Sobre el cierre de la jornada, el Gobierno consiguió las firmas necesarias para obtener el dictamen de la ley Bases en las comisiones del Senado, desbloqueando así el avance del proyecto hacia el recinto para su votación el próximo 12 de junio. El logro se alcanzó gracias a la intervención directa del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se apersonó en el Congreso y negoció con los senadores reticentes, aceptando cambios clave en el texto original.

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Entre las modificaciones que el oficialismo debió conceder para sumar los apoyos faltantes se destacan las relacionadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Contrato de Trabajo. Estos cambios resultaron fundamentales para conseguir el respaldo de senadores federales como Kueider, Silva, Arce y Rojas Decut, así como de un sector del radicalismo.

Otros puntos que el Gobierno aceptó reformar incluyen la ampliación del listado de organismos del Estado que no podrían ser disueltos, como el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU. Además, se extendió de 30 a 120 días el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar los procesos de privatización.

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En cuanto al RIGI, se otorgó autonomía a las provincias para decidir si adherir o no al régimen, se estableció que los proveedores con mercadería importada deben facturar y se exigió a los inversores presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.

Sin embargo, el paquete de reformas fiscales deberá esperar. Allí asoman medidas para restituir fondos a las provincias, como el retorno de la cuarta categoría de Ganancias que engrosaría la masa coparticipable, con un piso más alto para las provincias patagónicas. La suerte de este paquete fiscal está atada a la aprobación de la ley Bases en el Senado.

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A pesar de las concesiones, algunos puntos del proyecto siguieron generando resistencia, como la cesión de facultades excepcionales al Presidente y la inclusión de empresas públicas en la lista de compañías susceptibles de ser privatizadas. Incluso Martín Lousteau, quien calificó los cambios de "cosméticos", anunció que presentaría un dictamen propio.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo se encamina a lograr la aprobación de la ley Bases en el Senado, aunque aún deberá sortear el debate en el recinto y la negociación por la reforma fiscal. El rol de Guillermo Francos fue clave para destrabar la situación, demostrando la importancia que el Gobierno le asigna a este proyecto en su agenda legislativa.