¿Argentina volverá a tener Presupuesto Nacional? Milei anunciará mañana el proyecto que enviará al Congreso

La administración de Javier Milei presentará ante el Congreso Nacional el proyecto presupuestario para el ejercicio 2026, estableciendo como objetivo central alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno. Esta meta fiscal forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto donde las proyecciones económicas originales han quedado desactualizadas debido a la volatilidad del escenario macroeconómico argentino.

El documento presupuestario llega después de que el gobierno libertario optara por prorrogar el presupuesto 2023 durante dos ejercicios consecutivos, evitando así las modificaciones que el Poder Legislativo pudiera introducir al texto oficial. La estrategia presidencial busca mantener intacto el enfoque de equilibrio fiscal, considerando cualquier aprobación con déficit como inaceptable dentro de su modelo económico.

Las cifras preliminares enviadas al Congreso en julio pasado por el ministro Luis Caputo contemplaban un tipo de cambio de 1.245 pesos por dólar para diciembre de 2025. Sin embargo, la cotización actual supera los 1.450 pesos, evidenciando una brecha significativa que pone en tensión el techo de la banda cambiaria acordada con el organismo internacional. Esta divergencia ilustra la magnitud de los desajustes entre las previsiones iniciales y la realidad económica presente.

El panorama financiero experimentó transformaciones drásticas en apenas tres meses. Las tasas de interés, que se ubicaban en el 29% durante julio, escalaron hasta superar el 60%, representando más del doble del nivel previsto. Paralelamente, la inflación proyectada para el año completo era del 22%, mientras que los datos oficiales del INDEC registran al mes de agosto un incremento acumulado del 19,5%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central sitúa la inflación esperada para 2025 en 28,2%, confirmando el desacople entre estimaciones y tendencias reales.

La desactualización de las proyecciones acordadas en abril con el Fondo Monetario Internacional resulta evidente, requiriendo un replanteo integral de los parámetros macroeconómicos. Los mercados financieros anticipan que el gobierno de Milei enfrentará limitaciones políticas para implementar las reformas estructurales comprometidas con el organismo multilateral, especialmente después del resultado electoral de octubre.

Julie Kozack, vocera del FMI, expresó durante la primera conferencia posterior al receso estival que el organismo aguarda con expectativas el presupuesto 2026 para continuar el progreso iniciado, establecer fundamentos para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros obtenidos hasta la fecha. Esta declaración subraya la importancia que el Fondo asigna al cumplimiento de los objetivos fiscales acordados.

El equipo económico elaboró proyecciones de crecimiento que incluyen un PBI ajustado por inflación, estimando una expansión del 5,5% para 2025. Por sectores, la industria registraría un crecimiento del 5,3%, mientras que el comercio alcanzaría el 7,6%. Las previsiones contemplan un incremento del 7,2% en el consumo privado, del 5% en el consumo público y del 22,7% en la inversión bruta interna. Las exportaciones aumentarían 3,7% y las importaciones experimentarían un crecimiento del 25,2%.

En el ámbito fiscal, las estimaciones gubernamentales proyectan un incremento del 22,3% en la recaudación tributaria para 2026 comparado con el ejercicio actual. La presión impositiva ascendería del 22,23% al 22,74% del PBI, explicado por el impacto de las condiciones macroeconómicas y las medidas de administración tributaria implementadas.

Los ingresos provenientes del impuesto a las Ganancias registrarían un crecimiento interanual del 23,2%, aportando 0,15 puntos adicionales al PBI. Este incremento resultaría del impulso de mayores precios, tipo de cambio, salarios e importaciones, según las proyecciones oficiales.

El contexto electoral añade complejidad al escenario presupuestario, considerando que los resultados de octubre podrían resultar determinantes para el cumplimiento de las metas de fin de año. Los analistas describen el ejercicio de proyección como equivalente a la futurología, dada la incertidumbre política y económica prevaleciente.

El presupuesto ideal para la administración libertaria consistiría en la aprobación congresional sin modificaciones, manteniendo la meta de superávit primario del 2,2% del PBI. No obstante, si el gobierno demuestra disposición para negociar con gobernadores y sectores opositores considerados aliados, el escenario más probable involucraría una moderación de ese objetivo, resultando en un superávit proyectado inferior.

Los operadores financieros de la city porteña vislumbran que Milei, aun obteniendo una victoria electoral en octubre, contaría únicamente con un grupo legislativo suficiente para blindar vetos presidenciales, pero insuficiente para impulsar reformas fundamentales como la tributaria y laboral. Estas transformaciones estructurales resultan clave para el funcionamiento del modelo económico propuesto por el espacio libertario.

La facultad especial otorgada al Poder Ejecutivo para reacomodar partidas sin incrementar el gasto total convierte a los presupuestos en meras cartas de intención, susceptibles de modificaciones posteriores. El Legislativo puede autorizar incrementos del 10% en planes sociales y reducciones en Defensa, mientras que decretos o decisiones administrativas del jefe de Gabinete pueden revertir esas autorizaciones.

La presentación presidencial ante el Congreso, prevista para este lunes con transmisión en cadena nacional, brindará el marco institucional que amerita la importancia del tema presupuestario. Tradicionalmente, estas presentaciones se limitaban a explicaciones del ministro de Economía ante las comisiones especializadas, pero la presencia presidencial enfatiza la relevancia política del documento.

El desafío principal radica en conciliar las metas fiscales comprometidas con el FMI con la realidad política post-electoral, donde el gobierno podría enfrentar limitaciones para implementar el programa económico integral. La viabilidad del presupuesto 2026 dependerá tanto de la capacidad de negociación política como de la evolución de las variables macroeconómicas en los próximos meses.