El informe trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) revela que el 65% de la renta del productor agropecuario queda en manos del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, un aumento de 6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior de diciembre de 2023. Este incremento se atribuye principalmente al alza de los costos de producción y la caída de los precios de los cultivos.

Según Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA, el Índice FADA mide cuánto de la renta agrícola se destina al pago de impuestos. A medida que los precios de los cultivos bajan o los costos de producción aumentan, la renta se reduce, pero los impuestos no disminuyen en la misma proporción, lo que incrementa la presión tributaria sobre los productores.

Del total de impuestos nacionales, el 67% no se coparticipa a las provincias, lo que genera un debate sobre el federalismo en un sector que está arraigado en las distintas regiones del país. En cuanto a las provincias analizadas, Córdoba registra una presión tributaria del 64,9%, Buenos Aires del 61,9%, Santa Fe del 61,1%, La Pampa del 62,9%, Entre Ríos del 65,4% y San Luis del 59,9%.

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En esta medición, se consideraron los incrementos previstos para 2024 en impuestos como el inmobiliario rural, tasas y guías municipales, con aumentos que van desde el 180% hasta el 250%, dependiendo de la provincia.

Respecto a los costos de producción, el informe revela un incremento del 42% en pesos para los fletes, del 59% en la labor de siembra y del 132% en la cosecha, en comparación con diciembre de 2023. Frente a marzo de 2023, los fletes subieron un 206% y las labores entre un 170% y un 260%.

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Un análisis de la estructura de costos muestra que, en el caso de la soja, el 49% de los costos de una hectárea están dolarizados, mientras que el 51% restante está pesificado. Si se incluye el costo de la tierra, los costos dolarizados representan el 62%. En el caso del maíz, los costos dolarizados ascienden al 53% y los pesificados al 47%, alcanzando el 60% si se considera el costo de la tierra.

Mientras que la participación promedio del Estado en la renta agrícola a nivel nacional es del 65%, en el caso de la soja es del 68,4%, en el maíz del 57,3%, en el trigo del 83,9% y en el girasol del 54,1%. La caída de precios, a pesar de los mayores niveles de producción tras la sequía, reduce el valor bruto de la producción, generando una mayor presión tributaria en un contexto de costos crecientes y actualizaciones impositivas.

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El informe destaca que la mayor caída de precios se presenta en el trigo, el cual también indicó la mayor participación del Estado en la renta en marzo de 2024. Frente a la próxima campaña fina, los números comienzan a ajustarse, considerando la caída de precios acompañada de incrementos en insumos y servicios.

En resumen, el aumento de la presión tributaria sobre los productores agropecuarios se debe principalmente a la combinación de la caída de precios de los cultivos, el alza de los costos de producción y las actualizaciones impositivas a nivel provincial y municipal, situación que genera preocupación en el sector de cara a la próxima campaña agrícola.