Argentina se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal internacional, esta vez por una demanda de 1.300 millones de dólares presentada en los tribunales de Estados Unidos. El caso, conocido como "Cupón PBI", ha resurgido después de que un grupo de fondos de inversión presentara una demanda renovada en el juzgado de la jueza Loretta Preska en Nueva York.

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La disputa se origina en la presunta manipulación de estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Kirchner, que habría perjudicado a los inversores en el cobro de bonos argentinos vinculados al crecimiento económico del país. Aurelius Capital, junto con otros 13 fondos, ha presentado esta nueva demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando corregir los argumentos técnicos que llevaron a la desestimación de su caso anterior en abril de este año.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que esta nueva presentación busca abordar las cuestiones de forma que llevaron al fallo favorable para Argentina en el caso iniciado en 2019. Sin embargo, es importante notar que la jueza Preska no se pronunció en ese momento sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si hubo o no una intención deliberada de Argentina de alterar sus cálculos económicos.

El conflicto se remonta a 2013, cuando el entonces ministro Axel Kicillof modificó los parámetros de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI). Los inversores que poseían bonos ligados al crecimiento económico, emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010, argumentan que este cambio metodológico buscaba evitar el pago de los cupones al mantener artificialmente bajas las cifras de crecimiento.

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Para que se activara el pago de estos cupones, se requerían ciertas condiciones:

1. El PBI informado por el INDEC debía superar un crecimiento base establecido.
2. El crecimiento anual del PBI tenía que ser mayor a una tasa base predeterminada.
3. Los pagos totales no podían exceder los 39.264 millones de dólares.

Los demandantes alegan que la revisión de las estimaciones les impidió acceder a los pagos que les correspondían. Sostienen que si Argentina no hubiera modificado su método de cálculo, habría tenido que pagar los intereses de los cupones entre 2014 y 2018, así como en 2021 y 2022.

Este caso no es el único frente legal que enfrenta Argentina por este asunto. En el Reino Unido, la Corte Suprema tiene pendiente un fallo sobre una demanda similar por 1.500 millones de dólares. Argentina ya ha sido condenada en instancias inferiores y ha apelado a la última instancia, depositando una garantía de 337 millones de dólares.

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La situación se complica aún más con la existencia de otro caso presentado por los mismos demandantes y el Bank of New York como representante de todos los bonistas, que aún sigue abierto y podría implicar una demanda adicional de 6.000 millones de dólares.

El gobierno argentino ha argumentado consistentemente que no debe realizar pagos adicionales a los bonistas, sosteniendo que los cambios en los cálculos del PBI fueron legítimos y no tenían la intención de perjudicar a los inversores.

Esta nueva demanda llega en un momento delicado para la economía argentina, que enfrenta desafíos significativos en términos de inflación, deuda y estabilidad monetaria. El resultado de este litigio podría tener implicaciones importantes para las finanzas públicas del país y su reputación en los mercados internacionales.

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Mientras tanto, la comunidad financiera internacional observa de cerca el desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los países en la gestión de sus estadísticas económicas y el cumplimiento de sus obligaciones con los bonistas internacionales.

El desenlace de este litigio, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, será crucial para determinar no solo las obligaciones financieras inmediatas de Argentina, sino también su capacidad para acceder a los mercados de capital internacionales en el futuro. La decisión final de la jueza Preska y de la Corte Suprema del Reino Unido podría tener repercusiones duraderas en la forma en que los inversores evalúan los riesgos asociados con los bonos soberanos de mercados emergentes.