El desafío de Milei: bajar la conflictividad política para atenuar el conflicto social. Sin reformas estructurales no hay paraíso

Mientras el gobierno festejó el viernes el dato del superávit fiscal financiero, hecho inédito en los últimos años, por el lado de la economía real las noticias no son buenas y comienzan a mostrarse a través de un creciente nivel de conflictividad social.

Esta semana estamos asistiendo al comienzo de este proceso, iniciado con el paro general de transporte ferroviario de hoy el que, como siempre, genera severas dificultades para el desplazamiento de los usuarios, con largas colas, demoras y, en muchos casos, pérdidas de salario por no poder llegar a sus empleos habituales.

Para el jueves y viernes se han anunciado masivas concentraciones de movimiento sociales peronistas y de izquierda que confluyen en el objetivo de ganar la calle para manifestar su disconformidad con las políticas económicas y sociales de la administración Milei.

El protocolo anti piquetes de la Ministra Patricia Bullrich será, nuevamente, puesto a prueba ante el desafío que implica mantener la libre circulación en los accesos a la Capital Federal amenazados por las organizaciones piqueteras.

Detrás de estos hechos sociales emergentes se encuentra un escenario económico dual en el que, por un lado, los indicadores financieros muestran resultados compatibles con los objetivos del gobierno y, por el otro, una economía real con profundización de la caída del salario real y la consiguiente reducción de la demanda agregada impacta sobre los niveles de la actividad productiva, reduciendo los niveles de producción y generando sobre la cadena de comercialización caídas de ventas en todos los rubros.

La advertencia formulada por la Universidad Católica Argentina (UCA) que, en su último estudio, determinó que la población bajo la línea de pobreza comprende ya a un 60% de argentinos, debiera ser tenido en cuenta como indicador del difícil momento que atravesamos como sociedad.

Hemos sostenido en este medio que la política económica en curso no constituye un verdadero plan de estabilización sino que, más bien, representa un plan financiero basado sobre dos pilares: la licuación del gasto público y la destrucción de pesos de la economía.

Por supuesto que terminar con el déficit fiscal es prioridad y que fortalecer la demanda de pesos es esencial para terminar con el peor de los impuestos: la inflación, verdadero motor de la creación de pobres en nuestro país.

Pero para ello se requiere un plan integral que no sólo aborde la pata financiera del problema sino que incluya una política de ingresos, una reforma tributaria integral y una decidida acción sobre todos aquellos aspectos que reducen la competitividad de nuestro sector productivo.

Esta disociación entre buenos resultados financieros y malos indicadores de la economía real, está explicado, también, por una diferencia en las velocidades de avance de las reformas estructurales y las medidas de licuación del gasto y destrucción de pesos.

El empuje debiera estar dado por las reformas estructurales, que brinden un escenario de incremento de la productividad y sostenibilidad intertemporal, condición indispensable para que se reinicie un proceso virtuoso de inversión que, en definitiva, es lo único que asegura el crecimiento a mediano plazo y la consolidación de cualquier reforma.

Es cierto que el fracaso en la aprobación de la Ley Bases y la situación de incertidumbre acerca de la suerte final del DNU 70/23, han contribuido a generar este desacople entre el mundo de las decisiones financieras, a tiro de Decreto, con el mundo de las reformas estructurales.

De lo que no cabe duda es que, desde los máximos niveles de decisión gubernamental, es indispensable que se tiendan los puentes para lograr las mayorías parlamentarias que permitan avanzar con la aprobación de leyes claves tendientes a generar el marco de reformas a las que nos venimos refiriendo.

Bajar el nivel de conflictividad política sería un buen comienzo para atenuar la conflictividad social.