En medio de una profunda reestructuración del servicio diplomático argentino, el gobierno nacional prepara una serie de medidas destinadas a modificar sustancialmente el régimen salarial y jubilatorio del cuerpo diplomático. Esta iniciativa, que surge tras la reciente salida de Diana Mondino de la Cancillería, busca alinear las remuneraciones diplomáticas con las escalas de la Administración Central.

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La reforma contempla abandonar el sistema de remuneraciones basado en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que actualmente determina los salarios según el costo de vida de cada país de destino. El esquema vigente establece una escala salarial que varía significativamente según la ubicación: los embajadores perciben entre US$19.557 y US$29.335 mensuales brutos, dependiendo del destino, con Hong Kong representando el extremo superior de la escala.

Los ministros de embajada, por su parte, reciben entre US$17.601 y US$27.868, mientras que los consejeros perciben entre US$14.667 y US$22.001. La estructura salarial actual incluye también tres categorías de secretarios, con remuneraciones que oscilan entre US$9.778 y US$19.067, conformando una pirámide salarial que el gobierno considera excesivamente onerosa para las arcas públicas.

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Un aspecto central de la reforma apunta al régimen jubilatorio especial establecido por la ley 27.546, que actualmente garantiza a los diplomáticos jubilaciones equivalentes al 82% móvil calculado sobre el promedio de sus últimas 120 remuneraciones. Las estadísticas oficiales revelan que existen 427 jubilados bajo este régimen especial, con haberes promedio de $5.153.944, y 265 pensionados que reciben $2.795.404,76 mensuales, cifras que contrastan marcadamente con el promedio de $298.051 que perciben los jubilados del régimen general.

La evolución de las jubilaciones diplomáticas muestra un incremento exponencial: partiendo de $579.395 en 2020, alcanzaron $1.595.146 en 2023, y tras sucesivos aumentos llegaron a $5.153.944 en junio de 2024. Este crecimiento ha llamado la atención de las autoridades económicas, que buscan moderar estos beneficios considerados "privilegiados" por el actual gobierno.

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El plan de reforma incluye también una revisión de los gastos de traslado, que actualmente oscilan entre US$16.000 y US$50.000, según lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de Servicio Exterior. Esta normativa contempla el pago adelantado de dos meses de sueldo para gastos de instalación, además de cubrir costos de flete y pasajes tanto al inicio como al finalizar las misiones diplomáticas.

La reestructuración contempla además una reorganización de la red de representaciones diplomáticas argentinas en el exterior. El gobierno considera que existe una superposición de estructuras, citando como ejemplo la existencia de diez consulados en Brasil, seis en Estados Unidos y seis en España. Funcionarios cercanos al presidente han expresado que muchas de estas oficinas operan con personal mayoritariamente local y podrían ser optimizadas.

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El cuerpo diplomático, por su parte, defiende sus condiciones laborales argumentando que realizan aportes especiales del 18% de sus salarios y que sus responsabilidades difieren significativamente de otros empleados públicos. La tensión entre el gobierno y el personal de carrera se ha incrementado, con diplomáticos que acusan al ejecutivo de "no entender cómo funciona la diplomacia".

La medida se enmarca en un contexto más amplio de reforma del Estado y búsqueda de eficiencia en el gasto público. Según datos del INDEC, Cancillería cuenta actualmente con 2.760 trabajadores, aunque no todos pertenecen al personal diplomático de carrera.

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El gobierno también ha iniciado una auditoría integral del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye la revisión de funciones y subsecretarías. Esta investigación se ha intensificado tras la controversia generada por el voto argentino a favor del levantamiento del embargo a Cuba, situación que precipitó cambios en la conducción de la Cancillería.

Fuentes gubernamentales han expresado que "toda la Cancillería está bajo análisis", incluyendo la cantidad de diplomáticos, embajadas, consulados, sueldos y jubilaciones. La postura oficial sugiere una disposición a enfrentar posibles resistencias del cuerpo diplomático, con funcionarios que han llegado a expresar que "lo mejor que nos podría pasar es que la mitad del cuerpo diplomático actual presente la renuncia".

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Esta reforma representa uno de los cambios más significativos propuestos para el servicio exterior argentino en décadas, y su implementación requerirá tanto modificaciones por decreto como cambios legislativos. El resultado final de estas medidas podría redefinir sustancialmente el perfil y la estructura de la diplomacia argentina.