Milei privatiza rutas nacionales: Corredores Viales pasará a manos privadas

La administración del presidente Javier Milei dio un paso significativo en su plan de reformas estructurales al anunciar la privatización de Corredores Viales S.A., empresa estatal responsable de gestionar más de 8.470 kilómetros de rutas y autopistas en Argentina. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, contempla un modelo de concesión de obra pública financiada mediante el sistema de peajes.

La decisión surge tras un diagnóstico preocupante sobre el estado de la infraestructura vial nacional. Al inicio de la actual gestión, cerca de la mitad de las rutas administradas por la empresa estatal presentaban condiciones deficientes o críticas, con contratos de obra paralizados y un desfase tarifario del 45% respecto a los valores técnicos recomendados.

La situación financiera de la compañía revela números alarmantes: durante 2023 acumuló pérdidas por 268.000 millones de pesos y una deuda con proveedores que alcanza los 142.000 millones. Para sostener su operación, requirió transferencias del Tesoro Nacional por 301.000 millones de pesos, evidenciando la insostenibilidad del modelo actual.

El plan de privatización incluye la incorporación del sector privado en la gestión de las rutas mediante un esquema que transfiere tanto la responsabilidad de las obras como los riesgos operativos a los concesionarios. Como contrapartida, estos tendrán la facultad de cobrar peajes a los usuarios para financiar las mejoras y el mantenimiento de la infraestructura.

La red vial afectada por esta medida abarca diez tramos estratégicos que conectan doce provincias, incluyendo Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además del crucial Acceso Riccheri a la Capital Federal.

Para finales de febrero, el gobierno ha programado una audiencia pública enfocada en la licitación de la denominada ruta del Mercosur, un corredor de 670 kilómetros anteriormente operado por la empresa CRUSA durante tres décadas. Adicionalmente, se incorporarán nuevos tramos al sistema de concesiones, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la variante de la 19 en Córdoba, distribuyendo el total en once sectores operativos.

Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio de privatizaciones contemplado en el Artículo 7 de la Ley de Bases, que incluye otras empresas estatales como Intercargo, Enarsa, AySA, SOFSE y Belgrano Cargas y Logística. Desde el gobierno argumentan que la existencia de Corredores Viales generaba una duplicación innecesaria de funciones con la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte.

El proceso de privatización abarcará un total de 9.145 kilómetros de rutas y autopistas nacionales, representando una transformación significativa en la gestión de la infraestructura vial argentina. La medida busca atraer inversión privada para mejorar la calidad de las rutas y reducir la carga fiscal que actualmente representa el mantenimiento de la red vial para el Estado.

Los funcionarios sostienen que este nuevo modelo permitirá acelerar las obras de infraestructura necesarias y mejorar la eficiencia en la gestión de las rutas, aunque el éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la capacidad para establecer un marco regulatorio que equilibre las necesidades de inversión con tarifas de peaje razonables para los usuarios.