicas integrales más que ajustes cosméticos de última hora.