La inflación y los altos precios sostenidos en el tiempo han obligado a las empresas a buscar fórmulas para reducir sus costes, y una de las herramientas que han utilizado algunas compañías es el fenómeno conocido como la reduflación. Se trata de un proceso por el que se reduce la cantidad de producto que se ofrece, pero manteniendo los precios, e incluso llegando a subirlos en ocasiones. En definitiva, los consumidores reciben menos cantidad de producto por el mismo precio, y en algunas situaciones, incluso con el mismo envase, que simplemente llega más vacío al cliente.

Aunque la reduflación se ha vuelto una práctica habitual en los últimos años, tras la crisis inflacionaria que ha afectado a todo el mundo, en realidad no es un fenómeno nuevo. Surgió en los años 60, en otra época de alta inflación, y en el mundo anglosajón se conoce como 'shrinkflation', un acrónimo de 'shrink', que significa reducción, y 'flation', referido al proceso de inflación.

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Sin embargo, en la actualidad, los clientes cuentan con mayor información, y cuando algunos fabricantes de alimentos reducen el contenido de sus envases entre un 5% y un 10% para despistar a los consumidores y que no se note la subida de precio, se genera un gran escándalo. La presión de los consumidores es tan alta que los Gobiernos de todo el mundo están empezando a tomar medidas al respecto.

El país que está liderando esta batalla contra la reduflación es Francia. El Ejecutivo galo sigue decidido a erradicar de sus supermercados por ley la técnica de la 'reduflación' con la que algunos fabricantes tratan de ocultar sus subidas de precios al reducir la cantidad de producto que ofrecen en sus envases. Aunque ya habían avisado hace un año de que prohibirían estas prácticas, ha sido este mes cuando han publicado el decreto que concreta esta medida.

A partir del 1 de julio, los supermercados franceses tendrán que advertir con una señalización específica cuando alguno de los productos haya reducido el peso o el volumen. Esta medida tendrán que cumplirla todas las tiendas de más de 400 metros cuadrados. El aviso a los consumidores deberá incorporarse para todos los productos envasados con una cantidad constante para los que se haya disminuido el volumen o el peso, y tendrá que especificarse el recorte, así como la evolución del precio por unidad de medida.

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El objetivo es que quede bien en evidencia si la modificación del formato ha servido para encarecer el precio. Estarán afectados los alimentos y otros productos no alimentarios que se comercializan en una cantidad constante, pero no los envasados en cantidades variables o los que se venden a granel. El incumplimiento de esta nueva regla podrá ser sancionado con multas de 3.000 euros, si el infractor es una persona, y de 15.000 si es una empresa.

Con esta medida, el Gobierno francés da la razón a Carrefour, que fue la primera cadena de supermercados en luchar contra la reduflación, decidiendo por iniciativa propia colocar carteles en sus lineales acusando a las compañías que recurren a estas prácticas. La compañía empezó a informar a sus clientes en sus carteles que dejaba de comercializar, por su aumento "inaceptable" de precio, productos de la multinacional estadounidense PepsiCo, propietaria de marcas tan reconocidas como 7up, Lipton, Lay's, Doritos o Cheetos.

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Los consumidores franceses pudieron encontrar en las estanterías donde habitualmente encontraban estos productos carteles en los que la cadena de supermercados aseguraba literalmente: "Dejamos de vender esta marca debido a un aumento inaceptable de los precios". Este veto, que también aplicó la cadena en España, llegó a su fin a comienzos de este mes tras el acuerdo alcanzado entre el fabricante y el distribuidor.

Este tipo de medidas ahora serán obligatorias para todas las cadenas de distribución en Francia, cuyo Gobierno aprobará la medida en próximos días. Además, pretende avanzar frente a estas prácticas y extender en el futuro esta responsabilidad informativa a los fabricantes en toda Europa.

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La batalla contra la reduflación no es un asunto menor, ya que afecta directamente al bolsillo de los consumidores. En un contexto de alta inflación y precios elevados, recibir menos cantidad de producto por el mismo precio supone una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos. Además, la falta de transparencia por parte de algunas empresas, que tratan de ocultar estas prácticas, genera desconfianza en los consumidores y puede afectar negativamente a la imagen de las marcas.

Por ello, es importante que los Gobiernos tomen medidas para proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en el mercado. La iniciativa de Francia de obligar a los supermercados a informar sobre la reduflación de los productos es un paso en la dirección correcta, pero no debería ser el único. Es necesario que se establezcan mecanismos de control y sanciones efectivas para las empresas que incumplan estas normas, así como campañas de información y concienciación para los consumidores.

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Además, la lucha contra la reduflación no debería limitarse a un solo país, sino que debería extenderse a nivel europeo y global. La Unión Europea podría desempeñar un papel clave en este sentido, estableciendo directrices comunes para todos los Estados miembros y promoviendo la cooperación entre los distintos actores implicados, como fabricantes, distribuidores y asociaciones de consumidores.

En definitiva, la batalla contra la reduflación es un desafío importante que requiere la implicación de todos: Gobiernos, empresas y consumidores. Solo con un esfuerzo conjunto y una apuesta decidida por la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos será posible erradicar estas prácticas y garantizar un mercado más justo y equilibrado para todos.