El desafío del Gobierno: Aprobar el blanqueo de capitales sin objeciones del GAFI

En medio del debate por el paquete fiscal enviado por la administración de Javier Milei al Congreso, el capítulo del blanqueo de capitales se presenta como uno de los puntos más controvertidos. Mientras el gobierno nacional busca aumentar la recaudación y lograr consenso político, la inclusión de las criptomonedas en el sinceramiento fiscal genera preocupación en torno al compromiso de Argentina en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El Régimen de Regularización de Activos propuesto por el gobierno de La Libertad Avanza contempla el blanqueo de hasta u$s100.000 sin penalidades, con un plazo hasta el 30 de abril de 2025, prorrogable hasta el 31 de julio del mismo año. El alcance del blanqueo incluye una amplia gama de bienes, tanto en Argentina como en el exterior, pero es la incorporación de las criptomonedas lo que genera mayor ruido político en el Congreso y atrae la atención del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI, institución intergubernamental creada en 1989 para desarrollar políticas de combate al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, evaluará el compromiso real de Argentina en esta materia. Si bien se espera que el país apruebe el examen realizado en marzo pasado, la inclusión de las criptomonedas en el blanqueo podría empañar la calificación.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, la reciente decisión de la SEC estadounidense de autorizar fondos cotizados en bolsa con Bitcoin al contado significa un aval para sus planes. Sin embargo, el desafío radica en convencer a la burocracia del GAFI de que el nuevo proyecto de blanqueo cuenta con suficientes controles internos para evitar que Argentina sea asociada con estados poco transparentes en materia financiera.

En este contexto, Soledad Pelayo, funcionaria recientemente nombrada en el Banco Nación y proveniente del banco digital Brubank, tiene la tarea de diseñar una estrategia jurídica capaz de demostrar la solidez del blanqueo de capitales, incluyendo las criptomonedas. Su experiencia en la implementación de herramientas tecnológicas para ofrecer criptomonedas en Brubank será clave para este objetivo.

El gobierno de Milei se enfrenta así a un delicado equilibrio: por un lado, busca impulsar un blanqueo de capitales que aumente la recaudación y cuente con respaldo político; por otro, debe asegurar que la inclusión de las criptomonedas no despierte sospechas en el GAFI ni comprometa la imagen de Argentina en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El resultado de este desafío tendrá implicancias no solo económicas, sino también geopolíticas para el país.