La administración libertaria adoptó una estrategia comunicacional cautelosa frente a las revelaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, optando por denunciar el aprovechamiento político de los audios filtrados sin cuestionar directamente su autenticidad. Esta aproximación marca un giro significativo en el manejo de crisis del oficialismo, que históricamente había optado por desmentidos categóricos.

Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, asumió la dirección del operativo de contención desde su despacho en el salón Martín Fierro de la Casa Rosada. La decisión de mantener un perfil bajo hasta que avance la investigación judicial contrasta con el activismo comunicacional que caracterizó anteriores controversias de la gestión mileísta.

El núcleo duro del poder ejecutivo estableció como única voz autorizada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien durante una entrevista radial en Mitre expresó sus sospechas sobre el timing de las revelaciones. Sus declaraciones sugirieron la existencia de una maniobra política orquestada, calificando la situación como algo armado.

Esta línea argumentativa encontró eco en dirigentes de segunda línea como Florencia Arietto, mientras que Martín Menem optó por un respaldo indirecto mediante la difusión de análisis sobre campañas negativas. El legislador compartió reflexiones del analista Julio Burdman sobre la teoría de la sorpresita de octubre, que establece el momento óptimo para operaciones desestabilizadoras entre 2 y 3 semanas previas a los comicios electorales.

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Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada establecieron una distinción crucial entre estas manifestaciones individuales y la estrategia oficial. Los voceros gubernamentales aclararon que las referencias a operaciones políticas constituyen opiniones aisladas, no decisiones estratégicas institucionales. La línea oficial se concentra exclusivamente en denunciar la instrumentalización partidaria del caso.

Esta aproximación matizada revela la complejidad del dilema gubernamental. La decisión de remover a Diego Spagnuolo de su cargo en la ANDIS, junto al director Daniel María Garbellini, implica un reconocimiento tácito de la verosimilitud de las grabaciones. Fuentes oficiales consideraron inverosímil plantear que las declaraciones del exfuncionario carecieran de fundamento.

No obstante, esta aceptación parcial de los audios genera un problema estratégico mayor. Al validar ciertos fragmentos de las grabaciones, el gobierno abre la posibilidad de que también sean auténticos los pasajes donde Spagnuolo menciona la supervisión de Eduardo Lule Menem sobre la presunta recaudación ilegal. Más preocupante resulta la insinuación de conocimiento por parte de las máximas autoridades gubernamentales.

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Frente a esta encrucijada, la administración Milei optó por la espera judicial. Altas fuentes libertarias explicaron que actualmente existe únicamente un escándalo mediático que derivó en denuncias judiciales y posteriores allanamientos. La estrategia consiste en aguardar los resultados de estos procedimientos investigativos antes de adoptar nuevas medidas.

La investigación encabezada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi determinará los próximos movimientos gubernamentales. El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, letrado de Cristina Kirchner, fundamentada en las declaraciones de Spagnuolo sobre solicitudes de sobornos del 8% a las droguerías, con un presunto 3% destinado a altas autoridades.

El comportamiento público de los principales protagonistas reflejó esta estrategia de bajo perfil. Javier Milei mantuvo su actividad en redes sociales concentrándose en temas económicos, mientras que en su exposición en la Bolsa de Rosario desarrolló extensamente teorías económicas sin mencionar el caso ANDIS. Esta omisión deliberada decepcionó a quienes esperaban definiciones presidenciales.

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Karina Milei, señalada directamente en los audios, participó en un acto de La Libertad Avanza en La Matanza manteniéndose alejada de la prensa y sin realizar declaraciones públicas. Su silencio adquiere particular relevancia considerando su rol como secretaria General de la Presidencia y su mención específica en las grabaciones comprometedoras.

La crisis se desarrolla en un momento particularmente delicado para el oficialismo, a menos de 15 días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El timing de las revelaciones coincide precisamente con el período identificado por especialistas en campañas negativas como óptimo para maximizar el impacto electoral adverso.

La gestión comunicacional del escándalo evidencia una maduración en las técnicas de control de daños del gobierno libertario. A diferencia de controversias anteriores, donde predominaron los desmentidos tajantes y las acusaciones conspirativas, la actual estrategia privilegia la cautela y el reconocimiento implícito de ciertos aspectos problemáticos.

Esta evolución táctica podría responder al aprendizaje institucional sobre la ineficacia de negar evidencias que posteriormente podrían ser corroboradas judicialmente. La decisión de no cuestionar frontalmente la autenticidad de los audios, aunque riesgosa políticamente, podría resultar más sostenible a largo plazo.

La intervención de la ANDIS y los despidos ejecutados constituyen señales de que el gobierno tomó en serio las acusaciones, independientemente de las consideraciones sobre su instrumentalización política. Esta dualidad entre reconocimiento tácito y denuncia del aprovechamiento partidario define la complejidad del momento gubernamental.

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La evolución judicial del caso determinará si esta estrategia de equilibrio resulta exitosa o si las presiones políticas y electorales forzarán definiciones más categóricas. Mientras tanto, el oficialismo navega entre el reconocimiento de problemas internos y la preservación de su capital político en un contexto electoral crítico.

La próxima semana, con la presentación de Francos ante Diputados, constituirá un test definitivo de la sostenibilidad de esta aproximación comunicacional híbrida que caracteriza el manejo oficial del escándalo más serio que ha enfrentado la administración Milei desde su asunción.