La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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El gobierno argentino dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales al anunciar la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las principales empresas ferroviarias del país. La medida, formalizada mediante el Decreto 60/2025, establece un proceso de desintegración vertical que transformará radicalmente la gestión del transporte ferroviario de cargas.
La estrategia diseñada por el equipo económico contempla diferentes mecanismos para transferir los activos al sector privado. El material rodante será sometido a subasta pública, destinando los recursos obtenidos a un fideicomiso específico para obras ferroviarias. Paralelamente, la infraestructura de vías e inmuebles adyacentes será concesionada mediante un proceso de licitación abierto a participantes nacionales e internacionales.
La operación de los talleres ferroviarios también pasará a manos privadas a través de concesiones que garantizarán la continuidad operativa de estas instalaciones estratégicas. Una vez completadas estas etapas, la empresa estatal será disuelta y liquidada, marcando el fin de una era en la gestión pública del transporte ferroviario de cargas.
Manuel Adorni, vocero presidencial, anticipó que esta transformación implicará que el Estado abandonará su rol como operador de servicios ferroviarios de carga y administrador de infraestructura. La empresa, creada durante la administración de Cristina Kirchner en 2013, opera una red crucial que atraviesa 17 provincias y resulta fundamental para el transporte de granos destinados a la exportación.
El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía con el apoyo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. A diferencia de experiencias privatizadoras anteriores, el decreto no contempla programas de propiedad participada ni establece preferencias específicas para los actuales empleados de la compañía.
La decisión gubernamental se fundamenta en argumentos de eficiencia operativa. Según datos oficiales, la empresa requirió financiamiento estatal por 112 millones de dólares durante el último ejercicio, mientras que indicadores clave como la distancia media de transporte permanecen estancados en 500 kilómetros, sin mejoras significativas en medio siglo.
El modelo elegido para la privatización se basa en el concepto de "concesión de infraestructura de acceso abierto", buscando prevenir prácticas monopólicas. Bajo este esquema, los concesionarios deberán garantizar el acceso a las vías a cualquier operador interesado en el transporte de carga.
Belgrano Cargas forma parte de un grupo de ocho empresas estatales incluidas en el programa de privatizaciones autorizado por la Ley Bases. El listado incluye otras compañías estratégicas como Intercargo, Enarsa, AYSA, SOFSE y Corredores Viales, aunque algunas entidades fueron excluidas tras negociaciones con sectores políticos aliados y opositores.
La implementación estará liderada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Un aspecto relevante del esquema es que el Estado nacional mantendrá la propiedad de tierras y vías férreas, mientras que los activos operativos serán transferidos a la gestión privada.
Esta privatización representa un hito en la transformación del sector público argentino, alineada con la visión de reducción del Estado impulsada por la administración Milei. La medida busca mejorar la eficiencia operativa del transporte ferroviario de cargas, aunque genera interrogantes sobre el futuro de los trabajadores y el impacto en las economías regionales dependientes de este servicio estratégico.
