La administración nacional ejecutó la remoción inmediata de Diego Spagnuolo como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la divulgación de grabaciones comprometedoras donde el funcionario denunciaba esquemas de corrupción dentro del organismo. La decisión presidencial se adoptó de manera preventiva ante las repercusiones políticas que generaron las revelaciones en pleno año electoral.

La Vocería presidencial confirmó la medida durante las primeras horas del jueves mediante un comunicado oficial publicado en la red social X. La resolución establece que el ministro de Salud, Mario Lugones, asumirá la intervención directa de la Agencia Nacional de Discapacidad y designará próximamente al interventor responsable de garantizar el funcionamiento normal del organismo.

El Boletín Oficial formalizó posteriormente la limitación de la designación del doctor Diego Orlando Spagnuolo, extendiéndose idéntica medida hacia Daniel María Garbellini, quien se desempeñaba como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del mismo organismo. Esta doble remoción evidencia la magnitud de las irregularidades detectadas en la estructura administrativa de la agencia.

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Las grabaciones difundidas por el programa Data Clave del streaming Carnaval revelaron una presunta operatoria sistemática donde se exigían pagos irregulares a laboratorios farmacéuticos que mantienen contratos con ANDIS. Los audios comprometen directamente a figuras centrales del gobierno, incluyendo a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, junto con Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

Spagnuolo expresó en las grabaciones su preocupación por la situación institucional: "A mí me están defalcando la agencia". El funcionario detalló el mecanismo utilizado para desviar recursos, explicando que representantes de Droguería Suizo Argentina contactaban proveedores instruyéndolos sobre nuevas modalidades de facturación que implicaban sobrecostos del 8% en medicamentos.

La empresa mencionada mantiene vínculos directos con Martín Menem, según se desprende de las declaraciones registradas. Spagnuolo caracterizó esta operatoria como "un kiosco de 20.000 a 30.000 dólares mensuales" y especificó la distribución porcentual de los beneficios irregulares: "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria".

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El ex director manifestó en los audios carecer de control sobre estas maniobras, optando por "controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver". Esta declaración sugiere la existencia de circuitos paralelos de decisión que operaban sin su conocimiento o autorización.

Una revelación particularmente significativa emerge cuando Spagnuolo afirma haber informado directamente al presidente sobre estas irregularidades: "Yo fui y le dije 'Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?'". Esta afirmación implica que el mandatario habría estado al tanto de las denuncias internas sobre corrupción.

El mecanismo fraudulento operaba mediante la manipulación de descuentos farmacéuticos. Spagnuolo explicó que existe "una gama enorme de negocios" donde medicamentos con descuentos proporcionan mayor rentabilidad, mientras aquellos sin descuentos generan márgenes menores. La estrategia de Droguería Suizo consistía en canalizar exclusivamente hacia su estructura los productos con descuentos, maximizando así los beneficios económicos.

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La cronología de eventos muestra que las grabaciones fueron realizadas mientras Spagnuolo permanecía en funciones, documentando en tiempo real las presuntas irregularidades que posteriormente motivarían su remoción. El contenido de los audios sugiere un conocimiento detallado de los mecanismos fraudulentos, incluyendo montos específicos y porcentajes de distribución entre los involucrados.

La intervención de Mario Lugones como responsable de la normalización institucional marca un precedente significativo en la gestión de crisis dentro del gabinete nacional. El ministro de Salud deberá implementar medidas correctivas inmediatas para restablecer la confianza en un organismo que administra recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población.

La empresa Droguería Suizo Argentina emerge como actor central en el esquema denunciado, aprovechando presuntamente su conexión con funcionarios gubernamentales para obtener ventajas comerciales indebidas. Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en las contrataciones públicas del sector salud.

La remoción simultánea de Spagnuolo y Garbellini sugiere que las irregularidades podrían haberse extendido a múltiples niveles jerárquicos dentro de ANDIS. La decisión de limitar ambas designaciones mediante una única resolución evidencia la gravedad que el gobierno asigna a estas revelaciones.

El timing de la crisis resulta particularmente sensible para la administración Milei, ocurriendo en pleno año electoral cuando cualquier escándalo de corrupción puede impactar negativamente en las perspectivas electorales del oficialismo. La decisión de actuar preventivamente busca minimizar el daño político mediante una respuesta rápida y contundente.

La intervención ministerial directa constituye una medida excepcional que refleja la pérdida de confianza en la conducción institucional de ANDIS. Lugones deberá designar un interventor capaz de restaurar la credibilidad del organismo mientras se investigan las denuncias realizadas por el ex director.

Las revelaciones plantean dudas sobre la efectividad de los controles internos en organismos públicos sensibles. La capacidad de operar esquemas fraudulentos durante períodos prolongados sugiere deficiencias estructurales en los mecanismos de auditoría y supervisión gubernamental.

La dimensión económica del escándalo, cuantificada en decenas de miles de dólares mensuales según las grabaciones, evidencia el impacto financiero de estas prácticas irregulares sobre recursos destinados originalmente a programas sociales. Esta desviación de fondos públicos afecta directamente la calidad y alcance de servicios dirigidos a personas con discapacidad.

La respuesta gubernamental mediante remoción inmediata y intervención ministerial busca demostrar tolerancia cero hacia la corrupción, mensaje particularmente importante para una administración que construyó su identidad política sobre promesas de transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Las próximas horas determinarán si esta crisis se limita a ANDIS o si las investigaciones revelan patrones similares en otros organismos gubernamentales. La designación del interventor y las medidas correctivas implementadas proporcionarán indicadores sobre la capacidad del gobierno para gestionar crisis de corrupción de manera efectiva.

El caso Spagnuolo representa un test significativo para la credibilidad del discurso anticorrupción oficial, especialmente considerando las implicancias de figuras cercanas al círculo presidencial según se desprende de las grabaciones difundidas. La respuesta institucional definirá precedentes importantes para situaciones similares que puedan emerger durante el mandato actual.