La administración de Javier Milei enfrenta un escenario económico complejo tras anunciar la eliminación total de las restricciones cambiarias justamente cuando la inflación mostró signos de aceleración. El viernes pasado, mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revelaba un incremento del 3,7% en el índice de precios al consumidor durante marzo —el mayor registro en siete meses—, el equipo económico comunicaba el fin del cepo y la implementación de un sistema de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400 por dólar.

Esta decisión, calificada por algunos analistas como audaz, reintroduce un interrogante central en la economía argentina: ¿qué referencia cambiaria utilizan las empresas para determinar sus precios? La pregunta cobra relevancia porque hasta ahora existía una brecha significativa entre el dólar oficial —utilizado para operaciones de comercio exterior— y las cotizaciones financieras accesibles para el público general.

A partir de esta semana, esa diferencia desaparecerá, lo que implicará necesariamente un reacomodamiento en la estructura de precios de la economía. La experiencia histórica, particularmente la de finales de 2015 durante la administración de Mauricio Macri, sugiere que estos procesos de unificación cambiaria suelen generar un incremento en el nivel general de precios, aun cuando las condiciones macroeconómicas actuales difieren considerablemente.

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El economista Fernando Marull reconoció durante una entrevista televisiva que "obviamente habrá un impacto inflacionario", aunque matizó que este efecto podría estar limitado por la capacidad de absorción del mercado. "Los importadores que no están vendiendo tanto, si trasladan a precios un aumento del 40% en el valor del dólar, simplemente no venderán nada", explicó, sugiriendo que la contracción del consumo funcionará como un freno natural a incrementos desmedidos.

Otro factor que podría moderar el traslado a precios es que muchas empresas ya utilizaban referencias cambiarias superiores al dólar oficial para sus cálculos. "Quienes armaron sus precios hace un año considerando un dólar de $1.300 o $1.400 ya no tendrán tanto margen para subir, incluso ante una devaluación importante", señaló Marull, aventurando que si el tipo de cambio unificado se establece inicialmente alrededor de los $1.200, "el traslado a precios será más acotado".

El calendario electoral aparece como un elemento central en la ecuación política detrás de estas decisiones económicas. La suspensión de las elecciones primarias (PASO), conseguida por el oficialismo en febrero, otorgó al gobierno un margen temporal significativo para implementar la liberación cambiaria y absorber su impacto inflacionario antes de enfrentar a los votantes en octubre.

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Si las PASO se hubieran mantenido para agosto, la campaña electoral estaría prácticamente iniciada, y el gobierno difícilmente se habría arriesgado a navegar ese período con una aceleración de precios impulsada por el nuevo esquema cambiario. La postergación del proceso electoral proporciona al equipo económico tiempo adicional para que cualquier efecto inflacionario se diluya antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Sin embargo, el reciente dato de inflación de marzo complica este cálculo político, ya que muestra un rebrote inflacionario independiente de los efectos que pueda tener la unificación cambiaria. El incremento del 3,7% en el índice general y del 5,9% en alimentos contradice el discurso oficial que celebraba haber "pulverizado" el problema inflacionario, justo cuando el gobierno se prepara para implementar medidas que podrían añadir presión adicional sobre los precios.

La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, también mostró signos de aceleración al ubicarse en 3,2%, confirmando que las presiones de precios no se limitan a sectores específicos sino que reflejan un fenómeno más generalizado.

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Un aspecto crucial en la formación de precios durante los próximos meses serán las tarifas de servicios públicos. El gobierno ha demostrado utilizar estos ajustes como una variable de control inflacionario, acelerando o frenando los aumentos según la evolución mensual del índice de precios. Ahora, a esta dinámica se sumará la fluctuación del tipo de cambio bajo el nuevo esquema de bandas, añadiendo un factor adicional de incertidumbre.

El contexto internacional agrega complejidad a este escenario. La escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con imposición recíproca de aranceles que alcanzan niveles históricos, genera interrogantes sobre el impacto en economías emergentes como Argentina. Particularmente relevante resulta la evolución de los precios del petróleo, que afectará directamente componentes clave de la canasta de consumo.

Los analistas de la consultora LCG señalan que con la eliminación del cepo "se robustece lo fiscal y se sincera lo cambiario", pero advierten que "el gobierno deberá capear los efectos sobre la inflación en meses previos a las elecciones". Tras implementar un ajuste económico severo y haber capitalizado políticamente la desaceleración inflacionaria, la administración Milei no puede permitirse llegar a octubre con una tendencia alcista en los precios.

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Un punto crítico será el comportamiento inicial del mercado cambiario bajo el nuevo régimen. LCG considera "posible" que el valor unificado del dólar aumente en una primera etapa, particularmente porque los operadores intentarán verificar la reacción gubernamental si la cotización se aproxima al límite superior de la banda establecida en $1.400.

En ese escenario, la intervención del Banco Central resultará determinante para anclar expectativas y evitar un impacto excesivo sobre la inflación. "El BCRA podría primero permitir que el mercado actúe para comprender mejor las condiciones de demanda de divisas, pero eventualmente podría intervenir prematuramente para prevenir un salto significativo en la inflación", sugieren desde la consultora.

La administración Milei parece haber optado por priorizar la normalización cambiaria, aun a riesgo de comprometer temporalmente su principal logro económico hasta el momento: la reducción de la inflación. La apuesta implica que los argentinos valoren más la libertad para operar sin restricciones en el mercado de cambios que la estabilidad de precios, al menos en el corto plazo.

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El desafío para el equipo económico será gestionar adecuadamente esta transición, minimizando el traslado a precios del nuevo esquema cambiario mientras consolida las bases para un crecimiento sostenible. Los próximos meses revelarán si esta estrategia logra equilibrar las exigencias técnicas de la normalización económica con los imperativos políticos del calendario electoral.