Batalla legislativa por la Corte Suprema: Senado define hoy candidaturas de Lijo y García Mansilla

El recinto del Senado argentino se transformará esta tarde en el escenario de una contienda institucional de alto voltaje cuando los legisladores voten los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal de justicia. Las designaciones, propuestas por el presidente Javier Milei hace casi un año y posteriormente reforzadas mediante un controvertido decreto que permitió el nombramiento "en comisión" de ambos candidatos, enfrentan un panorama adverso en la Cámara alta donde la oposición ha consolidado una postura de rechazo generalizado.

La sesión, convocada para las 14 horas, llega tras meses de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la idoneidad de los postulantes. García-Mansilla, quien a diferencia de Lijo ya prestó juramento como integrante del máximo tribunal amparándose en el decreto presidencial, confronta paradójicamente mayor resistencia entre los bloques opositores que el magistrado federal.

El oficialismo, que apenas controla menos del 10% de las bancas del Senado, ha intentado desplegar estrategias de último momento para evitar el quorum necesario e impedir así que se concrete la sesión. Sin embargo, estas maniobras parecen haberse activado demasiado tarde según fuentes parlamentarias: "Se acordaron tarde y la pared está cada vez más cerca", comentaron desde un experimentado despacho legislativo.

El interbloque Frente de Todos, liderado por José Mayans, ha garantizado la presencia de prácticamente la totalidad de sus 34 integrantes para asegurar el inicio de la sesión, que requiere 37 senadores presentes. "Hasta viene una compañera con fractura en la pierna", revelaron fuentes del espacio peronista, evidenciando la determinación opositora para concretar la votación.

La relevancia institucional del debate trasciende las disputas partidarias habituales, pues involucra la conformación del máximo órgano judicial del país. Para la Casa Rosada, una derrota en este terreno representaría un severo revés político, especialmente considerando que para activar a un juez de la Corte Suprema se requieren dos tercios de los votos afirmativos entre los presentes, un umbral prácticamente inalcanzable para el oficialismo en las actuales circunstancias.

El conflicto por estas designaciones ha ido escalando en los últimos meses, desplazando paulatinamente el debate sobre la idoneidad profesional de los candidatos hacia una confrontación de poder entre el kirchnerismo y el Ejecutivo. Este desplazamiento del eje discursivo preocupa a sectores independientes que advierten sobre la instrumentalización política de las designaciones judiciales.

Antes de la sesión plenaria, Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, convocará al mediodía una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para organizar el desarrollo del encuentro. En ese ámbito también se evaluará la aceptación de la renuncia de María Laura Izzo como secretaria administrativa de la Cámara alta, aunque no se prevé la designación inmediata de su reemplazo.

La sesión incluirá además el tratamiento del pliego de Wenceslao Bunge como embajador argentino en España, asunto que se abordaría al inicio del encuentro según indicaron fuentes parlamentarias.

El magistrado federal Lijo, durante su audiencia pública realizada en agosto pasado, planteó diversas propuestas para mejorar el funcionamiento de la justicia, incluyendo la reasignación de recursos y la simplificación del recurso extraordinario para reducir la litigiosidad. También propuso segmentar las respuestas judiciales según las categorías de conflicto y fomentar procesos sumarios y orales.

Respecto a la composición del máximo tribunal, Lijo manifestó no tener una posición definida sobre la cantidad ideal de miembros, subrayando que "los problemas no son derivados de la cantidad de miembros" y que esta cuestión corresponde al Parlamento. Sobre la representación femenina en la Corte, afirmó categóricamente que el tribunal debe contar con presencia de mujeres, destacando que fue "formado por mujeres" y que la cuestión de género trasciende lo enunciativo para materializarse en la remoción de obstáculos en la toma de decisiones.

Al abordar temas económicos controvertidos como la dolarización, el candidato adoptó una postura cautelosa, señalando que cualquier iniciativa en ese sentido "debe preservar la moneda" y respetar "los estándares mínimos de legislación", aunque evitó pronunciarse en términos absolutos sobre un proyecto inexistente.

Lijo también defendió su trayectoria frente a las acusaciones recibidas, enfatizando que en dos décadas como juez "no recibió una sola sanción del Consejo de la Magistratura" y que fue investigado por la UIF y la AFIP sin que se encontraran irregularidades. Desmintió además haber sido representado legalmente por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Por su parte, García-Mansilla abordó durante su audiencia cuestionamientos sobre un supuesto sesgo ideológico, recordando sus críticas académicas a la proscripción del peronismo y a la prohibición de su simbología, así como sus observaciones a proyectos radicales, para desestimar las acusaciones de parcialidad política.

El académico se comprometió a cumplir "a rajatabla" las normas de recusación ante potenciales conflictos de interés derivados de su relación laboral con una cámara de hidrocarburos. Respecto al mega DNU 70/2023 del gobierno libertario, evitó opinar específicamente sobre su constitucionalidad por encontrarse judicializado, aunque indicó que lo presumiría "inconstitucional", correspondiendo al Estado "acreditar que estaban las condiciones para poder considerar válido" el mecanismo.

García-Mansilla abordó también la crisis de legitimidad del sistema judicial, señalando la existencia de "problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas" y advirtiendo que el poder judicial "interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando".

Sobre temas controversiales como el aborto, el candidato distinguió entre legalización y penalización, y recordó la necesidad de armonizar la legislación nacional con las constituciones provinciales que reconocen el derecho a la vida. Aclaró que sus opiniones académicas no implican prejuzgamiento y que como magistrado analizaría cada caso "con mente abierta", considerando seriamente los argumentos de todas las partes y respetando los precedentes del tribunal.

El postulado manifestó su apoyo a la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, considerando que debe completar su poder judicial como un "mandato constitucional" pendiente a 30 años de la reforma de 1994. Respecto a las reelecciones indefinidas en provincias, aunque evitó opinar sobre casos en trámite ante la Corte, observó que esta práctica "tiene un problema con el régimen republicano de gobierno", aun reconociendo la autonomía provincial para establecer sus sistemas gubernamentales.

Para el gobierno libertario, insistentemente cuestionado por su decreto de designación "en comisión", la sesión de hoy representa un momento crucial. Aunque sostienen que García-Mansilla mantendría su cargo hasta el final de la legislatura independientemente del resultado en el Senado, un rechazo formal a los pliegos constituiría un serio tropiezo institucional y político para la administración de Milei.

La votación de esta tarde no solo definirá la composición del máximo tribunal argentino, sino que también establecerá un precedente sobre los límites constitucionales en la designación de jueces supremos y el equilibrio de poderes en el sistema republicano. Todo el arco político observa con atención el desarrollo de un episodio que marcará jurisprudencia institucional para los próximos años.