Jubilaciones Argentina 2025: Nuevo sistema por años aportados | Reforma Previsional
La administración Milei prepara una transformación integral del sistema previsional argentino que introducirá el concepto de "Prestación de Retiro Proporcional", permitiendo acceder a beneficios jubilatorios a quienes no alcancen los 30 años de aportes requeridos
La administración Milei prepara una transformación integral del sistema previsional argentino que introducirá el concepto de "Prestación de Retiro Proporcional", permitiendo acceder a beneficios jubilatorios a quienes no alcancen los 30 años de aportes requeridos. Esta iniciativa, anunciada por el titular de la Anses, Mariano de los Heros, emerge como respuesta al inminente vencimiento de la moratoria previsional el 23 de marzo.
La reforma contempla modificaciones sustanciales en múltiples aspectos del sistema. Entre los cambios más significativos destaca la unificación de la edad jubilatoria para ambos géneros, actualmente establecida en 65 años para hombres y 60 para mujeres, con la posibilidad de incrementos graduales sin alcanzar los 70 años.
La necesidad de esta transformación responde a una realidad apremiante: más del 85% de los trabajadores no logra acumular tres décadas de aportes debido a la elevada informalidad laboral, que ronda el 30%. El nuevo esquema proporcional busca ofrecer una alternativa más equitativa que las moratorias tradicionales, consideradas por funcionarios del organismo como mecanismos que afectan la sustentabilidad del sistema al permitir la adquisición de servicios previsionales a valores considerablemente reducidos.
En el panorama actual, el sistema previsional argentino administra 5.666.805 jubilaciones y 1.712.673 pensiones. De este universo, 4.019.661 beneficiarios accedieron mediante moratorias o planes de pago, mientras que 3.359.817 representan beneficios puramente contributivos. Más de la mitad de los jubilados percibe el haber mínimo, establecido en 273.086 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos.
La reforma también abordará los regímenes especiales, incluyendo docentes nacionales y universitarios, investigadores científicos, personal del servicio exterior, trabajadores de Luz y Fuerza y miembros del Poder Judicial. La propuesta sugiere equiparar estos beneficios con el régimen general, estableciendo haberes equivalentes al 60-65% del salario actualizado de los últimos diez años laborales.
Las pensiones por fallecimiento experimentarían modificaciones sustanciales, especialmente en casos donde el cónyuge superviviente cuenta con jubilación propia. Además, la duración del beneficio se vincularía directamente con el tiempo de matrimonio o convivencia acreditado.
Como innovación adicional, el proyecto incorporaría un componente de jubilación privada voluntaria, potencialmente incentivado mediante deducciones en el impuesto a las ganancias. Esta medida busca diversificar las opciones previsionales y fomentar el ahorro individual para el retiro.
El contraste entre beneficiarios y aportantes resulta significativo: mientras el sistema registra más de 13 millones de contribuyentes activos, aproximadamente 7 millones de trabajadores permanecen en la informalidad. Adicionalmente, 1.835.063 personas reciben beneficios no contributivos, incluyendo pensiones por discapacidad y asignaciones para madres de familias numerosas.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) continuará funcionando como red de contención para personas en situación vulnerable que alcancen los 65 años. Actualmente, cerca de 200.000 beneficiarios perciben esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, que en febrero alcanzará los 288.469,20 pesos, incluyendo el refuerzo mensual.
La reforma previsional forma parte del punto noveno del Pacto de Mayo propuesto por el gobierno, y su tratamiento legislativo se proyecta para después de los comicios. El objetivo declarado es establecer un sistema más equitativo y sostenible, que reconozca proporcionalmente los aportes realizados sin desproteger a quienes no alcancen los requisitos tradicionales.
La transformación del sistema previsional argentino representa un desafío significativo que busca equilibrar sustentabilidad financiera con protección social, en un contexto donde la informalidad laboral y el envejecimiento poblacional presionan sobre las estructuras tradicionales de seguridad social.
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