El gobierno del presidente Javier Milei ha acelerado sus planes para desregular el sector aeronáutico. Esta iniciativa, que se enmarca en una estrategia más amplia de liberalización económica, promete abrir los cielos argentinos a una mayor competencia internacional y potencialmente revolucionar la forma en que los ciudadanos y visitantes viajan dentro y fuera del país.

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El epicentro de esta reforma es un decreto presidencial que se espera sea publicado en los próximos días. Este documento legal delegará funciones clave de la autoridad nacional de aviación, permitiendo la operación de aeronaves y tripulaciones extranjeras en rutas domésticas e internacionales. Tal medida representa un cambio significativo en la política aérea argentina, tradicionalmente proteccionista y centrada en la defensa de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

La administración Milei no ha ocultado su entusiasmo por esta medida. Altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe de gabinete y el ministro de economía, han mantenido reuniones con ejecutivos de importantes aerolíneas internacionales. Entre las compañías contactadas se encuentran nombres reconocidos como Gol, Avianca, JetSmart, Sky, Latam, Azul, AraJet y Air Europa. El mensaje del gobierno es claro: Argentina está abierta a los negocios aéreos y busca activamente la participación de operadores globales en su mercado interno.

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Este giro en la política aérea no surge de la nada. Es la culminación de un proceso que comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que sentó las bases para una desregulación más amplia del sector. Desde entonces, el gobierno ha publicado una serie de reglamentaciones destinadas a simplificar y agilizar el proceso de entrada al mercado para nuevas aerolíneas.

Uno de los cambios más significativos ha sido la eliminación de las audiencias públicas para la obtención de permisos de operación. Esta medida, que en el pasado funcionaba como una barrera de entrada para nuevos competidores, ha sido reemplazada por un proceso más ágil. Ahora, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene un plazo de 30 días para aprobar, observar o rechazar las solicitudes de operación. Más aún, si la ANAC no se pronuncia en ese plazo, se aplicará el principio de "silencio positivo", interpretándose la falta de respuesta como una aprobación tácita.

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El timing de esta aceleración en la desregulación no es casual. Coincide con un momento de creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos aeronáuticos, particularmente aquellos asociados a Aerolíneas Argentinas. Recientes medidas de fuerza han dejado a miles de pasajeros varados, generando frustración entre los viajeros y pérdidas económicas para el sector turístico.

La respuesta del gobierno a estas acciones sindicales ha sido contundente. El vocero presidencial calificó las huelgas como "extorsión", y altos funcionarios han dejado entrever que la cantidad de rutas que se permitirán operar a las aerolíneas extranjeras podría estar directamente relacionada con la intensidad de las protestas sindicales.

Esta estrategia no ha pasado desapercibida para los gremios. En una muestra de unidad poco común, sindicatos de diversos sectores del transporte, incluyendo terrestres y marítimos, se han unido para rechazar lo que perciben como un intento de privatización encubierta de Aerolíneas Argentinas. Han llegado incluso a amenazar con un paro general de transporte a nivel nacional, aunque sin especificar una fecha concreta.

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El gobierno, por su parte, parece ver estos movimientos sindicales con cierto escepticismo. Fuentes cercanas a la administración han calificado la unión sindical como un "tren fantasma", sugiriendo que las amenazas de los gremios podrían no materializarse o tener un impacto limitado.

El objetivo final del gobierno Milei en el sector aéreo parece ser la privatización completa de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, este paso requeriría la aprobación del Congreso, un obstáculo significativo dado el actual balance de fuerzas políticas. Por ahora, la estrategia parece centrarse en crear un entorno más competitivo que, esperan, mejore la eficiencia y reduzca los costos para los consumidores.

Los defensores de esta política argumentan que una mayor competencia en el mercado aéreo argentino podría llevar a una reducción en los precios de los boletos, un aumento en la frecuencia de vuelos y la apertura de nuevas rutas, beneficiando así tanto a los viajeros como a la economía en general. Señalan ejemplos de otros países donde la liberalización del sector aéreo ha llevado a un crecimiento significativo del tráfico de pasajeros y a una mejora en la conectividad.

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Los críticos, por otro lado, expresan preocupación por el futuro de Aerolíneas Argentinas y sus empleados. Argumentan que la aerolínea de bandera juega un papel crucial en la conectividad de regiones remotas del país que podrían no ser comercialmente atractivas para operadores privados. También advierten sobre el riesgo de pérdida de empleos y la posible degradación de las condiciones laborales en un mercado más competitivo.

El impacto de estas medidas en el largo plazo está aún por verse. Mucho dependerá de cómo respondan las aerolíneas internacionales a esta apertura del mercado argentino. Factores como la estabilidad económica del país, el potencial de crecimiento del mercado y la infraestructura aeroportuaria disponible serán cruciales para determinar el nivel de inversión y compromiso de las compañías extranjeras.

Además, el éxito de esta política dependerá en gran medida de cómo el gobierno maneje las inevitables tensiones con los sindicatos y otros grupos de interés. Un enfoque demasiado confrontacional podría llevar a disrupciones significativas en el servicio aéreo, socavando los beneficios potenciales de la desregulación.

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En última instancia, la liberalización del sector aéreo argentino representa un experimento económico y político de gran envergadura. Sus resultados podrían tener implicaciones no solo para la industria de la aviación, sino para la dirección general de las reformas económicas en Argentina. Si tiene éxito, podría servir como modelo para la liberalización de otros sectores de la economía. Si fracasa, podría fortalecer la posición de aquellos que abogan por un enfoque más proteccionista y centrado en el Estado.

Mientras tanto, los viajeros argentinos y las empresas del sector turístico observan con atención. La promesa de más opciones, mejores precios y mayor conectividad es atractiva, pero también existe preocupación por la estabilidad y confiabilidad del servicio durante este período de transición. El desafío para el gobierno será navegar este complejo terreno, equilibrando los intereses de consumidores, trabajadores y empresas, mientras persigue su visión de un mercado aéreo más abierto y competitivo.