Gastos en Obra pública caen 91% desde 2023 mientras fondos para intereses de deuda suben 353%

La Administración Pública Nacional experimentó durante julio una paradoja fiscal que ilustra las prioridades del actual modelo económico: mientras las erogaciones destinadas a infraestructura se desplomaron hasta niveles récord, el servicio de la deuda pública registró incrementos exponenciales que modificaron sustancialmente la composición del presupuesto nacional.

Los datos procesados por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas revelan que el gasto devengado por la administración central creció 5,8% en términos reales durante el séptimo mes del año. Sin embargo, esta expansión aparente enmascara una redistribución radical de recursos entre diferentes categorías de erogaciones públicas.

La cifra agregada incluye el pago de intereses de deuda, cuyo crecimiento de 353% respecto al mismo período del año anterior representa el principal motor del incremento total. Excluyendo este componente financiero, el gasto operativo de la administración nacional habría registrado una contracción de 0,6%, evidenciando la magnitud del ajuste implementado en las partidas discrecionales.

Esta transformación en la estructura del gasto público refleja las restricciones impuestas por el programa de estabilización fiscal, que priorizó el cumplimiento de obligaciones financieras sobre las inversiones en infraestructura y servicios públicos. La ecuación presupuestaria muestra cómo el equilibrio fiscal se construyó mediante la compresión de erogaciones productivas mientras se mantenía el servicio regular de los compromisos crediticios.

Los gastos corrientes experimentaron un alza interanual de 6,8%, aunque con comportamientos heterogéneos según las diferentes categorías de erogaciones. Las transferencias corrientes a provincias protagonizaron el incremento más espectacular, con un crecimiento de 1.232,4% que se explica por la base de comparación excepcionalmente baja del año anterior y el cumplimiento de sentencias judiciales favorables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta expansión en las transferencias provinciales ilustra tanto las consecuencias de decisiones presupuestarias previas como el impacto de resoluciones del sistema judicial sobre la distribución de recursos fiscales. El crecimiento exponencial también refleja la importancia creciente de los mecanismos de coparticipación federal en el sostenimiento de las finanzas subnacionales.

Las erogaciones en bienes y servicios registraron un incremento significativo de 52,8%, mientras que las transferencias destinadas a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional crecieron 34,3%. Estas expansiones sugieren aumentos en los costos operativos de la administración y mayores necesidades de financiamiento para entidades vinculadas al Estado nacional.

Las prestaciones de la seguridad social, que constituyen el principal componente del gasto público, mantuvieron su tendencia expansiva con un crecimiento de 9%. Este incremento se vincula con la recuperación de jubilaciones y pensiones, aunque opera sobre una base de comparación deprimida que relativiza la magnitud real del ajuste en términos del poder adquisitivo de los beneficiarios.

La evolución de las prestaciones previsionales refleja las tensiones entre la sostenibilidad fiscal y la protección social, particularmente en un contexto de alta inflación acumulada y deterioro de los ingresos reales de los sectores pasivos. El crecimiento nominal de 9% debe evaluarse en relación con la dinámica inflacionaria y las pérdidas acumuladas en períodos anteriores.

En contraste, las remuneraciones del sector público experimentaron una reducción de 11,3% respecto a julio de 2024, evidenciando el impacto del ajuste sobre los salarios estatales. Esta contracción forma parte de la estrategia de reducción del gasto corriente y refleja las limitaciones impuestas a los aumentos salariales en el marco del programa de estabilización.

Las transferencias corrientes al sector privado se contrajeron 27,2%, explicado principalmente por la reducción de subsidios económicos y la decisión de no actualizar el complemento previsional de 70.000 pesos. Esta disminución ilustra el proceso de eliminación gradual de transferencias directas a sectores específicos de la economía y beneficiarios particulares del sistema previsional.

El gasto de capital experimentó la contracción más severa, con una caída interanual de 48,9% sobre una base ya deprimida, considerando que el mismo mes de 2024 había registrado una reducción de 83,1%. La comparación con julio de 2023 revela una contracción acumulada de 91,4%, ilustrando la magnitud del ajuste en inversión pública durante el período.

Esta virtual eliminación de la inversión pública en infraestructura representa uno de los aspectos más controversiales del ajuste fiscal, dado su impacto potencial sobre el crecimiento económico de largo plazo y la provisión de servicios esenciales. La reducción sistemática de erogaciones de capital plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la infraestructura existente y las perspectivas de modernización del país.

La consultora Analytica confirmó que la obra pública alcanzó niveles mínimos históricos, con una caída de 47,7% en los primeros siete meses del año medida en pesos constantes. Esta reducción afecta tanto las construcciones ejecutadas directamente por la administración nacional como las transferencias destinadas a financiar proyectos de infraestructura en otros niveles de gobierno y entidades.

Las partidas de construcciones directas ejecutadas por la administración nacional representaron 42,4% del total y registraron un incremento real de 27,5% en el período enero-julio. Sin embargo, el 57,6% restante, compuesto por transferencias a provincias, empresas públicas y universidades, experimentó una reducción de 63,3%, explicando la contracción agregada del sector.

La distribución funcional del gasto de capital muestra que transporte concentra 69,4% de las erogaciones, vinculado principalmente con construcción y mantenimiento de rutas nacionales y, en menor medida, infraestructura ferroviaria. Esta concentración sectorial refleja las prioridades gubernamentales en materia de conectividad e integración territorial.

Ciencia, tecnología e innovación representan 13,4% del gasto de capital, principalmente por el financiamiento de la construcción del reactor multipropósito RA-10. Este proyecto ilustra la continuidad de ciertas inversiones estratégicas consideradas prioritarias para el desarrollo tecnológico nacional, pese al contexto general de restricción presupuestaria.

Las obras de agua potable y alcantarillado ocupan el tercer lugar con 6,1% del gasto de capital, evidenciando la reducción de inversiones en servicios básicos que afectan directamente la calidad de vida de la población y las condiciones sanitarias en diferentes regiones del país.

La evolución del gasto público durante julio ilustra las tensiones inherentes al proceso de consolidación fiscal en un contexto de alta restricción presupuestaria. La priorización del servicio de deuda sobre la inversión en infraestructura configura un modelo que privilegia la estabilidad financiera sobre el crecimiento económico de largo plazo.

Las implicaciones de esta recomposición del gasto trascienden el ámbito fiscal, afectando la capacidad del Estado para promover el desarrollo económico, mantener la infraestructura existente y responder a las demandas sociales crecientes. La sostenibilidad política y social de este modelo dependerá de la capacidad gubernamental para generar crecimiento económico que compense la reducción de la inversión pública.

La paradoja entre el crecimiento del servicio de deuda y la contracción de la obra pública plantea interrogantes sobre la viabilidad de largo plazo de un modelo de desarrollo que sacrifica inversión productiva para mantener el equilibrio fiscal. La evolución futura de estas variables determinará la capacidad del país para combinar estabilidad macroeconómica con crecimiento sostenido y mejora de la infraestructura nacional.