Argentina amanece hoy con una jornada de protesta multisectorial que paraliza gran parte del sistema de transporte nacional. La medida, que excluye significativamente al servicio de colectivos, se complementa con 500 puntos de manifestación en todo el territorio, desafiando el protocolo antipiquetes gubernamental.

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Los servicios afectados incluyen trenes, aviones, subterráneos, transporte de carga y navegación, mientras la UTA mantiene operativos los colectivos urbanos. El gremio de choferes optó por desdoblar su protesta para mañana, pendiente de una negociación salarial programada para hoy en la Secretaría de Trabajo.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular agrega un elemento de tensión al organizar ollas populares y asambleas en puntos estratégicos. Plaza Constitución emerge como epicentro en Buenos Aires, donde esperan concentrar 5.000 manifestantes. El Polo Obrero, por su parte, anticipó bloqueos en diversos distritos.

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El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, promete una respuesta contundente para garantizar la libre circulación. Habilitó la línea 134 para denuncias por coacciones y asegura que protegerá especialmente la operación normal de colectivos.

La Mesa Nacional del Transporte, integrada por referentes como Pablo Moyano, Pablo Biró y Juan Pablo Brey, recibió apoyo de sectores estatales y educativos. ATE inició una huelga de 36 horas, mientras gremios docentes y universitarios se suman a la protesta.

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Rodolfo Aguiar, líder de ATE, caracteriza la situación como un "virtual paro general" y anticipa un "diciembre caliente". La medida trasciende reclamos sectoriales para cuestionar el modelo económico gubernamental, según expresaron diversos sindicatos en comunicados conjuntos.

La CGT mantiene un llamativo silencio institucional, aunque su sector dialoguista avanza en negociaciones con el gobierno sobre reglamentación anti-bloqueos y mesas tripartitas. Sin embargo, gremios alineados con corrientes moyanistas y kirchneristas respaldan activamente la protesta.

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El alcance de la medida se amplía con la adhesión de ambas CTA y numerosos sindicatos educativos. Solo los gremios de AFIP y Aduana quedaron al margen, afectados por una conciliación obligatoria vinculada a la reestructuración del organismo fiscalizador.

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Esta jornada de protesta evidencia la creciente tensión entre un gobierno decidido a mantener el orden público y un movimiento sindical que amplía sus reclamos más allá de demandas sectoriales. El desarrollo de los acontecimientos pondrá a prueba tanto la capacidad de movilización gremial como la efectividad del protocolo antipiquetes.