Trump juega a dos bandas con las tecnológicas: defensor internacional, fiscalizador doméstico

La administración Trump está mostrando una aparente contradicción en su relación con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, posicionándose como su defensora frente a las regulaciones europeas mientras simultáneamente intensifica su propio escrutinio sobre ellas en el mercado doméstico. Esta dualidad estratégica refleja la compleja interacción entre políticas comerciales, soberanía nacional y objetivos regulatorios en la era digital.

La Unión Europea ha impuesto recientemente multas por un total de 700 millones de euros a Apple y Meta por infracciones a las leyes de competencia bajo la Ley de Mercados Digitales. Aunque estas sanciones representan una fracción mínima de sus beneficios anuales—Apple genera aproximadamente 93.700 millones de dólares en beneficios y Meta unos 23.900 millones—ambas corporaciones han reaccionado con firmeza, caracterizando las medidas como ataques fundamentales a sus modelos de negocio.

Meta, a través de su responsable de comunicación Joel Kaplan, ha lanzado acusaciones directas contra las autoridades europeas: "La Comisión Europea está intentando obstaculizar a las empresas estadounidenses exitosas, mientras permite que compañías chinas y europeas operen bajo estándares distintos". Por su parte, Apple describió las sanciones como "otro ejemplo más de cómo la Comisión Europea apunta injustamente contra Apple con decisiones que perjudican la privacidad y seguridad de nuestros usuarios".

Las sanciones europeas se centran en cuestiones específicas: a Apple se le acusa de no cumplir con las normativas que exigen abrir su App Store a la competencia, mientras que Meta habría incumplido la obligación de ofrecer versiones de sus servicios que utilicen menos datos personales de los consumidores. Aunque estos procedimientos comenzaron antes de la segunda victoria electoral de Trump, las empresas tecnológicas estadounidenses esperan que el presidente incorpore estas disputas a su estrategia comercial con Europa.

En febrero, Trump dio indicios de esta postura proteccionista al emitir un memorando que prometía "defender a las empresas e innovadores estadounidenses de la extorsión extranjera", mensaje claramente dirigido a las autoridades europeas. Algunos analistas sugieren que la UE, consciente de las tensiones comerciales, optó por imponer sanciones significativamente menores a las permitidas legalmente, que podrían haber alcanzado hasta el 10% de los ingresos anuales de estas compañías.

Sin embargo, la administración Trump mantiene simultáneamente una postura crítica hacia estas mismas empresas dentro de las fronteras estadounidenses. Sus políticas arancelarias intermitentes podrían afectar severamente a Apple, encareciendo sus productos dependiendo de cómo se implementen finalmente. Meta también podría verse perjudicada si se reducen los ingresos publicitarios procedentes de empresas chinas como consecuencia de las restricciones comerciales.

Más contradictorio aún resulta que el Departamento de Justicia estadounidense se encuentra actualmente litigando contra Meta, con argumentos que apuntan a la necesidad de desmantelar la compañía por presuntas violaciones a las leyes antimonopolio. Esta acción legal doméstica contrasta frontalmente con la retórica proteccionista dirigida hacia Europa.

La interpretación más coherente de esta aparente contradicción sugiere que la Casa Blanca busca mantener bajo control a las grandes tecnológicas, pero quiere reservarse el derecho exclusivo de regularlas. Esta postura refleja una visión eminentemente soberanista de la regulación económica: las empresas estadounidenses deben ser disciplinadas, pero únicamente por las autoridades norteamericanas.

El panorama se complica aún más considerando la imprevisibilidad característica de la administración Trump en materia comercial. Los observadores internacionales han aprendido que anticipar las decisiones presidenciales, especialmente en asuntos comerciales, constituye un ejercicio prácticamente imposible dada la naturaleza errática de su enfoque político.

Este escenario ambivalente se produce en un contexto de creciente competencia tecnológica global, donde Estados Unidos busca mantener su hegemonía frente al avance de China y otros actores internacionales. La industria tecnológica representa un pilar fundamental del poder económico americano, lo que explica parcialmente la resistencia de Washington a permitir que reguladores extranjeros impongan condiciones a sus campeones nacionales.

Las tecnológicas norteamericanas se encuentran así en una posición compleja: por un lado, pueden esperar cierta protección gubernamental frente a reguladores extranjeros; por otro, enfrentan un escrutinio cada vez más intenso en su mercado doméstico. Esta dualidad refleja la transformación del sector de favorito indiscutido de Washington a objeto de preocupación bipartidista por su excesivo poder económico y social.

Mientras tanto, los reguladores europeos continúan avanzando en la implementación de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, ambiciosos marcos regulatorios diseñados específicamente para limitar el poder de las grandes plataformas. Aunque estas normativas afectan teóricamente a cualquier empresa que alcance determinados umbrales de tamaño e influencia, en la práctica impactan principalmente sobre corporaciones estadounidenses como Google, Amazon, Meta, Apple y Microsoft.

El futuro de esta relación triangular entre Washington, Silicon Valley y Bruselas dependerá en gran medida de factores como el desarrollo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, la evolución de la competencia tecnológica con China, y la efectividad de las corporaciones tecnológicas para adaptarse a un entorno regulatorio cada vez más exigente en ambos lados del Atlántico.

Las próximas decisiones de Trump respecto a los aranceles a productos europeos podrían proporcionar indicios sobre la dirección que tomará esta disputa. Si el presidente utiliza las multas europeas como moneda de cambio en las negociaciones comerciales más amplias, confirmaría la interpretación de que considera las tecnológicas primordialmente como activos estratégicos nacionales. Si, por el contrario, mantiene simultáneamente la presión regulatoria interna y la postura defensiva externa, demostraría una visión más compleja donde la soberanía regulatoria prima sobre la coherencia política.

En cualquier caso, esta situación ilustra perfectamente las tensiones inherentes a la regulación de empresas multinacionales en la era digital: mientras las plataformas tecnológicas operan a escala global, los marcos regulatorios continúan siendo predominantemente nacionales o regionales, creando inevitables conflictos jurisdiccionales que las propias empresas intentan aprovechar a su favor.