El Gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva versión de la ley ómnibus, cuya aprobación es considerada fundamental para la firma del Pacto de Mayo. En este contexto, la Nación apelará una vez más a los gobernadores como garantes del proyecto, buscando fidelizar el apoyo en el Congreso y afinar los detalles del texto.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirá este jueves con los 10 jefes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El objetivo principal es asegurar el respaldo de estos mandatarios en el Poder Legislativo y consensuar la letra chica de la iniciativa conocida como "Bases versión pocket".

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En el oficialismo confían en que, esta vez, la propuesta elaborada por el Ejecutivo contará con luz verde en la Cámara de Diputados, gracias al apoyo clave de las provincias administradas por dirigentes amarillos. Sin embargo, en el peronismo abundan las dudas y los cuestionamientos.

El movimiento justicialista, que atraviesa un momento de debilidad tras un agitado Congreso del Partido Justicialista (PJ) en Ferrocarril Oeste, enfrenta el desafío de sostener una estrategia legislativa unificada. Esta tarea se ve dificultada por las realidades diversas de los distritos y la urgencia por compensar las alicaídas arcas locales.

En Unión por la Patria (UP) aún recuerdan con recelo lo ocurrido con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien rompió el bloque durante el tratamiento de la primera ley ómnibus al formar un espacio autónomo y hacer que sus tres diputados votaran a favor de la propuesta de Milei.

Tensión en las negociaciones entre el Gobierno y los Gobernadores

A pesar de los esfuerzos por coordinar una postura unánime en el Parlamento, el proyecto fue aprobado en general, aunque cayó en el tratamiento en particular gracias a la intransigencia del bloque peronista.

La nueva versión de la ley ómnibus cuenta con mayor simpatía entre diversos dirigentes, incluyendo a los aliados de JxC, jefes provincialistas e incluso algunos peronistas que consideran que sus demandas fueron atendidas. No obstante, aún quedan puntos por pulir y el debate se traba en cuestiones como la vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, rechazada por los mandatarios patagónicos y del PJ.

Desde UP advierten que el Gobierno todavía no ha girado el texto definitivo del proyecto, por lo que los legisladores se basan en borradores que circularon tras una reunión entre funcionarios y gobernadores a principios de mes.

En el campamento celeste esperan que medidas como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador de Transporte, así como el desfinanciamiento de las Cajas Jubilatorias Provinciales, impacten en la postura de los legisladores. La situación podría tensarse aún más con las subas de tarifas que comenzarán a sentirse este mes.

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En el esquema de poder territorial peronista, Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) lideran al sector intransigente, que controla 35 de las 99 bancas de UP en Diputados. Kicillof también mantiene diálogo con sus pares de la región centro, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), buscando ocupar los espacios dejados por el Gobierno y presionar a la Casa Rosada en la pulseada por los fondos provinciales.

Otros gobernadores opositores, aunque más discretos, son Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). Gustavo Melella (Tierra del Fuego), por su parte, protagoniza una agenda regional con sus pares patagónicos, quienes ya rechazaron la restitución de Ganancias y el mega DNU.

En Catamarca, Raúl Jalil mantiene un vínculo aceptable con la Casa Rosada y evita declaraciones explosivas. Su participación en la cumbre del Norte Grande, donde el ministro Francos prometió habilitar fondos para obras públicas, genera expectativas en La Libertad Avanza (LLA) sobre un posible apoyo de los norteños en las cámaras.

La gran incógnita en este escenario es si pesarán más las filiaciones partidarias o las urgencias regionales y económicas que enfrentan las provincias. El Gobierno deberá desplegar todas sus herramientas de negociación para lograr la aprobación de esta nueva versión de la ley ómnibus, crucial para el avance de su agenda y la firma del Pacto de Mayo.