La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado ha desatado una tormenta política en Argentina, con el presidente Javier Milei anunciando su intención de vetar la norma y la oposición movilizándose para defender la legislación. Este enfrentamiento promete escalar en los próximos días, con posibles manifestaciones masivas y maniobras legislativas.

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El proyecto, que busca garantizar un mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes, fue aprobado con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Sin embargo, Milei ha sido categórico en su rechazo, calificando algunos artículos de la ley como "populismo legislativo".

La oposición en la Cámara de Diputados, liderada por la UCR, ya está planeando una sesión especial para intentar anular el veto presidencial. La diputada Danya Tavela declaró a TN: "Una vez que se anuncie el veto, vamos a buscar los consensos para pedir una sesión especial y construir los dos tercios".

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Por su parte, la comunidad universitaria no se queda de brazos cruzados. Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), advirtió: "Si hay veto, hay marcha". Esta amenaza de movilización masiva evoca la protesta del 23 de abril, que reunió a más de un millón de personas en todo el país en defensa de la educación pública.

El impacto económico de la ley es significativo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el nuevo financiamiento tendría un costo de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. Esta cifra incluye actualizaciones para gastos de funcionamiento y recomposición salarial.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la posición del gobierno argumentando que "toda ley que no cumpla con el equilibrio fiscal tendrá que ser vetada". Sin embargo, la FUA asegura que estos fondos "no ponen en riesgo el equilibrio fiscal".

La ley propone cambios significativos en el financiamiento universitario, incluyendo una distribución fija del presupuesto (85% para salarios, 15% para gastos generales), un mecanismo de actualización bimestral basado en índices económicos, y nuevos criterios para la distribución de fondos entre universidades.

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Este enfrentamiento entre el gobierno y el sector universitario pone de relieve las profundas divisiones en la sociedad argentina sobre el papel del Estado en la educación superior. Con Milei decidido a mantener su política de austeridad fiscal y la oposición y la comunidad universitaria igualmente determinadas a defender el financiamiento de la educación pública, el escenario está listo para una confrontación política y social de gran envergadura en los próximos días.

El desenlace de esta crisis podría tener implicaciones duraderas no solo para el sistema universitario argentino, sino también para la gobernabilidad y la estabilidad política del país en un momento de profundas reformas económicas.