FMI establece rigurosa hoja de ruta para Argentina: reformas estructurales condicionan nuevo financiamiento hasta 2026

El Fondo Monetario Internacional ha publicado el detallado "staff report" que puntualiza los compromisos asumidos por Argentina en el marco del reciente acuerdo por USD 20.000 millones, estableciendo un exigente calendario de reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei deberá implementar hasta finales de 2026. Este cronograma, que complementa la eliminación de las restricciones cambiarias anunciada el viernes, condiciona los desembolsos futuros al cumplimiento de ambiciosas modificaciones en áreas sensibles como el sistema tributario, previsional y de servicios públicos.

El documento revela que hacia septiembre de 2025, el Ejecutivo deberá presentar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, acompañado por un marco fiscal de mediano plazo y un informe de riesgos fiscales. Asimismo, deberá publicar un plan específico para eliminar los fondos fiduciarios remanentes y optimizar su gestión, continuando con la política de recorte del gasto público iniciada en diciembre pasado.

Para noviembre próximo, el gobierno se ha comprometido a difundir un detallado informe con la hoja de ruta para las privatizaciones o concesiones de empresas públicas contempladas en la Ley Bases, junto con directrices que garanticen la transparencia de estos procesos. En paralelo, deberá avanzar en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista mediante la implementación de la resolución 21/2025, y publicar los resultados y recomendaciones de la evaluación del cumplimiento argentino con los estándares del GAFI en materia de prevención del lavado de dinero.

Diciembre de 2025 marcará un hito crucial con la eliminación total de los fondos fiduciarios, exceptuando únicamente aquel destinado al subsidio de gas residencial. Se contempla también la progresiva supresión de la segmentación tarifaria, avanzando hacia un esquema de tarifa única complementado con tarifa social, lo que impactará directamente en los costos de servicios públicos para amplios sectores de la población.

El documento del FMI exige además la integración de bases de datos administrativas en un único registro social y la ampliación del sistema integrado de información financiera a más organismos públicos, buscando fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el gasto estatal.

Uno de los compromisos más significativos es la elaboración de una propuesta de reforma tributaria integral, que deberá ser presentada ante el organismo multilateral en diciembre de 2025. Esta reforma apuntará a eliminar impuestos considerados distorsivos, como aquellos aplicados al comercio y las transacciones financieras, reducir gastos tributarios calificados como ineficientes, y simplificar el sistema, contemplando una posible modificación del impuesto a las sociedades que combine tasas más bajas con menos deducciones y exenciones.

Para el cierre de 2026, el gobierno argentino se ha comprometido a enviar al Congreso un diagnóstico y propuesta de reforma del sistema previsional, orientado a mejorar su equidad y sostenibilidad, una medida que tendrá profundas implicaciones sociales y políticas. En el mismo plazo, deberá presentar un plan para reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo la incorporación legal de la regla de déficit fiscal cero, uno de los pilares del programa económico de Milei.

Estos compromisos se conocen mientras el mercado financiero argentino procesa los anuncios realizados el viernes sobre la liberación del cepo cambiario y la implementación de un nuevo esquema de flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400 pesos. Las medidas llegan en un momento complejo, con una inflación de marzo que alcanzó el 3,7%, impulsada principalmente por aumentos en educación (21,6%) y alimentos (5,9%), quebrando la tendencia descendente que el gobierno había celebrado en los meses previos.

El nuevo esquema cambiario, que entrará en vigor este lunes, elimina el límite de USD 200 mensuales para la compra de divisas por parte de personas físicas, así como diversas restricciones vinculadas a beneficiarios de programas sociales, empleados públicos y otras categorías especiales. Simultáneamente, se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior, facilitando las importaciones y la operatoria internacional de las empresas.

La decisión gubernamental de implementar estas medidas genera interrogantes sobre su impacto inflacionario a corto plazo. Fernando Marull, reconocido economista, ha señalado que "obviamente va a haber un impacto inflacionario", aunque matizó que este podría estar limitado por la actual retracción del consumo y porque muchas empresas ya utilizaban cotizaciones superiores al dólar oficial para determinar sus precios.

El gobierno espera que el respaldo financiero internacional mitigue potenciales tensiones en el mercado cambiario. Además del acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones (con un primer desembolso inmediato de USD 12.000 millones), se han confirmado aportes del Banco Mundial por USD 12.000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 10.000 millones, configurando un paquete financiero total de USD 42.000 millones a implementarse en los próximos tres años.

El presidente Milei ha asegurado que las reservas brutas del Banco Central alcanzarán aproximadamente USD 50.000 millones para mayo, un nivel que considera suficiente para "respaldar tranquilamente todos los pesos existentes en nuestra economía". Sin embargo, el acuerdo con el FMI establece que la primera revisión del programa está prevista para junio de 2025, con un desembolso adicional estimado en USD 2.000 millones condicionado al cumplimiento de metas específicas, entre ellas la acumulación de reservas.

Especialistas del mercado anticipan que el peso se devaluará entre un 15% y un 25% este lunes, llevando la cotización desde los actuales $1.078 (mayorista) hacia la zona de $1.300-$1.340, acercándose a los valores actuales del mercado financiero. Este ajuste cambiario podría presionar adicionalmente la inflación de abril, ya acelerada en marzo por factores independientes.

La consultora LCG ha señalado que con la eliminación del cepo "se robustece lo fiscal y se sincera lo cambiario", pero advierte que "el gobierno deberá capear los efectos sobre la inflación en meses previos a las elecciones". La suspensión de las elecciones primarias (PASO) decidida en febrero otorga al oficialismo un margen temporal para que cualquier impacto inflacionario derivado de estas medidas se diluya antes de las elecciones legislativas de octubre.

El nuevo esquema cambiario y los compromisos asumidos con el FMI representan una transformación significativa en la política económica argentina, apostando a la normalización de variables fundamentales a costa de potenciales impactos inflacionarios en el corto plazo. Su efectividad dependerá tanto de la capacidad del gobierno para gestionar las expectativas y contener presiones alcistas como del cumplimiento riguroso del extenso calendario de reformas estructurales acordado con el organismo internacional.