El Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea, un hito histórico que marcará el rumbo del desarrollo y la implementación de esta tecnología en el bloque comunitario. Una vez que los ministros de la UE ratifiquen el texto, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y entrará en vigor después de 20 días. Sin embargo, la aplicación real de muchas de sus disposiciones no se producirá hasta dentro de dos años, dando tiempo a los Estados miembros para adaptar su legislación nacional.

El camino hacia la aprobación del Reglamento de IA no ha sido fácil. Desde que la Comisión Europea presentó su borrador en abril de 2021, el panorama tecnológico ha evolucionado rápidamente, con la aparición de fenómenos como ChatGPT y OpenAI. Las instituciones comunitarias han trabajado arduamente para crear una norma que resista al futuro, pero su éxito dependerá de la capacidad de la UE para replicar el famoso "efecto Bruselas" en este ámbito regulatorio.

A pesar de los esfuerzos por lograr un consenso, el texto final del Reglamento de IA deja varios flecos abiertos que preocupan a entidades de la sociedad civil. Por ejemplo, aunque se prohíben los sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, se abre la puerta a su uso policial, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y EDRi. Además, se ha señalado la existencia de una doble vara de medir, ya que la ley no impide que empresas europeas exporten sistemas prohibidos al extranjero.

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Otro punto controvertido es la autorregulación de los operadores del mercado de la IA. Serán los proveedores quienes decidan si sus sistemas son de alto riesgo o no, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de la norma para proteger los derechos fundamentales. Aunque se introducirán evaluaciones de impacto, todavía no existe un modelo de formulario y las autoridades policiales estarán exentas de su redacción.

La implementación del Reglamento de IA recaerá en gran medida en los Estados miembros, que tendrán que adaptar su legislación y crear autoridades nacionales de supervisión. España se encuentra en una posición privilegiada, gracias a iniciativas como el sandbox regulatorio impulsado por la ex secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Carme Artigas. Sin embargo, la recién creada Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ha generado dudas sobre su capacidad para cumplir con los requisitos de independencia establecidos en el reglamento.

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La designación de la presidencia de la AESIA, que recae directamente en la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como su papel en la elección del director o directora general, han sido cuestionados por expertos en derecho. Esto contrasta con el modelo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya presidencia es elegida mediante un comité de selección independiente.

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En resumen, el Reglamento de IA de la UE supone un paso crucial para establecer un marco regulatorio que impulse la innovación y proteja los derechos fundamentales. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de los Estados miembros para adaptarse a los nuevos desafíos y crear autoridades de supervisión verdaderamente independientes. España, con su experiencia en el ámbito de la protección de datos y su apuesta por la IA, tiene la oportunidad de liderar este proceso, pero deberá abordar las dudas sobre la AESIA y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en el reglamento. Solo así podrá convertirse en un referente europeo en la regulación de la inteligencia artificial.