Gobierno distribuye alimentos almacenados próximos a vencer en medio del escándalo

En un esfuerzo por mitigar la tensión generada por el escándalo de los alimentos almacenados en los galpones de Capital Humano, el Gobierno ha comenzado a distribuir la comida que estaba stockeada y próxima a vencerse. El operativo, que inició el lunes con la carga de la mercadería en los depósitos ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán, contará con la participación del Ejército y el Ministerio de Defensa para garantizar una logística rápida y sin intermediarios.

Se estima que la entrega de los alimentos tendrá una duración de dos semanas, priorizando aquellos productos con fechas de vencimiento más cercanas. En este contexto, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, firmó un convenio con la Fundación CONIN para facilitar la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables. La fundación deberá certificar los avances periódicos de la distribución e informar sobre el uso efectivo de los alimentos por parte de los comedores y merenderos.

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei reiteró su respaldo a la ministra Pettovello, calificándola como "una gran ministra" y "una abanderada contra la corrupción". Además, tras una reunión entre Milei y Pettovello, se definió a Yanina Nano Lembo, una funcionaria cercana al PRO, como reemplazante de Pablo de la Torre en la Secretaría de Niñez y Familia. Asimismo, se produjeron las salidas de otros cuatro funcionarios del área.

Paralelamente, la Justicia ya está investigando el manejo de los alimentos y las contrataciones en el ministerio. La ministra Pettovello presentó una averiguación de ilícito sobre la gestión de su exfuncionario, Pablo de la Torre, y la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato propuesto por el presidente Milei para ocupar un puesto en la Corte Suprema. La denuncia se centra en el presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Con estas medidas, el Gobierno busca dejar atrás el escándalo y garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan antes de que se desperdicien. Sin embargo, la investigación judicial en curso y los cambios en el ministerio sugieren que las consecuencias políticas de este caso podrían prolongarse en el tiempo.