La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha anunciado el inicio de auditorías en 26 universidades públicas argentinas, marcando un punto de inflexión en el conflicto educativo actual. Esta medida surge tras el reciente dictamen del Gobierno que autoriza la revisión de las finanzas de estas instituciones.

Las universidades seleccionadas para esta primera etapa de auditorías son aquellas que previamente firmaron convenios de control con la SIGEN desde 2023. Entre ellas se encuentran la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Tecnológica Nacional, entre otras.

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Fuentes de la Procuración del Tesoro indicaron a TN que la SIGEN tiene la facultad de intimar inmediatamente a estas instituciones para que presenten sus rendiciones de cuentas. Sin embargo, se anticipa que algunas universidades podrían recurrir a la vía judicial para oponerse a estas auditorías, argumentando una posible vulneración de su autonomía constitucional.

El alcance de estas inspecciones se centrará principalmente en la administración de fondos públicos, examinando aspectos como el cumplimiento de procedimientos en licitaciones, compras y contrataciones. Desde el Ejecutivo, se presenta esta medida como una "oportunidad de mejora" en la gestión universitaria.

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Paralelamente, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió enérgicamente la decisión de realizar estas auditorías. En declaraciones a medios, Adorni criticó las protestas estudiantiles, afirmando que "las universidades no funcionan tomándolas" y que quienes participan en estas acciones "no quieren estudiar".

Adorni subrayó la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos, declarando: "Si no querés que te auditen, algo pasa. Es un problema de la sociedad, que se cansó de que le roben". El funcionario instó a las instituciones a abrir sus gastos a escrutinio.

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Esta situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sector universitario, con más de 40 facultades actualmente bajo ocupación estudiantil. El conflicto, que inicialmente se centraba en demandas presupuestarias, ahora se expande hacia debates sobre autonomía institucional y transparencia financiera.

La implementación de estas auditorías y la reacción de la comunidad universitaria en los próximos días serán cruciales para determinar el curso del conflicto educativo en Argentina. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de control y transparencia, las universidades se preparan para defender su autonomía en un escenario de creciente polarización.